En 2021, sectores opositores sufrieron una derrota en sus intentos de desestabilización del Gobierno. La Marcha por la Patria y la abrogación de una ley, frenaron la conjura impulsada por cívicos de Santa Cruz, Potosí, una corriente de los gremiales y actores partidarios.
Entre octubre y noviembre de este año, cívicos de Potosí y Santa Cruz realizaron paros y bloqueos con el justificativo de oponerse a la Ley 1386 de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
Para lograr su propósito, usaron la desinformación y el miedo para hacer creer que dicha norma jurídica afectaría a la población cuando la disposición solo estaba dirigida a combatir las ganancias por la trata de personas, el narcotráfico y otras actividades ilícitas de gran envergadura.
El 8 de noviembre, el presidente Luis Arce cuestionó que, a un año de la recuperación de la democracia, existan pequeños grupos que opten por medidas de desestabilización en contra de la economía del pueblo boliviano. El mandatario hizo referencia al tema cuando el Comité Pro Santa Cruz iniciaba un “paro multisectorial indefinido”.
El 9 de noviembre, grupos convocados por el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) atacaron violentamente a campesinos que llegaron a la plaza principal de esa urbe para participar en los actos cívicos por el 10 de noviembre, actividades a las que se invitó al presidente Luis Arce.
Los grupos violentos capturaron y tomaron como rehenes a campesinos que habían llegado a la ciudad, hecho que fue denunciado por el diputado Gabriel Antonio Colque.
Esos grupos de Comcipo intentaron también tomar el edificio de la Gobernación de Potosí. Producto de estos hechos de violencia, el campesino Basilio Titi Tipolo resultó fallecido.
El 12 de noviembre, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que “el tema de la Ley (1386) es solo un pretexto que están utilizando la oposición y cívicos para generar, esto que lo hemos denunciado constantemente, desestabilización de un Gobierno democráticamente elegido, las declaraciones sediciosas están buscando un golpe de Estado”.
Movimientos sociales y sindicales, como la Central Obrera Boliviana (COB), denunciaron que los cívicos y políticos de oposición pretendían desestabilizar al Gobierno y a la democracia.
La COB solicitó no dejar en la impunidad “los hechos criminales y sediciosos del golpe de Estado de 2019” y determinó enfrentar el nuevo intento de golpe de Estado “que están gestando los comités cívicos y la derecha neoliberal”, indicó un comunicado institucional.
Para evitar enfrentamientos, dar continuidad a la lucha contra el coronavirus y proseguir con la reactivación económica, el Gobierno abrogó la Ley, pero los sectores opositores persistieron en su medida de presión unos días más.
El 10 de noviembre, la diputada Ninoska Morales denunció que Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y otros cívicos, impulsan bloqueos porque “quieren volver a hacer un golpe de Estado porque no pudieron ganar en las urnas”.
El 16 de noviembre, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó la norma de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo entonces que, con la abrogación, se espera que la población continúe con el aporte de su trabajo honesto y sacrificado para el bienestar de las familias, porque “las bolivianas y bolivianos no queremos más enfrentamientos, no queremos más crisis, no queremos más inestabilidad”.
Recordó que el país necesita también la continuidad de la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Ante los afanes opositores, el 23 de noviembre se inició la Marcha por la Patria como una respuesta a las acciones desestabilizadoras de sectores cívicos y de oposición. La caminata concluyó con una histórica concentración que ratificó su respaldo a la democracia, al Gobierno legalmente constituido, exigió justicia para las víctimas del golpe de 2019 y fortaleció la figura del presidente Arce.
Es decir, el intento desestabilizador de sectores cívicos y opositores fue frenado por la movilización popular.