La campaña de desinformación que despliega la oposición política “raya en lo absurdo”, como prueba la difusión de una supuesta Ley del Inquilinato que no está en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, afirmó este miércoles el diputado Omar Yujra (MAS).

“La oposición no propone nada al país, por el contrario se dedica a mentir, a difundir supuestos proyectos de ley que ni siquiera están en las cámaras de Diputados o Senadores, como la supuesta Ley del Inquilinato. La campaña raya hasta en lo absurdo, y se hace simplemente con un afán netamente político, para desestabilizar al Gobierno”, afirmó en una entrevista en Btv.

Yujra dijo que ese aspecto fue denunciado hace meses atrás y que no es la primera vez que la oposición “le miente descaradamente” al país.

El legislador explicó que, en el caso de la Ley 1386, utilizada ahora como pretexto para un paro indefinido, la campaña de desinformación quedó en evidencia porque el informe de la Comisión de Constitución, donde se trató el proyecto de ley en abril pasado, tiene las firmas de diputados de la oposición.

“El informe es de abril, la ley se aprobó en agosto, y recién ahora dicen que la ley afectará a la población, cuando eso es falso”, sostuvo.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que se registraron cerca de 16 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa durante el paro indefinido de los cívicos y pidió al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente.

“Por lo menos tenemos registrados, al menos, 16 agresiones en distintos departamentos, en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Potosí (...). Esto tiene que ser investigado, sin duda alguna por el Ministerio Público en las instancias que corresponden”, señaló en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal pidió que los agredidos presenten las denuncias correspondientes para garantizar su labor.

“Lo más importante es que se garantice el trabajo de los periodistas y lo hemos dicho siempre”, recalcó.

Asimismo, condenó las agresiones contra los trabajadores de la prensa, porque sólo realizan una cobertura periodística para recopilar los hechos y registrar lo sucedido durante el paro de los cívicos.

Además, lamentó que los periodistas de los medios de comunicación estatales hayan recibido varias amenazas, que incluso se extendieron hacia sus familiares con diversos tipos de mensajes.

“Y precisamente, eso se ha visto en Santa Cruz. Esto ha generado incluso la renuncia, por el miedo, por el temor, por las amenazas, de algunos de nuestros trabajadores de la prensa allá en Santa Cruz”, sostuvo.

La Viceministra de Comunicación dijo que no se puede permitir ese tipo de acciones de violencia, porque están basadas en mentiras lanzadas por la falta de argumentos que usa la oposición para convocar a un paro cuando no existen motivos.

El exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), Sergio Luna Camacho, acusado por corrupción en el régimen de Jeanine Áñez, actualmente trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y junto a otros funcionarios públicos figura en las listas de “responsables” para protagonizar los bloqueos.

Según un documento en el que se detallan los nombres de los designados para bloquear distintos puntos de la ciudad, Luna aparece como “responsable” para el “punto de vigilia” D-10.

En abril, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció que Luna Camacho y otros compraron fertilizantes; sin embargo, luego, se evidenció que los productos no estaban en los almacenes y tampoco había registro del destino.

La Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) fue creada mediante Decreto Supremo 1310 el 2 de agosto de 2012. Su función principal es producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía en el país.

“El exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), Sergio Luna Camacho, y otros, durante el Gobierno golpista realizaron la compra de fertilizantes existiendo un faltante en almacenes por un monto de 8.898.518 bolivianos sin registro del destino de dichos artículos y se desconoce dónde fueron utilizados o a quiénes fueron otorgados”, aseguró el ministro en aquella oportunidad.

Según la declaración jurada a la que accedió la Agencia Boliviana de Información (ABI), Luna es funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz. Cuenta con un patrimonio de Bs 140.000 y Bs 29.404 en rentas.

Los registros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dan a conocer que asumió en mayo el cargo de Secretario de Obras Públicas.

El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni de Oruro, Sabino Achacollo, dijo este miércoles que ese sector se declaró en estado de emergencia y en pie de lucha para la defensa del proceso de cambio, ante los afanes desestabilizadores de la derecha política.

“Nosotros nos declaramos en estado de emergencia, en pie de lucha, para defender nuestro proceso y el voto del pueblo boliviano”, manifestó en una conferencia de prensa luego de una reunión con el presidente Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo.

El dirigente manifestó que el sector resolvió, además, ratificar su “profundo apoyo” para el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, así como su compromiso de no permitir que los grupos de la derecha política “racista y separatista”, responsable del golpe de Estado de 2019, vuelva al poder.

Asimismo, dijo que los trabajadores mineros de Huanuni están dispuestos también a defender la democracia con su sangre.

“Si se trata de salir a las calles, vamos a salir; si se trata de salir a los caminos a bloquear, vamos a salir, siempre respaldando a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, a nuestro hermano, jilata, David Choquehuanca”, recalcó.

A su turno, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que el ente matriz de los trabajadores y el sector minero están conscientes de que la democracia debe ser defendida “porque costó sangre recuperarla” y no se puede permitir que vuelvan a repetirse los lamentables hechos de noviembre de 2019.

“Hoy, históricamente, los trabajadores, el pueblo boliviano unido, jamás vamos a permitir el retorno de la derecha (...). No vamos a permitir una vez más lo que pasó en 2019”, sentenció.

Por su parte, el presidente Arce agradeció el apoyo del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, de Oruro, porque hay grupos políticos de derecha interesados en parar el país, como sucedió hace dos años con la ruptura constitucional, por medio del desorden y la generación de descontento con mentiras y noticias falsas que circulan por las redes sociales.

“Muy agradecidos a nuestros hermanos mineros y nuestro compromiso de que lo único que queremos es trabajar, es volver a esa economía que dejamos antes del golpe de Estado de 2019, una economía donde los bolivianos progresaban, donde había prosperidad en las familias bolivianas”, aseveró.

El mandatario pidió, además, que el pueblo no se deje sorprender por las mentiras y las noticias falsas que difunde la derecha política.