La Gobernación de Potosí fue custodiada este martes por un fuerte contingente policial, debido a que grupos violentos, miembros del Comité Cívico Potosinista, tomaron la plaza 10 de Noviembre luego de expulsar por la fuerza a las organizaciones sociales que permanecían en ella en rechazo al paro indefinido.

El canal estatal Bolivia Tv informó que las personas que respaldan a los cívicos ingresaron al lugar armados con palos, luego de dejar llantas quemadas en las calles aledañas.

El contingente de policías desplegado se apostó alrededor de la Gobernación de Potosí para proteger sus instalaciones, mientras que quienes respaldan el paro instalaron una vigilia a pocos metros del edificio.

Por otro lado, cerca de las 19.30 se tuvo reportes de ataques de grupos afines al Comité Cívico Potosinista contra miembros de sectores sociales y vecinos que rechazan el paro indefinido.

Un reporte preliminar determinó que, como resultado de los hechos de violencia, se tiene algunos heridos.

“El Gobierno ha manifestado todo el espíritu de diálogo, y esperamos que así sea, para aclarar sobre la Ley 1386, que la verdad no le afecta a ningún gremial y a ningún transportista”, sostuvo el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, este martes, jornada en la que se cumple el segundo día de paro indefinido convocado por cívicos cruceños y políticos de oposición.

Resaltó la importancia de generar espacios de diálogo, en este caso, para aclarar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Entonces, es importante encontrar el diálogo y el debate, pero es difícil encontrar el diálogo y el debate con una oposición que no escucha, que solo grita, que no propone, que ayer (lunes) de ‘pititas’ se han pasado a ser ‘pititos’, no tienen propuesta y nosotros estamos abiertos a dialogar y a debatir y a encarar los desafíos que tiene el país”, ratificó.

Sobre el paro cívico, afirmó que, tras la primera jornada de la protesta, el mensaje de la población fue claro y contundente, porque quiere trabajar.

“Por eso es que el paro cívico, o el paro convocado, es de muy bajo impacto, yo creo que más del 85 por ciento de los bolivianos están trabajando”, subrayó.

La diputada cruceña Estefanía Morales (MAS) denunció este martes que Edgar Álvarez Frías, exfuncionario del régimen de facto de Jeanine Áñez, está detrás de las movilizaciones de algunos sectores de gremiales en Santa Cruz, en coordinación con el cívico Rómulo Calvo.

“Quiero denunciar, aquí tenemos el memorándum del señor Edgar Álvarez Frías, este señor es el representante de los gremiales en Santa Cruz quien, con apetitos personales y en coordinación con el señor Rómulo Calvo, está generando y tratando de intimidar a diferentes gremialistas”, indicó.

Reveló que Álvarez cumplía las funciones de inspector en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de facto de Áñez y cumplió esa labor hasta el cambio de gobierno.

“Este señor ha sido inspector en el Ministerio de Trabajo en la gestión de la señora Jeanine Áñez, como pueden ver en el memorándum, y cuando hicimos la transición de ministerios, fue destituido; así que el tema de Santa Cruz, de los gremialistas, está politizado”, subrayó.

Lamentó que la oposición pretenda generar convulsión y enfrentamientos entre bolivianos utilizando a exfuncionarios del régimen golpista.

“Este señor ha sido funcionario de Jeanine Áñez y actualmente es él que está intimidando a los gremialistas de diferentes sectores de Santa Cruz”, manifestó.

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz rechazó este martes el paro indefinido de los comités cívicos, se declaró en emergencia por la violación de sus derechos por parte de la derecha política y advirtió que iniciará acciones para restaurar el orden público.

“Nos declaramos en estado de emergencia y nos reservamos las acciones en defensa de nuestros derechos violados de forma flagrante por los grupos irregulares de la derecha y no descartamos en iniciar acciones en caso de que las autoridades llamadas por ley no restituyan el estado de derecho y el orden público”, mencionó Marcos Miranda, secretario ejecutivo de la federación, en la lectura de una resolución sectorial en conferencia de prensa.

El representante sectorial explicó que los trabajadores del agro determinaron pedir también que el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y la Policía Boliviana comiencen las acciones legales y operativas para la reposición del orden público que fue “quebrantado de forma criminal” por el paro de los comités cívicos, para que los responsables sean procesados por la vía penal.

Dijo que las resoluciones fueron tomadas en consideración de que los trabajadores del agro creen que el paro pertenece a sectores minoritarios que están dirigidos políticamente por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con el afán de desestabilizar el gobierno constitucional del presidente Luis Arce.

Además, mencionó que la determinación se asumió por el reproche del ataque a la sede de las mujeres campesinas cruceñas que fue perpetrado el lunes por la Unión Juvenil Cruceñista.

“Nos solidarizamos con nuestras hermanas de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa de Santa Cruz”, aseveró. 

El dirigente manifestó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz ratificó que está del lado del gobierno del presidente Luis Arce, porque logró el desarrollo económico, sostenible, equitativo y justo, con la manutención de la identidad originaria y la gestión sostenible de los recursos naturales con los pueblos indígenas.