El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, informó este lunes que no se descarta una marcha con movimientos sociales en defensa de la democracia y en demanda de justicia para las víctimas de del golpe de Estado.

Confirmó una concentración pacífica para el 12 de octubre, en Cochabamba, en defensa del Gobierno del presidente Luis Arce ante anuncios de movilizaciones de sectores de oposición.

“Nuestra concentración pacífica será el día 12 de octubre a las 10.00 de la mañana en la plaza San Sebastián para, primero, expresar ante el pueblo y ante el mundo la defensa de la democracia frente a la nueva conspiración de la derecha boliviana; segundo, defender nuestra revolución democrática cultural; tercero, defender al hermano Lucho, presidente; pero, fundamentalmente, para desagravio a la wiphala”,  dijo en conferencia de prensa.

Se refirió al tema ante al anuncio del movimiento cívico que organiza movilizaciones para el 10 de octubre y un paro nacional para el 11.

Aseguró que para estas acciones se realizan reuniones con movimientos sociales, afiliados al Pacto de Unidad, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y no afiliados.

“La marcha no se descarta, estamos esperando a un contacto o reunión con los dirigentes nacionales de todos: la COB, Pacto de Unidad; pero, también, otros sectores sociales que no son afiliados como los comerciantes, como las cooperativas mineras, como los padres de familia, son una fuerza política muy importante, una fuerza social, todos a ver cómo unirnos para esta marcha de Caracollo (Oruro) a La Paz”, dijo.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, convocó este lunes a la población en su conjunto para iniciar desde el lunes 11 de octubre la revisión de actas observadas en las elecciones presidenciales de 2019.

“Invitamos por eso a la sociedad civil, a las bolivianos y bolivianas que han sido jurados electorales, notarios electorales, representantes de partidos políticos honestos, que vengan y que participen de esta fiesta de apertura democrática que vamos a hacer en la Procuraduría a partir del siguiente lunes 11 de octubre”, dijo.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones para el domingo 20 de octubre de 2019.

Para la jornada electoral, 7.315.364 ciudadanos fueron habilitados. Se emitieron 6.460.515 votos, de los cuales 6.137.671 fueron válidos, 93.507 en blanco y 229.337 nulos.  

El 25 de octubre de 2019, el TSE anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Carlos Mesa, de Comunicad Ciudadana, que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta. Esa situación provocó el rechazo de sectores de oposición que impulsaron una campaña de desconocimiento de los resultados con la narrativa de un supuesto fraude.

Pese a que el Estado tenía un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una auditoría, los representantes de ese foro internacional difundieron el 10 de noviembre un informe preliminar, sin acuerdo con el Gobierno boliviano, en el que denunciaba un caso de fraude sin pruebas.

Esas acusaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.

“Vamos a demostrar qué es lo que ha ocurrido con todos ustedes, acompañados del pueblo boliviano, con alegría, con entusiasmo, vamos a hacer este trabajo para que efectivamente el pueblo sepa la verdad”, aseveró el procurador Chávez.

Dijo que en la metodología para la labor de verificación de actas observadas se utilizará la medición y las técnicas cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la muestra y herramientas aplicadas, se revisarán todas las actas computadas en las elecciones generales 2019.

En la técnica del sistema, se usará una aplicación de red cerrada que se conectará al sistema de gestión de bases de datos de actas. Respecto a los insumos, equipos y logística, se contará con personal académico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), a través de convenios de cooperación interinstitucional sin costo para la Procuraduría General del Estado. Se tendrá 40 revisores y revisoras, todos especializados en Informática y otro equipo experto en la Ley de Régimen Electoral.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la senadora Simona Quispe llegaron hasta la Urbanización "27 de Septiembre" en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto para participar del acto en conmemoración a su 22 aniversario.

Durante la 204 Sesión Ordinaria, el pleno del Senado sancionó el proyecto de Proyecto de Ley N° 076/2020-2021, que establece la enajenación de 72 lotes de terreno de propiedad de la Alcaldía de El Alto a favor de la urbanización "27 de Septiembre" del Distrito 8.

El titular del Senado destacó: “Hemos aprobado y sancionado ese proyecto de ley, ahora está en el ejecutivo para ser sancionado.  En la ciudad de El Alto, todavía hay muchos barrios que les falta su título de derecho propietario. Felicidades, queridos hermanos en su aniversario y estamos en la mejor predisposición de apoyarlos”.

El legislador ponderó el espíritu revolucionario del pueblo alteño. “Felicitarles por esa lucha inclaudicable. (…) La frase: ‘El Alto de pie nunca de rodillas’ ha recorrido el mundo entero”, dijo.

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pierre Chain, lamentó este domingo que oficialismo municipal de La Paz tenga permanentes contradicciones, porque mientras el alcalde Iván Arias dice querer transparencia, sus concejales dilatan desde junio la aprobación del proyecto de Ley de Fiscalización y Auditorías.

“Nos preocupa que todo el mundo esté hablando de hacer auditorías dentro la alcaldía sin saber cómo. La ciudadanía debe saber que la ley presentada por mi persona está siendo dilata en su tratamiento desde junio en franca violación a la Ley 482 y a dos Declaraciones del Tribunal Constitucional que exigen a los gobiernos municipales a tener una Ley de Fiscalización y en La Paz no les importa nada”, dijo citado en un boletín institucional.

Recordó que, por mandato de esa ley, hace ocho años la Alcaldía de La Paz debería tener una Ley de Fiscalización y sin embargo “sigue dando vueltas en los escritorios del oficialismo”.

El concejal desafió a quien esté hablando de transparencia, exija su tratamiento y vote a favor de la ley en el pleno del Concejo Municipal.

Chain dijo que ya antes aprobaron en grande y de manera irregular la mayoría del Concejo decidió enviarlo a la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento en detalle, incurriendo de esa manera en un error que puede habilitar a procesos por incumplimiento de deberes contra las autoridades que dilatan la consideración.

Explicó que en este contexto le “da pena” ver al alcalde Arias anunciando procesos o investigaciones contra el exalcalde Luis Revilla, sin presentar una sola denuncia ante la Fiscalía de La Paz ni tener reglas claras, porque el responsable de Auditoría y el de Transparencia son nombrados por el mismo alcalde.

Agregó que el proyecto de Ley de Fiscalización y Auditorías, plantea que ambos funcionarios sean nombrados por dos tercios del Concejo, porque de otra manera será difícil tener una gestión transparente. 

“Sobre transparencia, una cosa es lo que dice el alcalde y otra lo que pasa en el Concejo. Yo digo simplemente que cada vez que queremos cerrar más las pilas de la corrupción en la alcaldía va a aumentar la cobarde campaña de difamación y calumnia contra mi persona en redes sociales a través de los llamados guerreros digitales. Lamentablemente, los padrinos de la corrupción son muchos y los padrinos de la transparencia pocos”, aseveró.