El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Adolfo Flores, instó este viernes a Luis Fernando Camacho a acudir a la citación emitida por la Fiscalía y brindar su declaración informativa por el caso golpe de Estado y no acudir al argumento de persecución política.

“Siempre van a hablar de persecución y falta de garantías, yo le pregunto a todos los investigados, ¿había garantías hace un año con la señora (Jeanine) Áñez?, cuando se perseguía a la gente, se detenía, se las apresaba sin ninguna prueba, no; ahora está el Estado de derecho, está la prensa, se puede hablar abiertamente, hace un año no se podía hablar a la prensa, el que hablaba era detenido, y el periodista que hablaba de golpe era detenido”, indicó.

Recordó que, de acuerdo con la norma, es obligación de todo ciudadano, comparecer a una citación emitida por el Ministerio Público y responder ante la justicia. Además, adelantó que, como representante del Órgano Legislativo, solicitará un informe respecto al avance de esta investigación.

“De acuerdo a normativa, debemos dejar actuar a Ministerio Publico, los órganos del Estado, en este caso el Legislativo, podemos fiscalizar, pero no podemos imponer, lo que sí, en su momento vamos a pedir un informe de la investigación en su conjunto y en este caso dejarlo actuar. Se lo ha citado y es obligación de todo ciudadano, pues comparecer a esa citación y seguramente responder a las preguntas que realice la justicia boliviana en este caso”, señaló.

Por su parte, la diputada Bertha Acarapi, dijo que Camacho y todos los que tuvieron participación en el golpe de Estado de 2019, deben responder por los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos antes, durante y después de este hecho. 

“Aquí no va a haber persecución, no se los va a perseguir absolutamente a nadie, lo único que se va a buscar es justicia, para todos los fallecidos, por todos aquellos que han perdido a sus familiares y por los heridos de los hechos de 2019”, manifestó.

El abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard de Estados Unidos (EEUU), Thomas Becker, señaló este viernes que tras la declaratoria de culpabilidad de los cuatro procesados en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de lavado de dinero y soborno, en el caso de la adquisición de material antidisturbios que se gestó durante 2019 en Bolivia, la situación jurídica de Arturo Murillo se complicó.

“Esta información es una bomba, han dicho que han participado en una conspiración con (Arturo) Murillo, para cometer soborno y lavado de dinero, que son delitos altos aquí, entonces cuatro de los cinco han dicho que hemos hecho esto con Murillo, entonces, si fuera Murillo, yo estuviera muy preocupado sobre mi situación”, apuntó.

Los socios de Murillo, Luis Berckman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, se declararon culpables por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los 10 años.

Dijo que esta declaración de culpabilidad sirve de mucho en el caso instaurado contra Murillo en Estados Unidos (EEUU), pero, también, por la relación con el gobierno de facto de Jeanine Áñez, puede coadyuvar en el proceso de investigación en Bolivia.

“Creo que hay enlaces, entre lo que ha pasado aquí en Estados Unidos y lo que pasó durante el gobierno de (Jeanine) Áñez, con varios patrones de violación a los derechos humanos y otros delitos, entonces puede servir aquí, pero también puede servir en el caso de Bolivia”, precisó.

Adelantó la posibilidad de que Murillo también se declare culpable, con el fin de aminorar su condena, sin embargo, esta situación dependerá de las negociaciones que llevan adelante los abogados de su defensa.

“Hay muchas posibilidades. Primero, pueden suspender la audiencia, una vez más, también él (Arturo Murillo) formalmente puede pedir la oportunidad de pagar una fianza, puede declararse culpable o no, y si no, el juez tiene que decidir si hay suficiente prueba para avanzar en un juicio oral”, indicó.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó este viernes que el Gobierno nacional está a la espera de que la mesa de diálogo con indígenas afines al gobernador cruceño Fernando Camacho se instale en Santa Cruz esta jornada y con un pliego petitorio.

La movilización de indígenas, que partió el 25 de agosto desde el Beni hacia Santa Cruz, se desmarcó de sus organizaciones y las bases sin plantear un pliego petitorio. El jueves 30 de septiembre, ingresó a la capital cruceña para ser recibida por Camacho. Hasta la fecha, se desconocen sus demandas.

Una comisión de esta movilización llegó la mañana del jueves al arzobispado de Santa Cruz, donde citó a autoridades nacionales para iniciar un diálogo. Sin embargo, pidió la postergación del encuentro mediante un cuarto intermedio, porque aún elabora su pliego petitorio.

“Ayer, tenían que haberlo entregado; ayer, ellos han llegado, ellos han convocado a una reunión; pero, llegaron un poco retrasados; han pedido hacer un cuarto intermedio y hoy se va a reactivar esa reunión”, dijo el viceministro Ruiz en entrevista con la red Uno.

Mientras la movilización afín a Camacho elabora un pliego después de 36 días de caminata, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) trabaja en mesas de diálogo junto a técnicos y autoridades de  ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Salud, de Educación, de Medio Ambiente y Agua, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y de Planificación del Desarrollo. Desde entonces, se cuenta con los dirigentes que decidieron abandonar la movilización.

“El pliego petitorio que nos vayan a presentar o los puntos que sean del pliego petitorio los estamos desarrollando. El 90 o 95 por ciento van a estar considerados dentro de las mesas que ya estamos desarrollando”, dijo la autoridad gubernamental respecto a que las demandas de los movilizados ya son tratadas en las mesas de trabajo de la Cidob.

Juan José Huanca, jefe de la bancada departamental de Tarija por el Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo este jueves que los actos de discriminación, racismo y ultraje a la wiphala acaecidos en Santa Cruz, durante los actos por la efeméride departamental, tienen un trasfondo político que busca desestabilizar al país.

“Los opositores se sienten acorralados, por ello asumen estas medidas. El tema de Santa Cruz fue el inicio de algo que es preocupante, (Fernando) Camacho dijo ‘vamos a terminar lo que hemos empezado’, esa es una confesión de un segundo golpe de Estado. No son temas aislados, políticamente tienen que ver con esa intencionalidad de desestabilizar y complotar”, señaló. 

Dijo que las acciones promovidas por el gobernador Camacho no son casuales y tienen una finalidad de generar confrontación entre bolivianos.

“El objetivo es generar conflicto, quieren establecer una dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quieren tener su propia policía, lo mismo que planteó la media luna el 2008”, recordó.

Observó que Camacho, con sus acciones y discursos, está buscando reavivar las acciones de separatismo y división.

“Hay que ser en esto muy contundente, la conciencia del pueblo boliviano siempre se va a imponer, por eso a nosotros nos corresponde reflexionar y llamar al diálogo, porque no somos como ellos, no somos violentos”, apuntó.