La Paz, 04 de noviembre de 2022 (ABI).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, mediante la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, aclaró que una protesta social deja de ser pacífica cuando pone en peligro los derechos de terceros como a la salud y la alimentación.
La posición fue fijada por el relator Joel Hernández, quien fue entrevista en la red Erbol sobre el curso del conflicto desatado desde hace 14 días en Santa Cruz, por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo en demanda de un “Censo 2023, si o si”, pese a que el Gobierno propuso que la fecha lo defina un trabajo técnico.
“Cuando una comunidad, una localidad, se encuentra en una situación de alto riesgo, porque se está afectando el flujo de mercancías, de bienes de primera necesidad, en ocasiones el acceso de ambulancias, de servicios médicos, sí son obviamente situaciones extremas que no forman parte del derecho a la protesta. Creo que ahí es donde encontramos un límite a esa protesta, cuando ésta excede los límites de lo razonable y pone a una comunidad en una situación de vulnerabilidad”, advirtió.
El paro dispuesto por los líderes del llamado Comité Interinstitucional vulnera derechos como a la libre transitabilidad y al trabajo de quienes no forman parte de las protestas, como son gremiales y transportistas. Por los bloqueos, personas con problemas de salud no pueden acudir a atender sus dolencias, mientras que profesores son amenazados para que no pasen clases presenciales, en la recta final del año escolar.
“Una protesta deja de ser pacífica cuando se pone en peligro otros derechos, derechos de terceros como puede ser el derecho a la salud, derecho a la alimentación”, aseguró el representa del organismo internacional.
Hernández censuró los hechos de violencia ocurridos en Concepción, donde afines a Camacho atacaron a mujeres del pueblo ayoreo por el bloqueo que instalaron en contra del paro cívico.
Manifestó que tuvieron conocimiento oficial de este hecho censurable mediante la Defensoría del Pueblo del Estado boliviano.
Recomendó al Estado boliviano actuar en el marco de los protocolos de control social, sin hacer uso extremo de la fuerza pública si así no lo permiten las normas de regulación del derecho a la protesta, y priorizar el diálogo como camino válido y democrático para resolver los conflictos.
Mucho antes que se pronunciara la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación política y social en Bolivia, sobre todo en noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional había emitido una sentencia constitucional resguardando el derecho a la salud pública de la población frente a una huelga indefinida declarada por el Colegio de Médicos de Bolivia.
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