Cochabamba, 10 de noviembre de 2022 (ABI).- La CXI Asamblea de Obispos de Bolivia inició este jueves la evaluación de la situación de Bolivia y en cinco días emitirá sus conclusiones. Anticipadamente, su presidente, monseñor Aurelio Pesoa, tomó partido en el conflicto político generado por el radicalismo cívico de Santa Cruz al decir que “la libertad se va debilitando” y “la democracia auténtica está amenazada”.
En clara alusión al gobierno nacional, y sin decir nada con respecto a la ola de violencia desatada por la gobernación y Comité Cívico de Santa Cruz, resaltó que “en la sociedad boliviana en este momento se intenta imponer un proyecto de país, que es el proyecto de algunos, pero no representa a todo el pueblo boliviano”.
El presidente Luis Arce, en su informe de gestión 2021 – 2022, comprometió al pueblo consolidar el modelo Económico Social Comunitario Productivo, porque su aplicación se basa en la justicia social, hecho reconocido en el mundo.
Los obispos de la Iglesia Católica boliviana, desde la asunción del presidente Luis Arce, no han variado su posición con respecto a las transformaciones económicas y democráticas, después del golpe de noviembre de 2019.
Pesoa, en las palabras de inauguración de su evento que se realiza en Cochabamba, aseguró que el estado de derecho, que en su opinión debería aplicarse en forma imparcial “no garantiza los derechos básicos de todos. Es una ley al servicio de intereses de algunos, que se impone con parcialidad a aquellos que están desvalidos”.
No precisó de quién precisamente son los “desvalidos”. En Santa Cruz, movilizaciones populares actuaron en reacción contra ataques vandálicos promovidos por cívicos, con contra-bloqueos y un cabildo que superó a los cívicos.
El presidente de la Conferencia Espiscopal, insistió en su mensaje, que “pareciera que se fomenta la lógica del enfrentamiento” y que “una lógica del enfrentamiento puede estar creando resentimiento en diversas regiones del país que suscitan odios y que no siembran las bases necesarias para la paz y el progreso que tanto necesitamos”.
No dice nada sobre el acuerdo pacífico del gobierno nacional, las gobernaciones, gobiernos municipales, universidades públicas, asociaciones de municipios y autonomías indígena originario campesinas, en la realización del Censo 2024, y que la delegación de Santa Cruz abandonó y radicalizó su medida que ya ocasionó pérdidas económicas por más de $us 700 millones y la violación masiva de derechos de la población pobre.
Aurelio Pesoa dejó entrever cuáles podrían ser las conclusiones de la Asamblea de Obispos, dejando otra señal en ese sentido, expresó “su fraterna solidaridad con Mons. René Leigue Cesarí”, quien desde el Arzobispado de Santa Cruz tomó distancia de las demandas de justicia del movimiento social y del Gobierno.