La Paz, 15 de febrero de 2023 (ABI). – La Vicepresidencia del Estado aclaró este miércoles que no “existe ninguna irregularidad” en la reprogramación del acto de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, previsto inicialmente para este miércoles 15 de febrero.
“Por Nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0109-CAR/23, el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental remitió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional las justificaciones de fuerza mayor que imposibilitarían la presencia del Ministro de Gobierno en el acto interpelatorio al Ministro de Gobierno, programado para el día de hoy 15 de febrero del año 2023, a horas 14:00, en el Hemiciclo del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, refiere parte de un comunicado de la Vicepresidencia del Estado.
En cumpliendo del “procedimiento previsto en el artículo 145 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional por expresa previsión del artículo 158.II de la Constitución Política del Estado, mediante Notas P.A.L.P. Nos. 047/2022/2023 y 048/2022/2023, se comunicó con más de 24 horas de anticipación la reprogramación de dicho acto interpelatorio a las Presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, por lo cual no existe irregularidad alguna”, se aclaró en otra parte del comunicado.
La respuesta se da ante “falsas declaraciones de la diputada María José Salazar”, quien acusó una supuesta vulneración del reglamento al suspender la interpelación de la autoridad.
“Es irregular y va contra el reglamento. Choquehuanca blinda a Del Castillo, lo protege, porque podía ser censurado”, cuestionó Salazar en un medio de prensa de La Paz.
Del Castillo debía responder a 19 preguntas referidas al accionar policial durante los 36 días de paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz exigiendo un censo en 2023. Al final de la extrema medida de presión terminaron aceptando la propuesta del Gobierno de censo en 2024.
La medida de presión provocó una pérdida de Bs 746 millones en la recaudación tributaria y de varios millones en exportaciones. Al menos cuatro personas perdieron la vida y fueron vulnerados derechos humanos, al libre tránsito, a la salud, a la alimentación y a una vida libre de violencia, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.
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