La exministra de facto de Comunicación, Roxana Lizárraga, admitió el lunes que firmó el decreto supremo que daba impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para masacrar a los bolivianos que lucharon en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) contra el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019.
“Solamente yo puse mi firma para que salgan las Fuerzas Armadas y la Policía para que no hagan explotar la planta de Senkata”, admitió en una entrevista en el programa Encontrados de radio Fides.
El Gabinete de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones, situación que alarmó a los organismos internacionales.
La orden, que regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la policía en las calles del país, fue emitida el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de los uniformados en Sacaba. Hasta ese momento, ya se contabilizaban 23 muertes y decenas de heridos.
El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4078 señalaba que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenó dicho documento. Asimismo, Human Rights Watch pidió su derogación.
También la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente volátil en el que la brecha entre las partes parecía insalvable.
Ante los cuestionamientos, luego de 14 días, la normativa fue derogada.
