El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este miércoles su rechazo ante los intentos de intromisión en los asuntos internos de Bolivia que son protagonizados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Criticó que no haya asumido la misma actitud cuando se hostigó a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Rechazamos los intentos de intromisión en asuntos internos de #Bolivia y las hipócritas preocupaciones por derechos humanos que no se presentaron cuando fueron reprimidos y hostigados partidarios del MAS”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Nuevamente monroista Secretaría OEA contra intereses de Nuestra América”, acotó el diplomático cubano a través de la red social digital.

En esa misma línea, el Gobierno de México emitió un comunicado en el que solicita a Almagro abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales respecto a Bolivia, no incurrir en injerencia en sus asuntos internos y evitar confrontaciones con el Gobierno electo democráticamente en el país.

“Como Estado miembro de la OEA, México considera que la Secretaría General de la organización debe apegarse a su misión de fomentar el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, absteniéndose de realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la membresía”, indica el comunicado.

El abogado y expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó este miércoles que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no permite atender casos a conveniencia política como intenta hacer la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el caso boliviano.

El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia comentó el caso en respuesta a un comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a cargo de Luis Almagro en el que manifiesta: “La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”.

“La Secretaría General de la OEA no puede acudir ante la Corte Penal Internacional ni ésta atender causas como tribunal alternativo a conveniencia política. Su jurisdicción es complementaria a la de cada país según normas del Estatuto de Roma”, dijo Rodríguez Veltzé mediante su cuenta en Twitter.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en un destacado, que “será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales”.

A eso se añade en su Artículo 1 lo siguiente: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una declaración camaral que rechaza de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas e injerencistas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia.

“Estamos emitiendo esta declaración camaral porque no necesitamos de ninguna institución foránea, de organismo internacional que pueda inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Nosotros como país estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades que hayan cometido un delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes”, manifestó el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez.

Rodríguez, lamentó que Almagro actué como vocero de políticos de derecha de nuestro país utilizando con este fin a un organismo internacional como es la OEA, desvirtuando su verdadero rol.

“Almagro no se ha expresado en los momentos más delicados y luctuosos que hubo en nuestro país en la gestión del gobierno de (Jeanine) Áñez y de repente ahora de manera unilateral emite un comunicado incluso inclinado a una posición política, no solamente de Bolivia sino de Venezuela, Cuba, Nicaragua y de muchos países que no comulgan con su tendencia ideológica y está demostrando que la OEA tiene una posición de vocero político de muchos de la derecha en nuestro país, algo que no debe suceder sin duda”, señaló.

La primera autoridad de la Cámara Alta, al referirse a los procesos penales instaurados en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y exministros del gobierno de facto, dijo que se solicitará la garantía de un debido proceso y aseguró que existe predisposición de fiscalizar la investigación.

En este sentido, el jefe de la bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Flores, anunció que se fiscalizará el proceso de investigación del caso golpe de Estado.

“Hoy hemos decidido no solamente aprobar la declaración camaral, sino también fiscalizar que se lleve ordenadamente con el cumplimiento de las leyes toda la aclaración de lo sucedido el 2019 y el 2020”, finalizó.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, desmintió este miércoles que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de Luis Almagro, gestionara la llegada a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a causa de los conflictos poselectorales de 2019.

“Almagro no gestionó llegada de la CIDH a Bolivia. La labor de la Comisión fue expuesta a riesgo por parte de la Policía e incluso obstaculizada por alguna Institución. Sobre el GIEI, tanto él y el Gobierno Transitorio limitaron recursos económicos, y dilataron su llegada al país (sic)”, informó Cruz mediante su cuenta en Twitter.

Este miércoles, la Secretaría General de la OEA difundió un comunicado en el que indica: “La Secretaría General además emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido”.

El 2 de marzo, el canciller Rogelio Mayta denunció que el régimen de Jeanine Áñez obstaculizó que el GIEI-Bolivia inicie el 2020 las investigaciones de los hechos de violencia de 2019, tras la crisis postelectoral. Hizo referencia al tema durante su informe de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mayta explicó en aquella oportunidad que el equipo de expertos internacionales conformado a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía llegar durante los primeros meses de 2020, pero el régimen de Áñez no realizó las gestiones.

Además, el Ministro de Relaciones Exteriores hizo mención a un documento diplomático del 17 de octubre de 2020. Dijo que se constituye en una prueba porque las ahora exautoridades se negaron a que ese grupo de expertos internacionales inicie las indagaciones de los hechos.

Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales, tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país, por ejemplo, en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante acuerdo suscrito por CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.