El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia respondió, mediante un comunicado, al pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en relación al proceso que se le sigue a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a sus exministros por los hechos de violencia de 2019.

La Secretaría General de la OEA difundió el lunes un pronunciamiento en el que pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez; del exministro de Energía, Rodrigo Guzmán; y del exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, detenidos de manera preventiva en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. Además, cuestiona a la justicia boliviana y la acusa de no tener condiciones para ofrecer las garantías. Asimismo, sugiere una comisión de investigación internacional.

“El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América”, se lee en parte del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Almagro es cuestionado por su participación en 2019, cuando denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Bolivia. Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, aplicando un doble racero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos”, sostiene la Cancillería.

El Gobierno también indica que el pronunciamiento de Luis Almagro utiliza el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y deja de lado la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Áñez.

Asevera que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos presentó claramente posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos al plantear observaciones que aluden a cómo debería manejar el Gobierno boliviano su administración política y judicial.

“En ese sentido, el comunicado de Luis Almagro, como sus acciones en el pasado, está dirigido nuevamente a polarizar nuestro país en base a mentiras, pretendiendo reavivar el camino de la violencia y la confrontación entre bolivianos”, denunció la Cancillería.

El Gobierno pidió a Almagro reconducir sus acciones y enmarcarlas en los principios fundamentales de la Carta de la OEA y otros instrumentos aprobados por los Estados miembros para promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención en el continente.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”, afirma esa cartera de Estado.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Lindaura Rasguido, manifestó este martes que el país fue víctima de una “nueva forma de golpe Estado”, en la que se obligó a los presidentes del Legislativo a renunciar a sus cargos en 2019.

La legisladora recordó que durante este proceso, también persiguieron y amedrentaron a otras autoridades y dirigentes en todo el territorio nacional.

“En 2019 hubo un golpe de Estado bien planificado desde el exterior del país. Fueron asesinadas 36 personas, detuvieron a 1.500 y persiguieron a los que pensaban diferente al gobierno de Jeanine Áñez”, recordó la senadora orureña.

Asimismo, dijo que “en un lado trajeron la metralleta y en el otro la Biblia. Nos han torturado, perseguido y asesinado; ¿eso no es golpe?, cuestionó”.

Rasguido, ratificó que Áñez nunca fue electa como presidenta de la Cámara de Senadores, por lo tanto, no le correspondía asumir el cargo de presidenta de Bolivia, como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE).

Respecto a la posición del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la detención de Áñez y sus ministros, la senadora afirmó que es una “intromisión porque Bolivia es un país soberano y libre, por lo que nadie puede ordenar o instruir lo que debemos hacer”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, exhortó este martes al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a no atentar nuevamente contra la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia, que recientemente, a través del ejercicio del voto democrático, recuperó la patria de manos de un gobierno de facto.

“Señores de la OEA les rogamos a ustedes sean respetuosos de un país que a duras penas ha recuperado su democracia”, demandó Mamani.

La declaración surge luego que Almagro expresó, mediante un comunicado, su “preocupación” sobre la detención preventiva de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus colaboradores, por su participación en el golpe de Estado de 2019.

Mamani recordó que la OEA, a través de su Secretario General, estableció el discurso de un supuesto fraude, que derivó en movilizaciones y posteriormente, en un golpe de Estado, seguido de represión militar y policial.

“¿Quiénes son los de la OEA?, ellos fueron parte del golpe de Estado, así que ellos no tienen ninguna moral para que nos exijan y digan que no tenemos condiciones. De verdad que esto molesta, porque nosotros (los bolivianos) somos muy respetuosos de las organizaciones internacionales que son imparciales. Esas organizaciones que llegaron al país y están haciendo su trabajo y algunos que ya tienen un informe preliminar (afirman) que sí hubo una masacre y hubo un golpe de Estado", resaltó.

Tras la masacre en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la muerte de al menos 36 personas, más de 800 heridos y más de mil detenidos.

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga la misteriosa muerte del periodista argentino, Sebastián Moro, quién llegó al país como corresponsal durante el golpe de Estado, desapareció y luego lo encontraron muerto.

La bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados conminó este martes al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a informar sobre las denuncias penales que pesan en contra del cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina.

“Como bancada del Movimiento Al Socialismo, conminanos al Fiscal General a que pueda informar todos los detalles de la investigación del señor Yassir Molina, toda vez que sabemos que en los 10 meses este señor prácticamente golpeó a nuestras hermanas de pollera, hay suficientes pruebas”, sostuvo la diputada del MAS, Estefanía Morales.

El pronunciamiento se da luego de que Molina fuera aprehendido y posteriormente beneficiado con la liberación instruida por la jueza Ximena Mendizábal, quien afirmó que no existen pruebas fundamentadas para proceder con la detención preventiva.

Morales recordó los hechos de violencia de 2019 en los que participó Molina y argumentó: “Existen las denuncias ya establecidas, las cuales tenemos que dejar las pruebas amplias y suficientes como ser los delitos de organización criminal, fabricación y uso de armas ilícitas, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos y perjudicar el ejercicio público de funciones, deterioro de bienes del Estado y patrimonio nacional, entre otros”.

La fiscalización del MAS al proceso de las instancias judiciales en el caso Molina se viabiliza a través de la Petición de Informe Escrito (PIE), instrumento legal por el cual se deben plasmar detalles solicitados en un plazo establecido.