El abogado estadounidense Thomas Becker, informó este jueves que, de los cinco arrestados en Estados Unidos (EEUU) por el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, dos de los implicados pagaron fianza para defenderse en libertad y dos tienen detención preventiva; en tanto que el exministro de facto, Arturo Murillo, se encuentra detenido.

“Bryan Berkman pagó $us 500.000 de fianza y Luis Berkman canceló $us 350.000; mientras que Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld recibieron la detención preventiva” informó en una entrevista con radio Erbol.

El jurista explicó que, por las pruebas que existen en el expediente, lo más seguro es que Murillo sea sentenciado a prisión, aunque no sea por la pena máxima.

Dijo que el caso comenzó por la investigación de un agente del Departamento de Seguridad Nacional, en la que señala a Berkman como el dueño de la empresa intermediaria radicada en EEUU que recibió el contrato de $us 5,6 millones por la provisión de gases lacrimógenos.

“Al cometerse esos delitos en territorio norteamericano, que se constituyen en acciones criminales, las pruebas que lo incriminan son muy contundentes”, aseveró Becker.

Quien en su momento fue el primer ministro de la Presidencia del gobierno de facto, Jerjes Justiniano, señaló que la expresidenta Jeanine Áñez podría ser juzgada por incumplimiento de deberes en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos y armamento no letal, pues al tener conocimiento de las denuncias no instruyó una investigación.

“Esto lo venimos denunciando desde enero de 2020, cuando Áñez era presidenta ¿por qué no lo investigó si el caso lo conoció por denuncias en las redes sociales? Incluso hubo un periodista que tuvo una destacada participación en esta investigación, no creo que la señora no se haya enterado”, cuestionó Justiniano en entrevista con radio Cepra.

Justiniano dijo que resulta extraño que, pese a que fue su propio Procurador quien denunció ese hecho irregular, al que después destituyó, no haya instruido una investigación.

“No creo que la señora no se haya enterado que un tal Jerjes Justiniano o un tal Junior Arias, que después su propio Procurador, al que ella destituyó, lo hayan denunciado y ella no se enteró y no haya ordenado una investigación, eso ya suena raro, entonces yo creo que por lo menos ahí ella cometió el delito de incumplimiento de deberes”, subrayó el abogado.

El 14 de octubre de 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), procedió a la censura de Arturo Murillo junto a Víctor Hugo Cárdenas por no presentarse a sus respectivas interpelaciones.

Según establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), la censura a un Ministro de Estado por parte de la ALP implica su destitución; sin embargo, Áñez los cesó de sus cargos y casi de forma inmediata los volvió a posesionar.

Murillo, según la convocatoria de la ALP iba a ser interpelado respecto a la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la Policía Boliviana, compra que era investigada por haberse realizado con un presunto sobreprecio.

José María Cabrera, quien fuera procurador del Estado en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, recordó que, en septiembre de 2020, Arturo Murillo solicitó su destitución luego de que la Procuraduría General del Estado iniciara las investigaciones respecto a la compra de gases lacrimógenos y material no letal entre los ministerios de Defensa y Gobierno, e informara a una comisión legislativa que el entonces Ministro de Gobierno no entregó información por un presunto sobreprecio de Bs 14,8 millones.

“Luego de asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de haber concluido mi exposición informativa, recibí una serie de presiones, llamadas y alertas respecto a que Murillo estaba reclamando mi cabeza a la presidenta Áñez”, señaló en una entrevista.

Cabrera en su exposición ante los miembros de la comisión legislativa, en septiembre de 2020, afirmó que se envió, con cuatro meses de anticipación, las notas de requerimiento de información y documentación a los ministerios de Defensa y de Gobierno, para investigar el posible hecho de corrupción, y Murillo no respondió, incumpliendo con sus deberes constitucionales.

Aclaró que, mientras estuvo en el cargo, había recopilado todo el proceso de contratación y que por la cooperación que siempre brindó el Ministerio de Defensa había solicitado una ampliación de información y hasta el día de su destitución el Ministerio de Gobierno no había presentado ni un solo documento sobre el tema de los gases lacrimógenos.

En este sentido, lamentó que el sistema judicial boliviano, que empezó la investigación desde la gestión pasada, no haya emitido resultados y que fuera la justicia de Estados Unidos, que inició posteriormente la investigación, la que esclareciera el caso.

“El FBI investigó el caso desde el movimiento de dinero, donde el Banco Central de Bolivia realizó la transferencia de $us 5,6 millones a la cuenta de la empresa estadounidense Tactical Solutions, en bancos estadounidenses. Lo irregular fue un reenvío por parte de la empresa en diferentes momentos por la cantidad de $us 602.000 a cuentas de bolivianos, funcionarios que ahora son investigados, incluido Murillo”, explicó Cabrera.

Con relación a la detención del exministro de facto en Estados Unidos, Cabrera manifestó que, "en el tiempo que corre, siglo XXI ya no basta escapar de la jurisdicción de un país, sino que ya el sistema internacional, sobre todo en el tema del lavado de dinero, tiene normativa muy estricta y no se pueden esconder millones de dólares venidos de dinero sucio”.

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos (EEUU), acusado por delitos de soborno y lavado de dinero, se puede interpretar desde lo jurídico y desde lo político. En lo político, desencadenará una sanción social para quienes respaldaron el régimen de facto.

El también analista, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que, en lo jurídico, los delitos de soborno y lavado de dinero por los cuales se acusa a Murillo, tienen una condena de hasta 35 años; sin embargo, la justicia de EEUU permite negociar con el acusado si es que admite su culpa, lo que puede reducir sus años de presidio.

Pero también las leyes de EEUU permiten el pago de una fianza para que Murillo se defienda en libertad."Esto no está en manos de Bolivia poder resolverlo", dijo Moldiz.

Sin embargo, dijo que la detención muestra que "estamos en la punta de la madeja que nos puede permitir, a Bolivia, desentrañar los alcances de los niveles de corrupción durante el gobierno de facto de la señora (Jeanine) Áñez y obviamente de los involucrados en los actos de corrupción. Estamos hablando de dos importantes hombres, uno ya detenido, habrá que ver qué pasa. Me imagino que correrá la misma suerte. Estamos hablando de Murillo y (Luis Fernando) López, que eran los que gobernaban con absoluto conocimiento de la señora Áñez", manifestó.

En la dimensión política, Moldiz dijo que actores políticos de oposición que exigen ahora ser rigurosos con Murillo, en realidad actúan con doble moral ya que formaron parte directa o indirecta del golpe de Estado de 2019.

"Desde el punto de vista político, es evidente que esto va a tener también una consecuencia mayor, inclusive, creo yo, a las elecciones donde el pueblo ya dio su veredicto sobre que quería democracia y no dictadura (…), mayor incluso de lo que ocurrió en las elecciones al sancionar de manera social, al colocar también en el banquillo de los acusados, aunque no desde lo jurídico pero sí desde lo político, a quienes directa o indirectamente respaldaron entusiastas, durante un año, para que sometan al pueblo boliviano al margen de la ley ", dijo.