El presidente Luis Arce asistió este sábado al congreso que efectúa el Partido Socialista 1 (PS1), agrupación que cobijó a Marcelo Quiroga Santa Cruz, y presenció parte de los debates del encuentro que elabora un documento de conclusiones para el país.

“Sus aportes los estaremos esperando con muchas ansias porque para mí también será una luz, para mí también será un parámetro para ver donde estamos y qué tenemos que hacer. No me abandonen compañeros, seguimos en la lucha y ¡Marcelo vive!”, dijo la autoridad en el encuentro que se realiza en Cochabamba,

El PS1 cumple 50 años y realiza un congreso nacional, informó el canal televisivo Bolivia Tv que entrevistó al mandatario.

“Recordando nuestra juventud, nuestras raíces de formación política con los compañeros del Partido Socialista Uno, (…) reflexionar con nuestros compañeros donde veo no solo a nuestros viejos militantes sino una renovación con jóvenes”, sostuvo.

Por su parte, Eduardo Pardo, dirigente del PS1, dijo que está en curso un relanzamiento de esa organización política “con una visión nueva, más fresca, sobre la situación política”.

Se espera que mañana domingo el Partido Socialista 1 emita un pronunciamiento al país.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, manifestó este sábado que “nunca más un golpe de Estado”. El dirigente, también exigió justicia para las víctimas de las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).   

“Nunca más un golpe de Estado. Aquí se les acabó a los golpistas su historia, porque fue golpe no fue fraude”, manifestó Borda en un acto organizado en la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz, en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, donde participaron autoridades nacionales.  

El dirigente departamental hizo esas afirmaciones al condenar el golpe de Estado dirigido por Jeanine Áñez.

“Esos 21 días de paro antes del golpe destruyeron nuestras fuentes de trabajo, destruyeron la economía del país, pero aquí están el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes van a recuperar la economía”, señaló Borda. 

Resaltó la labor de las autoridades del Gobierno en la adquisición de vacunas contra la pandemia del COVID-19 y las políticas que se implementaron para reactivar la economía boliviana que se vio afectada por las decisiones del gobierno de facto.

“(También) pedimos justicia para nuestros compañeros de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), donde muchos fueron acribillados y asesinados (por el gobierno golpista) ¡Queremos justicia!”, exclamó el dirigente.

Añadió que en el departamento de Santa Cruz existen unas 377 mil familias “que están con el Jesús en la boca” ante el tráfico de tierras. Para esas personas pidió hacer lo necesario para que tengan justicia. 

“Presidente queremos hacerle entrega de un trabajo que hemos hecho con todos los lideres barriales para que a través de usted se pueda poner en consideración y llegar a una titulación para esos nuestros compañeros”, dijo Borda.

Tras el golpe de Estado consolidado con el autonombramiento de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, también el régimen de facto tomó las instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Trabajo, que de tener como misión el garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales de las trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos, fue utilizado para favorecer al empresariado.

“Durante este último año de golpe se ha trabajado para el empresariado. Entonces, lo que estamos haciendo, todas nuestras acciones, sean burocráticas propias del Ministerio, como nuestras acciones innovadoras de acercamiento, son precisamente con el afán de recuperar la confianza de los trabajadores”, expresó la Ministra de Trabajo, Verónica Navia.

La autoridad recordó que desde su creación el año 1936, el Ministerio de Trabajo estuvo del lado de los trabajadores del país, preservando y garantizando el ejercicio de los derechos laborales, situación que no ocurrió durante los meses que fue tomado por la administración de facto.

“Hemos estado poniéndonos al día de un año catastrófico en el que los trámites han sido paralizados (…), los ministros no firmaban nada, entonces fueron procesos administrativos que deberían salir a favor de los trabajadores que quedaron truncados en este despacho”, recordó.

La idea de la administración golpista era mantener alejados a los trabajadores por lo que decidieron trasladar la jefatura departamental a la plaza España, con el fin de que no puedan realizar sus reclamos y trámites en la oficina central.

“Producto de la filosofía empresarial que se tenía en el gobierno golpista, lo último que querían tener en la oficina era precisamente a los compañeros trabajadores haciendo sus trámites, entonces, se llevaron la oficina departamental para la plaza España, lo más lejos posible de aquí y mantenían un alquiler para que allá funcione la oficina”, complementó Navia.

La autoridad recordó también que, durante la gestión de facto alrededor de 5.000 trabajadores, solo del sector fabril, fueron despedidos de forma irregular y con el aval del Ministerio de Trabajo.

“Empresas que no se han declarado en quiebra, empresas que no han sido cerradas, simplemente han despedido gente, no es que la empresa esté mal, simplemente ya no necesitaba de esos trabajadores porque supuestamente podrían haber sido masistas, haber apoyado el proceso de cambio como pasó en el servicio público también”, recordó.

El Ministerio de Trabajo en la gestión golpista nunca garantizó la estabilidad laboral ante estos despidos injustificados, quedando truncados los trámites en el despacho del ministro de facto.

“Una corriente entre el empresariado que apoyó el golpismo fue precisamente estos despidos injustificados en plena pandemia, pese a que había presuntas normas de respeto a los trabajadores, a sus fuentes laborales que como Estado estamos obligados a garantizar la estabilidad laboral, los despidos han sido masivos”, manifestó.

En ese contexto, la autoridad informó que desde la recuperación de la democracia se está atendiendo todos los casos de los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente en el periodo de facto y devolviendo su verdadera esencia al Ministerio de Trabajo, de defensa del sector obrero.

La Central Obrera Boliviana (COB) destacó la recuperación de la democracia como uno de los principales logros a celebrar este 1 de mayo, rescate que fue posible gracias a la movilización de obreros, campesinos y pueblo organizado, dijo el secretario ejecutivo de la matriz laboral, Juan Carlos Huarachi, quien condenó la violencia y despidos que caracterizaron al régimen de facto frente al gobierno actual, en cuyo periodo "el pueblo tiene esperanza".

El dirigente sindical realizó una evaluación de la situación de los trabajadores del país durante el periodo del golpe de Estado (2019-2020), las cuarentenas que afectaron a los ciudadanos, los miles de despidos realizados durante ese lapso de tiempo y las protestas en las calles contra la violencia y abuso de los golpistas.

"El anterior gobierno implementó políticas que produjeron despidos, cierres de empresas, industrias, reducción de salarios, cambios de razón social (…), se han inventado nombres (para despidos) como caso fortuito, fuerza mayor, cartas de preaviso. Eso pasó también en la minería", dijo Huarachi.

Indicó que esa situación, más las cuarentenas forzadas, produjeron un desabastecimiento de productos que afectó a los trabajadores.

"La gestión pasada hemos estado aislados, en cuarentena, y lo peor fue el despido masivo de trabajadores. Son dos cosas, la pandemia y el gobierno de facto", criticó el dirigente.

Indicó que este año, tras las elecciones generales, la situación cambió de manera favorable para los obreros ya que se recuperó la democracia."Hoy, los trabajadores esperamos festejar no solamente un logro histórico y conquista de las ocho horas de jornada laboral recordando a nuestros mártires, sino también, tras haber pasado la gestión pasada, los trabajadores afiliados, obreros, campesinos y clase media, con el orgullo de haber recuperado la democracia para el pueblo, haberle devuelto la democracia, haberle devuelto la dignidad y la soberanía", manifestó.

De esa manera, Huarachi se refirió a las movilizaciones obreras, campesinas, vecinales y populares que desafiaron en las calles al régimen golpista, rechazaron el prorroguismo de Jeanine Áñez y exigieron al régimen de facto la convocatoria a elecciones.

Fruto de esas movilizaciones y presiones se realizaron las elecciones generales que dieron como ganadores a Luis Arce y David Choquehuanca, que obtuvieron un contundente apoyo del 55,11% del voto popular expresado en las urnas para dirigir el país por cinco años.

Quienes impulsaron y defendieron al régimen de facto, como Luis Fernando Camacho, obtuvieron 14% de la votación o, como Carlos Mesa, que consiguió el 28,83% de votos.

Este fenómeno, es decir, el hecho de que el pueblo organizado se enfrente a los golpistas y recupere la democracia en unos 11 meses, fue destacado como algo histórico por el europarlamentario Manu Pineda, quien dijo que lo ocurrido en Bolivia para rescatar los derechos y libertades, es un ejemplo para el mundo.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, indicó que Bolivia llegará a este 1 de mayo con al menos dos razones para celebrar: la recuperación de la democracia, y la recuperación del Ministerio de Trabajo como "casa de los trabajadores".

La COB y el Pacto de Unidad hicieron posible las elecciones del año pasado con un paro movilizado realizado en agosto y que obligó al Tribunal Supremo Electoral a ponerle fecha definitiva a los comicios, afirmó la autoridad en Bolivia Tv.

En ese contexto, Huarachi destacó que ahora el país vive en democracia y el Gobierno aprobó medidas a favor de los trabajadores, como el Bono Contra el Hambre, fideicomisos y otras medidas que permiten la reactivación paulatina del aparato productivo. Esta recuperación se evidencia, por ejemplo, en la subida de los precios de exportación de los minerales, indicó.

Para el exministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, en los últimos años, salvo el periodo del régimen de facto, se dio garantías y derechos constitucionales a los trabajadores y trabajadoras del país, se avanzó en la Ley del trabajo, se dictaron 240 normas legales, se dejó sin efecto el Decreto Supremo neoliberal 21060, se defendió la estabilidad laboral. Gracias a estas normativas, durante en el golpe de Estado se logró proteger a todo el movimiento obrero, indicó en radio Patria Nueva.

A su turno, Nicanor Baltazar, dirigente de la COB, manifestó que el 1 de mayo es un día histórico para la organización de los trabajadores, porque desde 1952 se constituye como institución gloriosa que se opone a la clase dominante, al Estado republicano y se coloca en defensa de los recursos naturales y las empresas estratégicas del país.