El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, informó que esta instancia legislativa internacional espera los resultados de la auditoría solicitada a la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al informe elaborado por el mismo organismo internacional y que desvirtuaría el relato del fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019.

“Nuestro país necesita saber que el relato de fraude fue montado, y que lo que ocurrió en Bolivia fue una ruptura, un quiebre constitucional que derivó por supuesto en un golpe de Estado y que ahí jugó un papel fundamental la OEA hasta donde nuestros datos lo señalan”, manifestó.

La auditoría fue solicitada la pasada gestión, después de ser aprobada por el pleno del Parlamento Andino y los resultados serían entregados en las siguientes semanas a esta instancia legislativa internacional y a la representación boliviana. Esta auditoría estaría siendo trabajada por personal externo a la OEA y contratado con este fin.

“Advertimos, sin embargo, que la OEA ha cambiado algunas de sus opiniones respecto de algunos temas que tienen que ver con, por ejemplo, los datos preliminares, han sido mucho más flexibles en sus sugerencias y esto quiere decir, ojalá, que estén entrando en un tono de autocrítica”, señaló Mendoza.

Por otro lado, resaltó que como instancia legislativa internacional se insistirá en que las acciones injerencistas de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, deben ser procesadas en los mecanismos que correspondan.

“La sesión plenaria del Parlamento Andino decidió censurar la actitud injerencista del señor Almagro y esto ha solicitud de un conjunto de organismos, esto quiere decir que las críticas respecto a la actitud injerencista de Almagro sobre las decisiones soberanas de nuestro país son cada vez mayores”, explicó.

El comentarista Carlos Federico Valverde Bravo recibió Bs 75.275 por escribir a favor del gobierno de facto de Jeanine Áñez entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, según planillas y documentos del entonces Ministerio de Comunicación, difundidos por el periódico web Crónica Digital. Estos cobros los efectuó mientras emitía sus opiniones en diferentes medios de difusión privados.

La publicación de Crónica Digital indica que Valverde Bravo recibió ese monto total por escribir columnas de opinión, en el periódico Bolivia, que a veces no pasaban de los cuatro párrafos.

De acuerdo a la documentación oficial difundida por ese portal, "Carlos Federico Valverde Bravo empezó a trabajar para el gobierno de Añez desde el 6 de diciembre del 2019, según el número de contrato 19400. Para toda la gestión 2020, Valverde trabajó desde el 3 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, bajo el contrato número 3300".

"Todo esto bajo el visto bueno de Claudia Paredes, la entonces directora de medios estatales, y Cleidy Torres, entonces directora del periódico", indica el informe de prensa.

"Según la nota interna 0054/2020, tanto Humberto Vacaflor como Carlos Valverde escribían columnas a pedido para el periódico Bolivia. Mientras los demás periodistas de ese medio de comunicación debían asistir a su fuente laboral con sede en la ciudad de La Paz, Vacaflor podía hacerlo desde Tarija y Valverde desde Santa Cruz", añade el reporte de prensa.

"En la planilla mensual de sueldos y salarios de diciembre del Ministerio de Comunicaciones Carlos Federico Valverde Bravo, con cédula de identidad 1472636, figura con Bs 4.022, por el mes de diciembre. Para la siguiente gestión, el 2020, este 'periodista' bajo el número de funcionario público: 198901, recibió la suma de Bs 71.253.

“Es decir, recibió un total de Bs 75.275 por escribir desde la comodidad de su casa 4 párrafos al día", manifiesta el informe de prensa que incluye fotos de los documentos y planillas de respaldo.

La noticia de Crónica Digital, que está disponible en el sitio web https://www.facebook.com/CronicaDigitalBo/?ref=page_internal, recuerda que cuando Valverde Bravo "trabajó para el Ministerio del Interior del MIR en el cargo de Jefe de Inteligencia calló sobre las torturas que ordenó aplicar a los miembros del CNPZ en 1990, también quedó mucho por el caso Narcoestatuillas por el cual fue detenido en abril de 1993. Estuvo en la cárcel entre 1993 y 1994 acusado por narcotráfico".

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo este jueves que la reconciliación en Bolivia depende de un verdadero proceso de justicia luego de las masacres del régimen de Jeanine Áñez.

“No se puede hablar de reconciliación, de una verdadera paz social, en ningún país del mundo donde hubo masacres como las de nuestro país, heridos, detenidos, perseguidos, asilados exiliados, sin que exista un verdadero proceso de justicia”, dijo en una reunión con dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y las víctimas de la masacre de Sacaba de 2019.

En noviembre de 2019, la OEA hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

“Tenemos un largo camino por recorrer, pero hay el compromiso inquebrantable de nuestro Presidente (Luis Arce) de trabajar en ese sentido, de que no puede existir impunidad en relación a lo que pasó”, aseveró la Ministra de la Presidencia.     

En 2021, la justicia boliviana determinó la aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Las investigaciones continúan.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, vaticinó este jueves que la “alianza silenciosa” entre el alcalde electo y exministro del gobierno de facto, Iván Arias, y el electo gobernador departamental, Santos Quispe, traerá problemas al departamento de La Paz porque se presume que incluirá un posible cuoteo de “pegas” en ambas instituciones.

“¿Qué hay detrás de esta alianza silenciosa de bajo perfil? Estamos hablando de pegas, cuoteo de la Alcaldía en la Gobernación (…) Sería bueno que ambas autoridades electas le digan a la población de La Paz a qué se refiere ‘el bajo perfil de esta alianza”, cuestionó, citado en un boletín institucional.

La declaración surgió tras la reciente revelación de Arias respecto a que realizó una alianza “silenciosa” y de “bajo perfil” con Santos Quispe para que llegue a la Gobernación de La Paz en las elecciones subnacionales, con la facilitación de “infraestructura de equipos de control electoral y de movilizaciones barriales”.

En ese sentido, Arce enfatizó que el supuesto cuoteo es una práctica “sucia” y “descarada”, una vieja forma de hacer política que realizaban los diferentes gobiernos neoliberales de turno para que los partidos saquen provecho en desmedro de los intereses del pueblo.

Finalmente, calificó como “descarada” la reciente confesión de Arias y señaló que la postura de Santos Quispe sobre el tema es “soberbia”, porque va en contra ruta al discurso de su fallecido padre, Felipe Quispe, “El Mallku”.

El ganador de las elecciones para gobernador de La Paz, Santos Quispe, negó esta jornada haberse aliado de manera “silenciosa” con el alcalde electo Iván Arias.