La Dirección General Territorial de las Fuerzas Armadas (FFAA) informó este viernes que más del 50% de los cupos para el servicio militar obligatorio fueron ocupados esta semana y que el próximo 10 de febrero termina la etapa de inscripción.

“El reclutamiento inició el lunes 11 de enero, concluye como fecha tope el 10 de febrero (…). A la fecha sobrepasamos el 50 por ciento", dijo el subdirector de la Dirección General Territorial Militar, Hernán Barrera.

Las FFAA habilitaron 20.800 cupos para que los jóvenes de entre 18 a 22 años de edad quieran formar parte del primer escalón 2021. Además, hay 200 cupos para las mujeres que quieran realizar el servicio militar de forma voluntaria.

Los jóvenes pueden acudir a los 136 cuarteles militares que hay en el territorio nacional con el certificado de nacimiento original y una fotocopia.

El director de Tránsito de Oruro, Raúl Rodríguez, reportó este jueves cinco muertos y tres heridos en un accidente en la carretera Oruro-Pisiga registrado en la madrugada.

“Se trata de una colisión que se produjo a las 06.15, seguida de vuelco lateral izquierdo con personas fallecidas y personas lesionadas”, dijo de acuerdo con el reporte de Bolivia Tv.

Explicó que el accidente fue protagonizado por un camión que retornaba de Sabaya por la carretera internacional, y una vagoneta que se dirigía a Pisiga

Rodríguez precisó que la lista de fallecidos es la siguiente: Edwin Calle Calle (49), Silvia Janco Calle (24), Lourdes Villca Colque (30), Manuel Callisaya (30), y una menor de edad; mientras que los heridos son: Eleuteria Mamani Guarachi (48), Jeferson Calle Macedo (24), José Jaime Ramos Nicolás (30).

Asimismo, aseguró que el alcohotest realizado a José Ramos de 30 años, conductor del camión Nissan color blanco placa 1840XTK, dio negativo; pero no se realizó la prueba a Edwin Calle (49), conductor de la vagoneta guinda con placa XZ2868 (registro de Chile), porque falleció.

El caso está en proceso de investigación.

En su informe mundial, la organización internacional Human Rights Watch denunció que el régimen de Jeanine Áñez violó los derechos humanos, protegió con decretos los abusos de uniformados, usó a fiscales y jueces para perseguir a militantes del partido MAS, compró respiradores con sobreprecio, abandonó a 1.300 bolivianos en la frontera con Chile y dejó sin educación a niñas y niños bolivianos.

El informe, en lo referido a los Derechos Humanos, indica que "al menos 37 personas murieron en hechos de violencia relacionados con las manifestaciones, y más de 800 resultaron heridas, según informó la Defensoría del Pueblo".

"Dos manifestantes contrarios a Morales fueron asesinados en la localidad de Montero. Veinte personas murieron en dos masacres en Sacaba y Senkata, en las cuales agentes de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos, abrieron fuego contra manifestantes partidarios de Morales", añadió.

"Las masacres –agrega el reporte- se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran. En respuesta a las críticas, la presidenta Áñez derogó el decreto".

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias y de torturas por policías en la ciudad de El Alto el 11 de noviembre de 2019", indica el reporte de Human Rights Watch.

El régimen de Áñez "utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales y no impulsó investigaciones independientes de las violaciones de derechos humanos ni los actos de violencia relacionados con las elecciones que se produjeron en octubre y noviembre de 2019".

El documento señala que "la presidenta interina Áñez emitió decretos que habrían eximido a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios y que amenazaron la libertad de expresión. Su gobierno derogó ambas medidas debido a las críticas".

"En lugar de fortalecer la independencia judicial, el gobierno de Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses. Los fiscales iniciaron investigaciones penales, muchas de las cuales parecían responder a motivaciones políticas, contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva", menciona el documento.

Respecto al combate contra el COVID-19, el documento de Human Rights Watch da cuenta que "en mayo, el gobierno interino compró 170 respiradores —para su uso en ambulancias, no en hospitales—, por los que, aparentemente, pagó casi el triple del costo real. Ante esto, la fiscalía inició una investigación penal por posible corrupción contra varios funcionarios gubernamentales, entre ellos, el entonces ministro de Salud".

En marzo, el régimen de Áñez "cerró las fronteras como respuesta a la pandemia, dejando varadas en campamentos en Chile a alrededor de 1.300 bolivianos, incluidas personas mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas. Semanas más tarde, el gobierno les permitió volver a Bolivia y debieron cumplir un período de cuarentena".

Las restricciones a la circulación establecidas en respuesta al COVID-19,  agrega el informe, redujeron el acceso de muchas comunidades indígenas a comida, medicamentos y mercados para sus productos, según informó la Defensoría del Pueblo

Sobre la educación, el reporte internacional indica que "en lugar de trabajar con las escuelas para proporcionar contenidos educativos durante la pandemia, a principios de agosto el gobierno interino canceló lo que restaba del año escolar 2020 hasta diciembre y, con esta medida, casi 3 millones de niños y niñas quedaron sin educación".

Sobre la libertad de expresión, Human Rights Watch indica que "el gobierno interino adoptó políticas que amenazaban la libertad de expresión, entre ellas, un decreto sobre COVID-19 que contenía una disposición excesivamente amplia que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran al gobierno. En respuesta a las fuertes críticas recibidas, el gobierno revocó la disposición en mayo de 2020".

También estableció una unidad de “ciberpatrullaje” para identificar a quienes “desinformaran” al público sobre el COVID-19, en especial, opositores políticos. Como resultado de los “ciberpatrullajes”, por ejemplo, se acusó de sedición y de otros delitos a Mauricio Jara, un partidario de Morales, por haber calificado al gobierno de “dictatorial” a través de un servicio de mensajería privado, haber “desinformado” y exhortando a realizar protestas. La policía lo detuvo en abril de 2020 y, a septiembre, se encontraba a la espera de un juicio en la cárcel, menciona el organismo internacional en su informe disponible en el sitio web  https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377398

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, habilitó este miércoles por la noche un centro médico de atención en la zona de Miraflores, La Paz, y dispuso 3.500 pruebas para la detección temprana de casos de COVID-19 en los efectivos policiales, quienes están en la primera línea de riesgo de contagio de la pandemia.

“Queremos comunicar al pueblo boliviano y a la Policía que gracias a la gestiones realizadas por el Ministerio de Gobierno y la Caja Nacional de Salud hemos logrado instalar la primera ETI (Vigilancia de la Enfermedad Tipo Influenza) para la Policía para que pueda diagnosticarse en esta pandemia”, manifestó en el acto de inauguración del centro médico.

Indicó que mediante un convenio entre su despacho y el Ministerio de Salud se logró obtener 3.5000 pruebas para el diagnóstico de COVID-19.

Agregó que en caso de que los efectivos policiales den positivo a COVID-19 serán atendidos por especialistas quienes determinarán qué acciones seguir.

Por su parte, la gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Silvia Gallegos Romero, sostuvo que la habilitación de ese centro médico se enmarca en un convenio firmado con el Gobierno.

Por otro lado, apuntó que se hizo la inspección al lugar donde se instalará el centro de aislamiento para policías, de acuerdo con la sintomatológica que presenten.

“La predisposición de la gerencia es dar cumplimento estricto a este convenio y satisfacer las necesidades de los policías”, afirmó.