El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó este lunes que el Ejército usará sus helicópteros para hacer vuelos de reconocimiento y seguridad en las fronteras, además de que se habilitará dos centros de formación de personal en Challapata, Oruro, y Montero, Santa Cruz, como parte de la lucha contra la internación ilegal de productos hacia el interior del país.

"Bajo la premisa instruida por el presidente Luis Arce a las Fuerzas Armadas, de demostrar un trabajo honesto con profundo amor por la patria para evitar el ingreso del contrabando que daña la economía boliviana, se pone nuevamente en ejecución las estrategias de control de fronteras con un trabajo honesto y una nueva política de Estado para una Bolivia libre de contrabando", dijo, citado en un boletín institucional.

En el caso de los centros de formación, Rodríguez explicó que el predio de Challapata será parte de una unidad especial de las Fuerzas Armadas dependiente del Ejército, que operará en todo el sector de los Salares de Coipasa y de Uyuni y el norte del departamento de Potosí hasta la frontera con Chile.

El segundo, añadió, bajo la tutela de los Satinadores de Selva, quienes operarán entre la frontera con Paraguay y el Este de Brasil.

"Las tareas están en proceso de implementación", aseveró.

Por otro lado, Rodríguez mencionó que un contingente de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hace seguimiento a las actividades del Comando Estratégico Operacional para evitar que sus miembros incurran en actos de corrupción.

"Estos grupos de Inteligencia tienen tres tareas. Uno, investigar a los militares o funcionarios uniformados que se encuentren operando. La segunda tarea es investigar a los clanes familiares o los contrabandistas, identificar más puntos de ingreso ilegal al país y (tercero) hacer un análisis de Inteligencia estratégica sobre lo que ocurre al otro lado del país", manifestó.

La autoridad gubernamental apuntó, además, que se realizan los relevos del personal de lucha contra el contrabando en las líneas fronterizas, particularmente con Perú y Chile.

"Es así que a partir del 31 de diciembre de 2020 se adoptó una nueva estrategia de control de frontera, que consiste en utilizar los 25 puestos militares adelantados con un área de jurisdicción entre 36 a 40 kilómetros y la destrucción de caminos habilitados por el contrabando", concluyó.

El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Bernardino Baldiviezo, informó que las cárceles del eje central del país serán encapsuladas a partir de este lunes para prevenir los contagios de coronavirus.

"Se ha iniciado en el eje central ya que hay mayor cantidad de privados de libertad (...), durante 15 días no se va a permitir las visitas en las cárceles del eje central", dijo en una entrevista con Unitel.

Baldiviezo añadió que esa medida podría ampliarse a otros recintos penitenciarios del país previo a una evaluación epidemiológica y en consenso con los privados de libertad.

"Se está haciendo todos los esfuerzos para evitar que el coronavirus ingrese a los recintos", aseguró.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este domingo que se registró 41 infectados con COVID-19 en el centro penitenciario de Monteagudo, Chuquisaca, y anunció que se analiza la restricción de las visitas en las cárceles para evitar la propagación del virus.

"Tenemos 41 infectados en el centro penitenciario de Monteagudo", confirmó en declaraciones a la prensa e indicó que sostiene reuniones con representantes de los recluidos de las cárceles de todo el país para definir la restricción como medida preventiva.

Detalló que las conversaciones que entabla con los representantes de los centros penitenciarios urbanos y rurales definirán la restricción del ingreso."La realidad de un departamento varía de un lugar a otro", dijo.

Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, apuntó que a partir de este lunes se iniciará el "encapsulamiento voluntario" en centros penitenciarios del país durante 15 días para realizar rastrillajes con brigadas médicas.

"Una de las medidas que se asumió es el encapsulamiento voluntario en varios centros, principalmente de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba", precisó.

La medida restringirá la visita de los familiares, se ejercerán mayores controles y habrá una rotación permanente de los funcionarios que desempeñan sus labores en los centros penitenciarios.

 El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este domingo que se afinan los detalles con la Caja Nacional de Salud (CNS) para habilitar un centro de asilamiento para efectivos de la Policía Boliviana que padezcan de COVID-19.

"Hemos suscrito un convenio con la CNS y estamos afinando detalles de este convenio para tener un centro de aislamiento específico para la Policía Boliviana", señaló en declaraciones a la prensa.

En pasados días, la Oficina Nacional de la Caja Nacional de Salud (CNS), la Administración Regional y la Policía Boliviana acordaron acciones para prevenir mayores contagios de COVID-19 y así atender de manera oportuna a los efectivos que contraigan el virus.

Para tal efecto, la CNS solicitó a la Policía Boliviana, ceder espacios de sus instituciones para adecuarlos y que sean lugares de aislamiento para efectivos contagiados, requerimiento que fue aceptado por el Comando Departamental.

El objetivo de la Policía Boliviana, es garantizar, mantener y restablecer el orden interno, por lo que se encuentran en la primera línea de acción para evitar mayores contagios de COVID-19 y prevenir la expansión del virus.

"El trabajo de la Policía es sacrificado y no están exentos de contraer este virus, por tanto, estamos tomando todas las medidas sanitarias para poder atender a los efectivos policiales", manifestó Del Castillo.

El Ministerio de Gobierno entregó a la Policía, nueve equipos laboratoriales con una inversión de Bs 359.010 y una capacidad diaria para realizar 96 pruebas de ELISA para COVID-19.