En audiencia cautelar, la justicia determinó este miércoles la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), René Sanabria, por los delitos de transporte de sustancias controladas, confabulación y uso indebido de influencias.

El exjefe policial llegó a Santa Cruz procedente de Estados Unidos, donde cumplió una sentencia de nueve años por el tráfico de 144 kilos de cocaína. A su llegada al aeropuerto de Viru Viru fue notificado con el proceso por narcotráfico.

En 2011, fue sindicado de ser el principal responsable del envío de ese cargamento de droga y fue detenido en Panamá en un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Bolivia y Panamá.

La Fiscalía acusa a Sanabria y otras personas de ser partícipes de ese envío de droga ya que el excomandante y sus cómplices se aseguraron por todos los medios de que el cargamento cruce la frontera hacia Chile, camuflando las sustancias en un contenedor de minerales que tenía como destino Miami.

En la inauguración del Año Judicial 2021, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, expresó su preocupación por el insuficiente número de jueces para atender una carga procesal nacional de 579.827 causas y ante una reducción presupuestaria.

La autoridad asistió junto con otros magistrados, el Procurador General del Estado, el Fiscal General y otras autoridades al tradicional acto de inauguración en la ciudad de Sucre.

Egüez dijo que en todo el país se registró una carga procesal de 579.827 causas que deben ser atendidas por 1.095 jueces quienes deben conocer unos 530 procesos al año, cantidad considerada excesiva por el magistrado.  

 “Es una situación apremiante de atender”, sostuvo la autoridad judicial quien estimó que para encarar todos esos procesos se requieren al menos 2.842 jueces.

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que el Órgano Judicial sufrió una reducción presupuestaria, situación que también afectará en el tratamiento de la carga procesal

En ese contexto, enfatizó que la independencia judicial estará garantizada por un presupuesto con autonomía y el acceso a los medios tecnológicos para brindar mejor servicio a la población.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó este miércoles que los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López serán imputados por el denominado caso gases lacrimógenos para activar el sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que sean extraditados a Bolivia.

Explicó que el 24 de diciembre, la Interpol informó al Estado boliviano que ambas exautoridades se encuentran en Estados Unidos, por lo que el Ministerio Público decidió asumir acciones para lograr la detención preventiva.

"Como ya conocemos su paradero, vamos a emitir la imputación formal contra estas dos personas hasta el día viernes. Emitida la imputación, vamos a cumplir los requisitos que la ley nos establece para solicitar la notificación roja y los podamos traer a Bolivia", informó el fiscal.

En 2020, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la compra de material no letal contra disturbios presentó un informe en el que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicien acciones legales contra cuatro autoridades.

En el informe, se plantea acciones penales contra los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos. Son acusados de la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.