Efectivos de la Policía Anticorrupción allanaron este miércoles el domicilio donde funcionaba el denominado “bunker político” de Santa Cruz Para Todos (SPT), del exalcalde Percy Fernández y la exalcaldesa interina Angélica Sosa, por el caso “ítems fantasmas”.

“Estamos realizando todas nuestras tareas investigativas referente al hecho, pero como ustedes sabrán, el caso está en reserva, no voy a poderme referir a ello”, aseveró el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Saúl Salazar, a los medios de comunicación.

(Foto: Sergio Perovic RRSS)

Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, se presentó este miércoles a declarar ante la comisión de fiscales y se acogió a su derecho de guardar silencio, en el marco de las investigaciones por la presunta creación de los denominados “ítems fantasmas” en la Alcaldía cruceña.

“Se ha presentado el señor Perovic en calidad de testigo (…), él ha manifestado que está presente para dar la cara, para señalar un domicilio procesal para cualquier otra actuación (…) y para evitar cualquier tipo de distorsión en su declaración. Él ha decidido, por sugerencia nuestra, como su defensa legal, acogerse a su derecho al silencio”, indicó su abogado Jerjes Justiniano.

Perovic se presentó ante la comisión de fiscales que investiga el caso de los 800 ítems fantasmas que supuestamente fueron creados para desviar los recursos económicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández y el interinato de Sosa.

Según el jurista, la declaración duró aproximadamente 15 minutos y su defendido acudirá las veces que sean necesarias para esclarecer ese hecho.

“Yo no tengo nada que declarar, muchas gracias”, indicó Perovic a los medios de comunicación, quienes le consultaron si tuvo algún contacto con su esposa.  

Perovic fue involucrado en el caso por las declaraciones de Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos del municipio, quien lo acusó de estar detrás de una presunta red de corrupción en complicidad con Sosa.

Angélica Sosa, Javier Cedeño y Julio Cesar Herbas son las tres personas que están con detención preventiva en el penal de Palmasola en el marco de las investigaciones del caso de los ítems fantasmas.

Con el objetivo de que nunca más ocurra un motín policial o ultrajes a símbolos patrios, como ocurrió en noviembre de 2019, 27 policías que participaron en esos hechos fueron denunciados, de los cuales 14 fueron dados de baja en forma definitiva, informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori Yana.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de Radio Patria Nueva, dijo que los malos funcionarios policiales que tuvieron algún rol en la ruptura constitucional, en el motín o en el ultraje a símbolos nacionales, deben ser sancionados.

El 18 de enero de 2021, el viceministro Condori, formalizó denuncia en contra de 27 servidores públicos policiales, por diferentes faltas administrativas que generaron y promovieron el racismo y discriminación, mismas que fueron denunciadas ante el sistema disciplinario de la Fiscalía Policial.

La Fiscalía Policial procedió a realizar las investigaciones correspondientes, posteriormente emitió requerimientos de acusación, haciéndose cargo los tribunales disciplinarios departamentales, que llevaron y prosiguen con los casos de audiencia de juicio oral público y contradictorio, determinando faltas administrativas disciplinarias policiales y como sanción procedieron a la baja definitiva de 14 uniformados en estricta aplicación de la ley 101.

De esas bajas definitivas, siete son en Cochabamba, cuatro en La Paz, una en Santa Cruz, una en Tarija y una en Sucre. Esos alejamientos cuentan con resolución de primera instancia por Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión, descrita en el Art. 14 Numeral 10 de la de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, indica un reporte del Viceministerio de Descolonización en su página de Facebook.

Condori explicó que esos procesos y sanciones pretenden generar un precedente y que “nunca más puedan suceder este tipo de hechos en el Estado Plurinacional”.

Dijo que los casos señalados, de ninguna manera pueden ser considerados como “persecuciones” sino como sanciones a algunos malos uniformados que se amotinaron o ultrajaron símbolos nacionales en 2019.

(Imagen de referencia)

En el marco de las investigaciones de los presuntos contratos fantasmas, que se generaron en la Caja Nacional de Salud (CNS), la Fiscalía y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) realizaron una inspección en las instalaciones del Hospital Luis Uría y el Policlínico 9 de Abril de la ciudad de La Paz.

“Se ha hecho un registro del lugar del hecho, nada más”, aseveró uno de los efectivos de la FELCC cuando salía de la CNS ubicada en la avenida 6 de Agosto a los medios de comunicación.

Se identificó que Antonio Parada Vaca, principal sindicado en el cobro de 800 “ítems fantasmas” en el municipio de Santa Cruz, trabajó también como Jefe de Recursos Humanos en la gestión 2020 en la institución de seguro social de corto plazo, donde se detectaron “contratos fantasmas” a nombre de personas que dejaron su currículum en la institución sin que los postulantes se enteren.

La existencia de los contratos fantasmas en la CNS se conoció a denuncia de una enfermera que no logró cobrar su Bono Contra el Hambre porque figuraba como funcionaria de la CNS, por lo que denunció el hecho y el Ministerio Público inició las investigaciones y encontró varias irregularidades. Otro denunciante fue un médico, quien de igual forma figuraba como personal de esa institución, pero él no tenía contrato, ni prestaba sus servicios allí.

La Fiscalía indicó que según un informe de la CNS se estima que son alrededor de 80 contratos fantasmas.

Diez personas están sindicadas en la presunta “red de corrupción” que operaba al interior de ese seguro social. Cuatro personas ya están con detención preventiva y quedan tres órdenes de aprensión para ser ejecutadas, entre ellas una en contra de Parada Vaca.