El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, denunció este miércoles que el alcalde Iván Arias entorpece las investigaciones sobre el presunto sobreprecio en la adquisición de buses PumaKatari durante la gestión de Luis Revilla.

Esta organización vecinal dio plazo hasta el viernes para que el burgomaestre sea parte de la denuncia como víctima por la presunta afectación económica que se hizo al municipio.

“Señor (Iván) Arias, lamentablemente usted está entorpeciendo la investigación, está incumpliendo sus funciones como alcalde, su deber es defender los intereses de La Paz; pero, sobre todo, recursos económicos (…) Le damos un plazo hasta este viernes para que usted se apersone como parte en el presente proceso; caso contrario, el siguiente lunes vamos a presentar ya el memorial de ampliación contra su persona, por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes”, indicó el dirigente en declaraciones difundidas por la red Patria Nueva.

Vera explicó que el burgomaestre fue notificado en su despacho sobre la denuncia que la Fejuve interpuso en la Fiscalía en contra del exalcalde Revilla, por un presunto daño económico de Bs 26 millones en la adquisición de los buses PumaKatari.

Añadió que se solicitó a la alcaldía un informe sobre el trámite de licitación de los buses y otros documentos, en el marco de la investigación, pero que hasta la fecha no fue presentado.

Según la denuncia de la Fejuve, Revilla y otros cinco exfuncionarios municipales están implicados en la adquisición de 61 buses PumaKatari que generó un daño económico de más de Bs 26 millones, por lo que el Ministerio Público investiga los procesos de contratación, adjudicación y recepción de los buses desde la gestión 2012 hasta 2020.

Revilla tiene una orden de alerta migratoria en el marco de las investigaciones que se siguen por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

(Captura de pantalla Red Patria Nueva)

Gremiales de Santa Cruz salieron este miércoles a las calles en protesta contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien impulsó un paro cívico por nueve días y causó pérdidas económicas al sector. Se reunirán en un cabildo para expresar su rechazo.

“Estamos en el mercado Abasto antiguo para dar inicio a la concentración de los hermanos gremiales. Ellos, en forma conjunta, han decidido hacer una concentración en este lugar, para anunciar algunas medidas que se están tomando (…)  vamos a participar repudiando la actitud de algunos malos ciudadanos que siguen persistiendo, queriendo bloquear. Nosotros pedimos derecho al trabajo, derecho a la libre circulación”, indicó el ejecutivo de la Confederación de los Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, en declaraciones difundidas por la Red Patria Nueva.

Aseveró que este sector estará en “movilización permanente” ante anuncios de actores políticos que pretenden confundir a la población con falsos argumentos. Además, destacó que el Gobierno de Luis Arce “cumplió con su palabra” al abrogar la Ley 1386 que fue observada por los cívicos.

“El presidente cumplió con su palabra (…) hay personajes que se dedican a confundir a la población. A partir de la fecha, estamos en movilización permanente para defender el derecho al trabajo”, señaló el dirigente.

Los gremialistas iniciaron su marcha de protesta rumbo al obelisco del Plan 3000, lugar donde se desarrollará el cabildo para exigir respeto a su derecho al trabajo.

“Esta marcha es contra los que nos han privados del trabajo, supuestamente cívicos,  nosotros no hemos elegido a los cívicos, pero mandan a sus matones, (…) lastiman a la gente. Ellos proclaman democracia; sin embargo, hacen dictadura”, reprochó un gremialista, en declaraciones difundidas por el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO's).

Otra comerciante reclamó que el paro haya vulnerado su derecho al trabajo y a la libre circulación. Indicó que su sector está organizado contra medidas ejercidas por personas que no fueron electas.

“Estamos firmes para defender a la familia gremial, estamos cansados de los paros cívicos, políticos, nosotros necesitamos trabajar, necesitamos llevar el pan de cada día a nuestras familias, ellos no nos representan (…) ¡basta de dictadura cívica!”, aseguró.

(Foto: Fiscalía de Maule)

El segundo comandante del cuerpo de Bomberos de Talca (Chile), Francisco Iturra, informó este miércoles que tras el incendio en una casa de acogida para extranjeros se tiene a cuatro personas fallecidas y otras seis resultaron heridas.

Indicó que entre los fallecidos están “dos adultos y dos menores de edad, inferior a cuatro años. Los seis lesionados están siendo atendidos en el Hospital Regional de Talca”, según un reporte de Telesur.

Además, precisó que, aunque “los bomberos trabajaron de forma muy rápida para tratar de controlar el incendio”, el fuego se extendió rápidamente, pues la estructura era muy antigua.

Las autoridades de la región reportaron que la casa de acogida era para extranjeros. Dos alarmas fueron emitidas el pasado martes por el incendio estructural que comenzó sobre las 21.30, hora local. Los bomberos encontraron los cuatro cuerpos calcinados.

Por su parte, el fiscal de Talca, Héctor de la Fuente, indicó que las personas que perdieron la vida y los lesionados son de nacionalidad venezolana. 

La Policía de Investigaciones de Extranjería verifica el estado de los migrantes que estaban alojados en la casa, según informó el mayor de la Prefectura Talca, Manuel Caroca a medios locales.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que la denuncia contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los delitos de sedición y conspiración contra el Gobierno fue admitida.

“Es una denuncia que se ha ingresado la anterior semana, ya se encuentra con un control jurisdiccional, con un fiscal asignado al caso, que tiene la especialidad de conocer esta clase de delitos (…) El responsable de la presente investigación va a determinar las diligencias que correspondan, como también la actividad de poder citar a las personas investigadas”, declaró Mariaca a Gigavisión.

La Fiscalía cruceña inició las investigaciones contra Calvo, quien el 10 de noviembre, en su discurso sobre el paro cívico indefinido, habló de “tumbar” al Gobierno e incluso mencionó un “último round”.

Desde el 8 de noviembre, cívicos, sobre todo, de Santa Cruz y Potosí, convocaron al paro indefinido para rechazar la Ley 1386 porque indicaron que afecta sus intereses. Desde entonces, el cívico llamó a asumir acciones de desestabilización.