(Foto: VRIP)

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, afirmó este miércoles que ningún hecho delictivo quedará en la impunidad, tras los hechos de violencia que se generaron en la ciudad potosina que causaron la muerte de Basilio Titi, un joven campesino y otros que resultaron heridos, además de otros daños.

“Ninguna muerte va a quedar en la impunidad, y peor, cualquier echo lesivo que atente contra la integridad de cualquier ciudadano a raíz de las movilizaciones innecesarias e injustificadas”, aseguró la autoridad.

Cox lamentó que durante el paro convocado por actores políticos y cívicos se haya presentado situaciones de tensión “principalmente” en las ciudades de Santa Cruz y Potosí, y que la última haya desencadenado la muerte de un joven campesino identificado como Basilio Titi.

“Hay una muerte que tiene que esclarecerse, porque hay mucha susceptibilidad de porqué ha fallecido (Basilio Titi) (…), se ha destrozado hasta una patrulla de nuestra Policía Boliviana, esos casos tienen que esclarecerse identificando a quienes han generado actitudes violentas”, dijo Cox a medios de comunicación en Potosí.

El viceministro explicó que su presencia en Potosí fue para verificar que la Policía Boliviana desarrolle sus actividades investigativas de los hechos “irregulares” con la mayor responsabilidad.

“Hemos venido acá para ver con total responsabilidad, que la Policía desarrolle un acto absolutamente investigativo de las irregularidades que se han registrado desde el día 7 y 8 de noviembre de la pasada semana y las comisiones delictuales, que estamos identificando, también porque esos ilícitos tienen que esclarecerse (…). Vamos a identificar a todos los que cometieron y están cometiendo actos delictivos a raíz de estas movilizaciones cívicas y que penosamente quieren callar a la población”, aseveró.

Además, indicó que se hará una investigación sobre una presunta persecución y hostigamiento en contra de dos asambleístas solo por pertenecer al partido de Gobierno.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público emitió la imputación formal en contra de N.G.R. de 16 años de edad por la presunta comisión del delito de infanticidio cometido en contra de su hija de 1 año y 6 meses.

“Se realizaron las investigaciones correspondientes y entre los primeros actuados se realizó la entrevistas a los familiares, informe médico forense del IDIF, entre otros elementos. Asimismo, durante su declaración informativa N.G.R. se acogió al derecho del silencio; sin embargo, de acuerdo al informe del investigador asignado al caso, cuando realizaban el registro del lugar del hecho, la madre habría comentado que ella provocó las lesiones a su hija porque no paraba de llorar, todos estos elementos fueron tomados en cuenta para fundamentar la imputación”, sostuvo Mariaca.

Según un reporte institucional, los resultados de la autopsia realizada a la menor por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develó que la causa de la muerte de la niña fue por traumatismo craneoencefálico severo.

Este hecho se suscitó el domingo 14 de noviembre aproximadamente a las horas 14:00, cuando la progenitora se encontraba en su domicilio con su hija de 1 año y seis meses quien no paraba de llorar, se presume que en ese momento la mujer habría agarrado a la menor y golpeó su cabeza contra la manija del ropero hecho que dejó inconsciente a la infante.

La madre trasladó a la menor al Hospital del Niño donde fue internada; sin embargo, el 17 de noviembre perdió la vida. Actualmente, la sospechosa se encuentra en celdas policiales en calidad de aprehendida a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

(Foto: FGE)

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles ante la “Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Retardación de la Atención y Resolución de casos de Feminicidio” de la Cámara de Diputados, los avances de programas de protección a víctimas, cumplimiento de plazos procesales en delitos de violencia en razón de género, casos de feminicidio, base de datos de denuncias, entre otros.

“Hemos brindado un informe detallado de las gestiones y el trabajo que se realiza desde la Fiscalía General respecto a la persecución penal en delitos que atentan la vida como es el Feminicidio y las medidas de protección que se ofrecen a las víctimas de violencia en razón de género, entre otros que fueron solicitados por la Comisión Especial Mixta”, dijo Lanchipa.

Según un reporte institucional, Lanchipa durante su informe oral explicó sobre la implementación del Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Denunciantes y Miembros del Ministerio Público y las medidas de protección a las víctimas que se aplican y el cumplimiento de los plazos procesales en delitos de violencia en razón de género.

Indicó que se benefició a 3.930 participantes con el desarrollo de programas de capacitación en materia de protección a víctimas de violencia. Asimismo, informó sobre la aplicación y el cumplimiento de atenciones médicas por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en delitos sexuales, agresiones físicas y autopsias; casos de Feminicidio, entre otros.

Además, hizo referencia a que el Ministerio Público cuenta con un moderno sistema informático denominado “Justicia Libre” (JL), que fue desarrollado por personal de la Fiscalía General del Estado, poniendo el sello “Hecho en Bolivia”, que se convierte en una herramienta tecnológica de información y comunicación, diseñada para el control, seguimiento, monitoreo y evaluación de todos los actos procesales.

“El Ministerio Público cuenta con el Sistema Informático Justicia Libre que tiene el módulo específico de Medidas de Protección Especial para Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en el que se registra de manera desagregada toda la información referida a la medida de protección aplicada”, destacó la autoridad.

De acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, del 01 de enero al 16 de noviembre de 2021 en el país se registran 98 Feminicidios con mayor incidencia en el departamento de La Paz con 37 casos, seguido de Santa Cruz con 16, Cochabamba 15, Potosí 10, Oruro 8, Chuquisaca 5, Tarija 3, Beni 3 y Pando 1.

El presidente del Comité cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, afirmó este miércoles que las organizaciones cívicas determinaron en su “consejo consultivo”, declarar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta fin de año, pero se mantendrán en el estado de emergencia.

“Se pide cuarto intermedio en las movilizaciones, para reorganizar y socializar las demás leyes (…). El cuarto intermedio esta dado hasta fin de año”, indicó el cívico a la prensa.

Esta jornada diferentes organizaciones cívicas se reunieron en un consejo consultivo para analizar su movilización y la abrogación de la ley 1386 que fue observada por actores políticos.

Según el presidente de los cívicos potosinos, en las conclusiones de esta reunión se determinó también convocar a las diferentes organizaciones cívicas del país, además de gremiales y trasportistas para organizarse.

Asimismo, solicitaron que los parlamentarios socialicen las leyes antes de aprobarlas y promulgarlas. Conminaron a que, en caso de aprobarse una ley en contra de estos sectores, los parlamentarios deberían ingresar en huelga de hambre.

Según los reportes de medios locales, diferentes sectores pidieron un cuarto intermedio para no perjudicar a la población con la paralización de las actividades.

Los comités cívicos de Santa Cruz y de Potosí convocaron a un paro cívico indefinido a nivel nacional desde el 8 de noviembre en contra de la Ley 1386, argumentando que la misma afectaba sus intereses.

Este paro fue rechazado por diversos sectores sociales; sin embargo, en las ciudades de Potosí y Santa Cruz se registraron hechos de violencia entre personas afines a los cívicos y personas que rechazaban esta medida.

El sábado 13 de noviembre, el presidente del Estado Luis Arce anunció que la norma sería abrogada, pero los cívicos continuaban con sus medidas de presión, el pasado marte el Gobierno abrogó la misma.