Exdefensor del Pueblo cuestiona que a dos años de la masacre de Sacaba, siga la impunidad y exhorta a la justicia a sancionar a los responsables
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El exdefensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, lamentó que la justicia no haya actuado aún contra los responsables de la masacre de Huayllani, Sacaba, ocurrida el 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.
Cox, actual viceministro de Régimen Interior y Policía, dijo en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, que él fue testigo de que la masacre fue “programada” y que los jefes policiales que actuaron entonces, tenían con antelación la consigna de “cazar” a los civiles que protestaban contra el régimen de Áñez.
“Que se esclarezca, que se sancione a todos los responsables, para que de una vez se genere este manejo sistemático de acceso a la justicia que se ve muy rezagado, y lo digo de verdad porque, como defensor de derechos humanos, a dos años me preocupa mucho que exista esa ausencia de persecución penal estratégica en la que se logre esclarecer esta masacre de Huayllani”, indicó.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Huayllani, Sacaba, ocurrió una masacre, así como ejecuciones sumarias, no hubo enfrentamiento
Sobre esos sucesos de Sacaba, Cochabamba, el entonces comandante de la Policía, Jaime Zurita, indicó que solo usaron agentes químicos y añadió que los marchistas estaban armados. Al respecto, el periódico Página Siete tituló en noviembre de 2019 “Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos”.
Un informe de la jerarquía católica indicó que el 15 de noviembre de 2019 “se suscita un hecho lamentable: los enfrentamientos violentos en Sacaba”.
Sin embargo, de manera contraria a esas versiones, el informe del GIEI concluyó que en Huayllani, Sacaba, militares y policías masacraron a manifestantes. “El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, indica.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, dijo en 2019 que los uniformados no tenían orden de disparar y sugirió que los marchistas de Sacaba se mataron entre ellos.
Sobre el tema, el GIEI determinó que los integrantes de la marcha en Sacaba no portaban armas de ningún tipo. “De cualquier modo, conforme a la investigación y la revisión hecha por el GIEI, no hay evidencia de que los manifestantes hayan disparado entre sí o contra las fuerzas de seguridad”, indica el documento.
“Múltiples testimonios relatan que policías o militares dispararon contra la multitud”, añade el documento.





