El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, José María Velasco, aseveró el lunes que el caso del embarazo de una niña de 11 años, que fue violada por su abuelastro, es un problema legal que debe ser resuelto por la justicia debido a que existe una Sentencia Constitucional de estricto cumplimiento que ordena el aborto en ese caso.

“La Sentencia Constitucional 206/2014 es de estricto cumplimiento para médicos, policías, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos o cualquier otra autoridad competente en este tema”, explicó la autoridad policial a los periodistas, según un reporte del portal “Bolivia al día”.

Según Velasco el no acatar la orden puede derivar en un proceso penal contra los encargados de cumplirla y que por alguna razón no la cumplan.

“Si un funcionario público y privado y un profesional médico no cumple la sentencia se podrá efectuar una denuncia ante el Tribunal Constitucional y remitir los antecedentes al Ministerio Público”, acotó. 

Al tratarse de un instrumento jurídico debe ser aplicado y según la autoridad policial está sobre toda opinión o intención que se haya expresado en el caso.

La sentencia establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en casos que el embarazo sea producto de violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano) estupro cuando la víctima es una menor de edad o cuando la vida de la mujer corre peligro.

En este caso, por tratarse de una niña de 11 años con cinco meses de gestación víctima de reiteradas vejaciones por un adulto de 61 años que ya se encuentra detenido preventivamente en una cárcel pública, la sentencia se aplica.

Un teniente de la Policía fue aprehendido por presuntamente estar involucrado en la muerte del interno Christopher Condori, entre el 16 y 17 octubre, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz. Una comisión de fiscales llegó este lunes hasta ese penal para tomar declaraciones a los privados de libertad, informó La Razón en su edición digital.

El fiscal Ruddy Terrazas explicó que por testimonios de efectivos policiales, indicios y registros del lugar del hecho, se tienen indicios de que el uniformado, de quien no se reveló su identidad, “tuviera una participación de autoría”.

“El teniente ha negado cualquier situación, desconoce y también indica que nunca lo ha tocado”, explicó Terrazas a los medios de comunicación.

El fiscal adelantó que se tomará declaraciones al personal policial que se encontraba en funciones entre el 14 y 17 de octubre, entre los cuales se encuentra el exdirector de Chonchocoro, quien a raíz de la muerte de Condori fue relevado del cargo.

Una comisión de fiscales arribó a las 17.00 de este lunes a Chonchocoro para tomar declaraciones a internos y proseguir con las investigaciones por el caso de la muerte de Condori, en el marco de la comisión de los delitos de vejámenes y torturas, indicó el informe de prensa.

Ese medio informó que el aprehendido pasará la noche en celdas policiales en Viacha, a 25 kilómetros de la ciudad de La Paz, hasta la instalación de una audiencia cautelar, donde un juez definirá su situación jurídica.

El Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana de Chuquisaca determinó la baja de la suboficial Cecilia Calani, quien enfrentó al menos cinco procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas ante un tribunal interno por haber liderado el amotinamiento policial durante los conflictos de noviembre de 2019, cuando varios sectores movilizados presionaron para la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

La sentencia fue dada a conocer esta jornada tras realizase una audiencia.

Según medios locales, su abogado, Ronald Chuquimia, señaló que Calani seguirá en funciones mientras no se ejecutoríe la sentencia policial, ya que podrá apelar ante una instancia de la Policía Boliviana y después ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El proceso contra Calani comenzó en enero de este año en el Tribunal Policial que, después de varias audiencias, dictó su baja definitiva.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, agradeció el reconocimiento de la Policía federal de Brasil que destacó la extradición y expulsión de Bolivia de 10 personas buscadas por la justicia brasileña.

“El trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil es efectivo y trae grandes resultados”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Agradecemos el reconocimiento de la Policía Federal de Brasil, el cual destaca que el 2021 fueron extraditados/expulsados 10 súbditos buscados por la justicia en Brasil por diferentes delitos”, agregó la autoridad.

Las personas expulsadas o extraditadas son Jesús Einar Lima Lobo, Leandro Matos Ferreira, Claudio de Oliveira Minero,  Luan Wandder Rufino Santos, Diego Silva Santos, Roger Bennet Portilho, Reginaldo Soarez, Clediomar Jacob.

A esa lista se suma, Lidia Cayola y Lázaro da Silva, según el documento que el Ministro adjuntó en su mensaje de Twitter.