La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó este lunes su rechazo al manejo poco responsable que hicieron los medios de comunicación sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, que quedó embarazada y que desistió de practicarse la interrupción legal del embarazo. Asimismo, denunció la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual.

“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó la autoridad.

Según un reporte institucional, Cruz observó un incumplimiento de funciones por parte del personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de dicho municipio con relación al manejo de la información y rechazó el manejo informativo de algunos de medios de comunicación que vulneraron los derechos de la menor y la revictimizaron.

“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó la autoridad.

Asimismo, manifestó su preocupación sobre la intervención de una iglesia con relación al caso y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Explicó que su intención de “apoyo temporal” podría incurrir en acciones que están fuera de la norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado.

Cruz manifestó que las niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esa decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida.

“Negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto, puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación”, señaló.

Dijo que la OMS establece que el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica en niñas menores de 15 años de edad.

“Solicitamos al Órgano Ejecutivo que asuma las recomendaciones del Informe Defensorial ‘Situación de la interrupción legal del embarazo como derechos humanos de las mujeres’, y que priorice la ejecución de políticas públicas de educación para la salud, destinadas a la difusión, protección y atención de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer”, acotó Cruz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes sobre los avances estructurales que se realizaron en el Ministerio Público durante los últimos tres años de gestión, con el objetivo de consolidar el sistema penal acusatorio, trasparentar el trabajo que se desarrolla en esa institución y recuperar la credibilidad de la sociedad.

“En estos tres años, nuestra institución ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en la prestación del servicio a la sociedad y los usuarios; día a día se viene fortaleciendo la institución y la institucionalidad, buscamos consolidar el Modelo de Gestión por Resultados, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo y brinden un acceso a la justicia a todos los usuarios internos y externos, con la premisa de transparentar nuestro accionar”, expresó Lanchipa.

Según un reporte institucional, entre los avances destaca el nuevo modelo de Gestión Fiscal por Resultados, fortalecimiento de las capacidades para la persecución penal, sistema de gestión en línea con información en tiempo real a través del sistema informático denominado “Justicia Libre”, entre otros, para consolidar el sistema penal acusatorio.

Asimismo, la autoridad resaltó que entre las primeras acciones asumidas está la consolidación de un Plan de Trabajo para los seis años de gestión, cimentados a través de Líneas Estratégicas 2019-2024 y que son el referente para el cambio que se pretende alcanzar en el Ministerio Público, mediante 30 líneas de acción.

Añadió que se realizó la reingeniería y “Modelo de Gestión Fiscal por Resultados” reemplazando a las fiscalías corporativas por las fiscalías especializadas, enmarcadas en la atención diferenciada y especializada, oportuna y científica del hecho delictivo, que tienen como característica el desarrollo estratégico e inteligente de la investigación criminal y del litigio oral.

Entre ellas destacan la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, concebida para mejorar y especializar la atención de casos de violencia hacia las mujeres y poblaciones vulnerables; y la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, con la finalidad de brindar mayor atención a los crímenes que comprometen el “derecho a la vida”, sobre todo a los hechos de Feminicidios e Infanticidios.

Indicó que se creó la Unidad de Solución Temprana, para la búsqueda de soluciones rápidas y oportunas; la Unidad de Reacción Inmediata diseñada para la atención efectiva de todos los casos de flagrancia; unidades de análisis de casos para la derivación de casos a la instancia competente para su solución efectiva.

Asimismo, resaltó que los logros y resultados de la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión están la estandarización y unificación de criterios en la recepción de la denuncia; mejor respuesta en la atención de casos en razón de género y de muertes violentas; incremento en la solución de los conflictos mediante la aplicación de mecanismos alternos al proceso penal y la restauración de la armonía social; mejora en los tiempos de asignación de casos al fiscal y en la comunicación de actuaciones, memoriales y otros; orientación oportuna y derivación asistida; información actualizada y oportuna sobre el estado del proceso; optimización en los tiempos de notificaciones procesales y electrónicas, entre otros.

Lanchipa señaló que al 01 de enero de 2018 se tenía el mayor pico de casos activos con 290.817, por ello se tomó acciones que permitan bajar esa carga, como planes de descongestionamiento de causas y, al 23 de octubre de 2021, se tiene 151.458 casos activos, es decir que con las acciones realizadas se tiene una carga mucho menor.

Explicó que se inició con la implementación de las Plataformas Integrales de Atención de Casos, el 4 de noviembre de 2019.

“Hemos iniciado con herramientas que nos permitan realizar el análisis de los fenómenos criminales”, acotó.

Además, añadió que el Sistema Justicia Libre (JL) cuenta con 38 módulos, que ya tiene el registro de más de 1.700.000 casos penales que datan desde la gestión 2000, se puede acceder a más de 14.000.000 de actuados procesales “lo que se constituye en la mejor y mayor base de datos de información digital de casos penales en el sector justicia”.

“Estamos dejando poco a poco las prácticas burocráticas y nos estamos centrando en mejorar la investigación y el litigio estratégico”, indicó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que la comisión de fiscales a cargo de investigar el caso golpe de Estado, convocará a declarar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y a su padre, José Luis Camacho, en el trascurso de esta semana; se prevé que en las próximas horas se determine el departamento donde prestarán dicha declaración.

“La comisión de fiscales que está llevando la investigación ha señalado que va a ser esta semana la recepción de la declaración del señor (José Luis) Camacho padre y señor (Luis Fernando) Camacho hijo; la información que tenemos es que será en el trascurso de esta semana”, indicó el fiscal general a la prensa.

Explicó que en las próximas horas se conocerá la determinación de la comisión, si la citación será para que se presenten en las oficinas en La Paz o en Santa Cruz, como solicitó el padre del gobernador cruceño.

El 6 de octubre, la Fiscalía suspendió la declaración del gobernador cruceño programada para el 7 de octubre, porque necesitaba la declaración previa de su padre, quien pidió prestar su declaración en Santa Cruz y no en La Paz, argumentando problemas de salud.

En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y fue uno de los principales impulsores de las movilizaciones para pedir la renuncia del entonces presidente, Evo Morales Ayma. Tras el motín policial, además de la sugerencia de las Fuerzas Armadas para su renuncia a la presidencia del país, se desencadenó una escalada de violencia en todo el territorio boliviano.

También se difundió un video en el que Camacho aseveró que su padre coordinó con militares y policías contra el Gobierno constitucional de ese entonces.

Camacho fue denunciado por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por haber participado y propiciado la crisis política de 2019, por lo que ahora debe enfrentar una denuncia  por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

(Foto: Ministerio de Defensa)

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este lunes que iniciaron patrullajes militares permanentes para luchar contra los incendios en el Parque Tunari de Cochabamba. Indicó que, tras un sobrevuelo realizado en las zonas afectadas, confirmó que el fuego suscitado el fin de semana está completamente apagado.

“Se ha definido, en una reunión coordinada con la Gobernación y nuestras Fuerzas Armadas, instalar en este lugar un campamento permanente que nos va a permitir el patrullaje en toda la zona las 24 horas, con las tres fuerzas que componen las Fuerzas Armadas”, indicó Calvimontes en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

Explicó que se realizarán patrullajes aéreos y terrestres de manera permanente para evitar que este tipo de incendios persistan y generen zozobra en la población. Detalló que se movilizará a 100 efectivos militares, quienes resguardarán el lugar para luchar contra los incendios.

La mañana de este lunes, autoridades nacionales y departamentales de Cochabamba realizaron un sobrevuelo de reconocimiento en el Parque Tunari, lugar donde el domingo se suscitó un incendio, el mismo fue sofocado debido a la intervención de equipos de bomberos forestales y de las Fuerzas Armadas.

“La zona afectada está completamente apagada, ya no hay presencia de incendios; sin embargo, los bomberos voluntarios tanto como los bomberos de las Fuerzas Armadas van a seguir trabajando para hacer un enfriamiento total”, indicó.

Según el reporte preliminar, se presume que el incendio fue premeditado. La zona afectada es alrededor de 650 hectáreas, de las cuales el 80% corresponde a pastizales y el 20 % a bosques. Acotó que ya se iniciaron las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de este suceso.

Explicó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) realizan la cuantificación de los daños que ocasionó este incendio.