(Foto: CM)

El Consejo de la Magistratura informó este viernes, mediante un informe oral y escrito ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sobre la retardación en la atención y resolución de casos de feminicidio y el trabajo que realiza esa institución judicial referente a casos vinculados a violencia de género. 

“Los informes han sido muy satisfactorios tanto para oficialismo y oposición, quienes manifestaron su conformidad, nosotros hemos presentado técnica y jurídicamente todos los documentos y descargos que se han trabajado y se están realizando en la presente gestión”, afirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Durán.

Según un reporte institucional, se presentó un informe detallado respecto a las políticas de gestión y actividades que se desarrollaron frente al crecimiento de casos de violencia contra la mujer y feminicidios.

Asimismo, detalla el funcionamiento de los juzgados disciplinarios, procesos disciplinarios contra administradores de justicia, actividades de control y fiscalización, además de los avances y resultados obtenidos en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional “Hagamos Un Pacto Vivamos Sin Violencia”, este último suscrito entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y la Policía Boliviana.

De igual forma, se informó sobre las Políticas de Gestión que se realizaron, como ser la implementación de la Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano Judicial, aplicación de los protocolos con perspectiva de género y las gestiones que va realizando para la implementación de la Unidad de Género del Consejo de la Magistratura.

También se detalló sobre los mecanismos que se están aplicando para llevar adelante el proceso de evaluación a los administradores de justicia y su respectiva capacitación.

El reporte se brindó a petición de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio como una forma de evaluación a los ocho años de vigencia de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley N° 348).

(Foto: Régimen Penitenciario)

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció este viernes que se instalará dos Body Scanner o escáneres de cuerpo para fortalecer el trabajo de seguridad de la Policía Boliviana en las requisas que se realizan a privados de libertad y visitas al Centro Penitenciario de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.

"Estamos implementando un espacio de requisa con equipos de última tecnología que permitirán garantizar la seguridad al interior del penal”, mencionó Limpias.

Según un reporte institucional, los equipos de reciente tecnología entrarán en funcionamiento los siguientes días para controlar con “eficiencia” los artículos y objetos que ingresan al penal de Chonchocoro.

Uno de los escáneres tendrá la función de controlar los ingresos de maletas, bolsos, encomiendas y bultos, en tanto, el segundo permitirá controlar a detalle el ingreso de las personas que visitan el recinto penitenciario.

Limpias también detalló que en horas de la madrugada de este viernes se realizó una requisa con la finalidad de desarticular grupos de poder que se estarían conformando en Chonchocoro. Durante el operativo se pudo secuestrar celulares, armas punzo cortantes, artefactos electrónicos prohibidos, además de sobres de cocaína y marihuana.

(Foto: VSC)

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este viernes que se realizó un encuentro de Seguridad Ciudadana con Brasil y se firmó una carta de intenciones con 17 compromisos para fortalecer acciones en el marco del “Plan Frontera Segura”.

“En este encuentro hemos suscrito una carta de intenciones en la que asumimos 17 compromisos, será la hoja de ruta para luchar contra la criminalidad en frontera y realizar un seguimiento periódico para revisar su cumplimiento y los resultados alcanzados”, aseveró Ríos en conferencia de prensa. 

Explicó que en la reunión participaron los representantes de la Secretaría de Justicia, Seguridad Pública y un grupo especial de control de fronteras de los estados del Acre, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur y Rondonia de Brasil.

En tanto, la comitiva boliviana fue conformada por los jefes departamentales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz.

Indicó que en la frontera se realizarán trabajos de manera conjunta y coordinada para reducir los índices de delincuencia.

Aseveró que con el acuerdo se realizará un intercambio de informaciones de manera oportuna para mejorar la seguridad en frontera, además de crear enlaces a través de las unidades investigativas para fortalecer una comunicación fluida.

Asimismo, detalló que se realizará la capacitación de los efectivos policiales, patrullajes conjuntos en frontera y que se pretende implementar nuevas tecnologías en las diferentes áreas.

Ríos indicó que el Gobierno nacional está “extremando esfuerzos” para luchar contra la criminalidad.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este viernes que el Decreto Presidencial 4461, abrogado en la víspera, logró beneficiar a 709 privados de libertad por razones humanitarias, entre el 18 de febrero y el 20 de octubre de esta gestión.

La directora de Defensa Pública, dependiente de esa Cartera de Estado, Marcela Siles, confirmó que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto 4461 promulgado en febrero y abrogado por unanimidad el pasado jueves 21 de octubre, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, confirmó Siles, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto que tuvo una vigencia de siete meses. 

Según un reporte institucional del Ministerio, la autoridad desmintió las aseveraciones de legisladores de oposición quienes tergiversaron la información al insinuar que la norma benefició a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS)

Siles aclaró que el indulto benefició a privados de libertad por razones humanitarias y con el objetivo de liberar los recintos penitenciarios de la situación de hacinamiento y más en un contexto de pandemia por COVID-19.

Asimismo, detalló que fue aplicado con las excepciones a los imputados por delitos contra la vida, trata y tráfico de personas, narcotráfico y otras contravenciones que no permiten acceder al beneficio presidencial.

El 17 de agosto, el GIEI-Bolivia presentó su informe que confirmó que durante el gobierno de facto de Jeanine Añez existieron graves vulneraciones a los derechos humanos. El informe señaló que la aplicación del Decreto Supremo podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

Por lo que, ese mismo día, el presidente Luis Arce anunció la abrogación que se hizo efectiva el pasado 21 de octubre, durante la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada por el presidente nato de esa instancia y vicepresidente del Estado Plurinacional del Bolivia, David Choquehuanca, en cumplimiento a la recomendación y con el objetivo de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.