La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia inauguraron este jueves en La Paz la primera Sala de Transparencia Nacional que será modelo para que otras instituciones opten por acciones en contra de ilícitos.

“A partir de esta sala de transparencia, nosotros vamos a poder agilizar de una manera proactiva las consultas y dudas que se tienen respecto a un trámite. Es la primera sala que se implementa en el país. Contamos con 10 direcciones y una en el Gran Chaco que buscarán la transparencia en el marco de cero tolerancia a la corrupción”, dijo el titular de la ANH, Germán Jiménez.

La nueva infraestructura se caracteriza por estar rodeada de paredes hechas de vidrio, una cámara de seguridad y micrófonos que grabarán todas las reuniones, queda ubicada en el edificio Girasoles, calle Villegas y Campos en la zona Sopocachi.

“Las iniciativas para evitar la corrupción siempre serán bienvenidas por el Viceministerio de Transparencia, porque tenemos que garantizar al usuario sus procesos y la seguridad de que su trámite no será moroso. Así que quiero felicitar a la ANH por esta iniciativa e invitar a otras instituciones a implementar estas salas de transparencia”, remarcó la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.

La sala será un espacio para la atención presencial de trámites al operador para acelerar los pasos administrativos, resolver cuestiones dadas en el tema de hidrocarburos y evitar cualquier caso de corrupción.

Cabe remarcar que el Artículo 10 de la Ley 3058 de Hidrocarburos obliga a las autoridades responsables del sector a conducir los procedimientos administrativos de manera pública, asegurando el acceso a la información a toda autoridad competente y personas individuales, colectivas que demuestren interés.

Todo operador que lo requiera podrá solicitar una reunión con la ANH, a través del acceso a un ticket electrónico o un código QR, mismos que se encuentran en el portal web de la institución: www.anh.gob.bo

Para acceder a este servicio, la persona acreditada debe presentar su certificado de vacunación o prueba negativa de COVID-19.

El director regional la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur de La Paz, Jimmy Sanga, informó este jueves que el informe forense descarta que María Fernanda, la joven que murió en un Estación Policial Integral (EPI), haya sido víctima de alguna agresión sexual.

“Se ha hecho un examen minucioso forense, ha salido el protocolo (…) donde se descarta algún tipo de agresión sexual en la víctima; sin embargo, ante este hecho, se ha conformado una comisión de investigadores que está trabajando bajo la dirección del Ministerio Público”, expresó el jefe policial a Bolivia TV.

Según el reporte de los forenses, la causa de la muerte es anoxia cerebral causada por un supuesto “ahorcamiento”, este hecho es investigado por una comisión de investigadores, quienes evalúan las declaraciones de los sospechosos.

“Se han tomado las declaraciones de todas las personas que han participado de este lamentable hecho, se tiene todas las versiones iniciales, se están haciendo las valoraciones”, remarcó.

Sanga indicó que se tomaron declaraciones de jóvenes detenidos y que también se cuenta con la versión de la familia, por lo que solicitaron exámenes adicionales para que se esclarezca este hecho. Indicó que la familia puede acceder a los resultados de la investigación.

“El mismo día del hecho, se encontraban detenidas estas tres personas; ese mismo día, fueron a declarar a la FELCC, tenemos la versión de ellos y uno de los familiares”, detalló.

Según el reporte policial, la joven fue detenida junto a otras tres jóvenes, por consumir bebidas alcohólicas en un vehículo en vía pública. El 6 de octubre, reportaron que María Fernanda fue encontrada en una celda sin vida. Los efectivos policiales indican que se suicidó con un cordón; sin embargo, la familia de la víctima cuestionó esta versión y exige que se esclarezca la muerte

El abogado René Villarroel, defensor del exvocal electoral Ildefonso Mamani, dijo que las presuntas víctimas del supuesto fraude electoral de los comicios de 2019, no presentaron las pruebas de sus acusaciones por lo que laFiscalía ratificó el sobreseimiento de exvocales del Tribunal Supremo Electoral y cerró el caso “fraude electoral”.

El jurisconsulto, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que la Fiscalía no encontró suficientes pruebas para sustentar la acusación contra los exvocales electorales.

Dijo que quienes denunciaron un supuesto fraude electoral tras las elecciones generales del año 2019, no presentaron las pruebas fácticas de sus acusaciones ante las autoridades judiciales en un periodo de casi dos años.

“Las víctimas no aportaron las suficientes pruebas”, indicó el abogado.

Explicó que, con la determinación de la Fiscalía, “se acaba el proceso” y no existe posibilidad de apelación.

Entre los denunciantes de supuestas irregularidades en los comicios de 2019, se encuentra Carlos Mesa, quien entonces denunció la existencia de un “fraude monumental”, denunció que dio pie al golpe de Estado de entonces.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratificó este miércoles el requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de cinco exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso de supuestos delitos electorales registrados durante los comicios generales de 2019 y dispuso el cierre del caso.

“Ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento Nº 06/2021 de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de Materia Leticia Muñoz Daza, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Eddy Junior Flores Quispe y Manuel Saavedra Saavedra (…). Asimismo, dispone la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas y la cancelación de sus antecedentes penales”, menciona el documento oficial del caso.

La resolución fue emitida a favor de María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la comisión de los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.

La determinación judicial beneficia también a Windsor Joaquín Saire Quipildor, José Antonio Pardo Álvarez, Wilson Rodríguez Vinaya y Abimael Jhonatan Machicao Jiménez, Lidia Iriarte Torrez y Sergio Daniel Martínez Beltrán.

(Foto: CM)

El Consejo de la Magistratura informó este miércoles que se logró recuperar más de 180 expedientes de procesos disciplinarios en grado de apelación, que fueron extraviados durante la gestión de los exconsejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón. Tras las denuncias exconsejeros y exfuncionarios devolvieron los procesos disciplinarios.

“Estos expedientes han sido recuperados por el pleno del Consejo de la Magistratura, mediante cartas notariadas, llamadas telefónicas, anuncios de procesos. La devolución de los mismos se realizó de la forma más irresponsable, fueron devueltos por los exasistentes de los exconsejeros y exfuncionarios públicos de menor rango, incluso algunos expedientes fueron dejados en sillas, en despachos y escritorios. Los 186 expedientes no se encontraban en la institución”, manifestó Marvin Molina, magistrado del Consejo de la Magistratura, según un reporte institucional.

Molina destacó las acciones realizadas junto a la decana del Consejo, Mirtha Meneses, para recuperar los expedientes a través de denuncias públicas realizadas en agosto, con las que se evitó que cerca de 200 jueces del todo el país, con procesos disciplinarios, queden impunes.

Por su parte, Meneses señaló que existe un daño en los plazos procesales en los diferentes casos porque se dejó en la incertidumbre a las partes.

“Todos los expedientes serán regularizados y devueltos a los distritos para tranquilidad de las partes procesales”, informó.

En ese marco, el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, indicó que hasta la fecha se culminó un informe técnico, circunstanciado y detallado respecto a los expedientes extraviados.

En tanto, la Sala Plena realizará la valoración legal para asumir acciones pertinentes, puesto que se habría perjudicado el accionar y el andamiaje disciplinario en el Consejo de la Magistratura.