El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que seis policías ya prestaron su declaración en el Ministerio Público, por la muerte de María Fernanda en una celda de la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa. Aclaró que los efectivos son investigados por el delito de incumplimiento de deberes.

“Ya han ido a declarar al Ministerio Público seis efectivos policiales, uno de los delitos que se está investigando es por incumplimiento de deberes. Será la Justicia quien determine ampliar o no estos delitos”, expresó.

Detalló que la orden de realizar una investigación pormenorizada para esclarecer la muerte de la joven se dio tras conocer este hecho. Asimismo, reiteró que según el examen médico forense se descarta cualquier tipo de agresión, además, señaló que quienes custodiaban la celda era dos oficiales mujeres; sin embargo, los efectivos policiales deben ser investigados en la vía penal y disciplinaria.

“Una vez mi persona toma conocimiento del suicido de una mujer en una de las celdas policiales instruye que se realice una investigación penal y una investigación disciplinaria en contra de los seis efectivos policiales (…) tanto a las personas que lograron su arresto, como a las personas que estaban custodiando a esta mujer”, expresó el ministro en conferencia de prensa.

Añadió que se solicitó una copia del certificado de defunción y del certificado forense que descarta que la joven hubiera sufrido algún tipo de violencia. Indicó que se investigará el grado de responsabilidad de cada uno de los paticipantes y se determinará si pudieron evitar la muerte de la joven.

“El certificado médico forense demuestra que no ha existido ningún tipo de violencia, no ha existido violación como están señalando en algunas redes sociales, era una mujer que se ha quitado la vida; sin embargo, existe responsabilidades (…) de cómo pudimos haber evitado la muerte de esta mujer en una de las celdas policiales.

Acotó que los efectivos cumplieron con el protocolo de quitar las agujetas de las zapatillas, pero no así del cordón que tenía en su pantalón, y con el que se presume que se habría quitado la vida.

“Manifestamos a la familia de la víctima que, si ellos deciden realizar nuevamente un examen médico forense, vamos a generar las condiciones materiales para que nuevamente se realicen. Inicialmente el primer examen médico forense, reitero, descarta cualquier símbolo o signo de violencia en contra de esta persona, descarta cualquier tipo de violación (…), las personas que custodiaban a esta mujer eran dos mujeres oficiales”, indicó a autoridad.

Según el reporte policial, la joven fue detenida junto a otras tres personas por consumir bebidas alcohólicas en un vehículo en vía pública. El 6 de octubre, reportaron que María Fernanda fue encontrada en una celda sin vida. Los efectivos policiales indicaron que se suicidó con un cordón; sin embargo, la familia de la víctima cuestionó esa versión.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que se solicitará que la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, sea nuevamente investigada por el caso “Gases Lacrimógenos”, tras evidenciar que obtuvo un crédito para una vivienda de $us 100.000 sólo con garantías personales, siendo los garantes el exministro Arturo Murillo y Sergio Rodrigo Méndez, quienes están encarcelados en Estados Unidos, investigados por lavado de dinero y corrupción.

“Necesitamos tener la certeza de porqué se le otorgó un crédito a una persona para comprar un inmueble con garantías personales (…). Evidentemente existe una conexión personal con estos delincuentes y vamos a pedir que la señora Jeanine Áñez nuevamente sea incorporada en la investigación del caso gases lacrimógenos”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

Según las investigaciones que se realizaron, la exmandataria accedió al crédito en dos partidas, mismas que coinciden con la fecha en la que se adquirió gases lacrimógenos con sobreprecios, causando un daño económico al Estado de alrededor de $us 2,3 millones.

“En menos de 30 días, se le habría otorgado dos créditos por más de 50.000 dólares americanos, (…) se otorgó más de 100.000 dólares para la compra de un bien inmueble y los garantes de la señora Jeanine Áñez eran el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, justo en la fecha donde se realizaban los desembolsos de la compra de los gases lacrimógenos”, manifestó.

Del Castillo cuestionó que se haya otorgado este crédito, por lo que se pedirá que la Justicia investigue nuevamente a la exmandataria por presuntas conexiones con el caso “Gases Lacrimógenos”.

Durante el gobierno de facto, se adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, pero a través de una intermediaria norteamericana, se presume que en esta oportunidad se hizo la compra con sobreprecio.

Murillo fue exministro y hombre fuerte de Áñez, ahora está detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.

El 8 de noviembre, se hará la lectura de los cargos y el imputado deberá responder si se declara culpable o no. El próximo 13 de diciembre se dará la lectura de sentencia a los cómplices de Murillo, quienes se declararon culpables, entre ellos se encuentra el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez M, quien también fue garante de Áñez.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentenció este viernes que la denominada sucesión “ipso facto” solo se aplica de la presidencia del Estado a la vicepresidencia y a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Se estableció que en 2019 nunca hubo vacío de poder, por lo que la “sucesión” de Jeanine Áñez fue inconstitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo “vacío de poder” ni “sucesión constitucional” en la autoproclamación de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019. 

El razonamiento constitucional emerge de la sentencia promovida por un Recurso Directo de Nulidad interpuesto por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, contra Susana Rivero Guzmán, por haber emitido el Comunicado S.G. 0010/2019-2020 de 13 de noviembre de 2019 y la Resolución Camaral 062/2019-2020 de 14 de igual mes y año, en ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa, pese a haber hecho conocer su renuncia vía Twitter; y contra Simón Sergio Choque Siñani, por haber sido elegido como nuevo Presidente de dicha Cámara en esas circunstancias.

En el presente caso se discutió si Susana Rivero Guzmán usurpó funciones sin competencia al emitir los señalados actuados en calidad de Presidente de la Cámara de Diputados. El TCP determinó a través de la SCP 0052/2021 de 29 de septiembre, que conforme al Reglamento de la mencionada Cámara, Rivero sí tenía competencia para emitir dichos actuados en calidad de Primera Vicepresidente en ejercicio temporal de la Presidencia.

De igual manera se concluyó que Margarita del Carmen Fernández Claure, solamente ejerció la Presidencia de esa Cámara de manera temporal y circunstancial, mientras Susana Rivero Guzmán se encontraba impedida, pues a diferencia de la sucesión presidencial que puede darse ipso facto conforme al art. 169 de la CPE, esta figura no es aplicable para el caso de la Presidencia de la Cámara de Diputados, debiendo toda renuncia ser tratada y aceptadas por el Pleno Camaral. Este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de presidente o presidenta.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este viernes que el retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional es un triunfo para el Gobierno porque se desarticuló grupos que pretendían generar conflictos, perjudicando a la reactivación económica del país.

“Nosotros nos sentimos triunfadores al haber retirado este proyecto normativo, porque estamos evitando que grupos armados, hemos desarticulado grupos que generan conflictos dentro del territorio nacional, (…) ya no tienen razón alguna para generar movilizaciones, ya no tienen razón alguna para generar un paro que perjudique la economía, que perjudique la estabilidad y que perjudique la reactivación económica”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

Aseveró que la declaración de opositores que indican que es una derrota para el Gobierno no corresponde porque el Gobierno trabaja escuchando al pueblo y al asumir esta acción se logró desarticular a grupos que solo pretendían generar caos y perjudicar la reactivación económica que encara el presidente Luis Arce.

Asimismo, explicó que las únicas derrotas que se vio en estos días corresponden al Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien convocó a un paro nacional, sin obtener resultados. Además, dijo que al día siguiente, cerca de un millón de personas salieron a las calles en defensa de la wiphala, símbolo patrio que fue catalogado como un “trapo” por Rómulo Calvo, representante del comité cruceño.

“No es ninguna derrota, la derrota ha sido del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el pasado día lunes, que convocó a un paro cívico nacional y este no ha rendido fruto alguno. Al día siguiente hemos visto en todo el territorio nacional movilizado a más de un millón de personas defendiendo a un símbolo patrio, la segunda derrota para el Comité Cívico que catalogó a un símbolo patrio como un trapo, denigrando a todas las personas que se sienten identificadas y representadas por este símbolo”, señaló.

El 14 de octubre, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el Gobierno decidió retirar el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al Gobierno y generar violencia y confrontación entre el pueblo.