Denuncian manejo irregular de contratación de personal en Bolivia Tv y en el periódico Bolivia durante el régimen de Áñez
Denuncian manejo irregular de contratación de personal en Bolivia Tv y en el periódico Bolivia durante el régimen de Áñez

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles un manejo discrecional e irregular en la contratación de personal en Bolivia Tv y en el entonces periódico Bolivia, durante el régimen de Jeanine Áñez.

Se encontró incumplimiento de requisitos, gestión ineficiente y discrecional en la gestión de RRHH, no se registró asistencia de consultores durante todo el mes de enero de 2020, se detectaron ocho casos de consultorías en línea irregulares, se detectó la designación de cinco ítems de manera irregular y se contrataron servicios profesionales en forma irregular.

En cuanto se refiere a las consultorías en línea, en el periodo 2020 se realizaron 242 contrataciones por un monto de Bs 10.363.163. En cambio, en el año 2021 se efectuaron 185 contrataciones por un monto de 4.355.789, indica el reporte.   

Entre las contrataciones discrecionales e irregulares se menciona los casos de Humberto Vacaflor Ganan, Pablo César Llano Cuellar, Diego Marcelo Ayo Saucedo y Edwar Ayma Romay. A ellos se añade el caso del comentarista Carlos Federico Valverde Bravo.

En el caso de Vacaflor, una investigación jurídica y administrativa encontró que fue contratado por Daniela Gonzáles en el marco de un contrato de servicios para análisis político social en Bolivia Tv.

La vigencia de su contrato fue del 01/09/2020 al 31/12/2020 por un monto de Bs 28.092. El convenio fue rescindido el 1 de diciembre de 2020 por incumplimiento del contratista.

También fue contratado por el entonces periódico Bolivia como columnista del 03/01/2020 al 31/12/2020 por un monto de Bs 82.872. Sin embargo, cumplió el rol de editorialista, indica la denuncia.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran que el “servicio se pagó utilizando una partida de gasto no aplicable”, no se determinaron requisitos claros y medibles y “la propuesta del proveedor del servicio no responde a las especificaciones técnicas y no adjunta documentación de respaldo”.

En el caso de Llano Cuellar, la denuncia indica que fue contratado como consultor individual de línea recibiendo un pago de Bs 107.697 del 20/03/2020 al 10/11/2020. Cumplió las funciones de “coordinador enlace presentadores prensa”.

Las irregularidades detectadas son: No presentó el título en provisión nacional en Comunicación Social, no cuenta con experiencia específica de cuatro años en instituciones públicas, no registra asistencia laboral (no se registró asistencia a su fuente de trabajo durante 47 días entre junio y noviembre de 2020), señala el reporte.

Además de ello, indica el informe, tiene denuncias de maltrato y acoso laboral.

El contrato de Llano fue firmado por Andrés Rojas Luna.

Otro caso denunciado es de Ayo Saucedo, quien fue contratado como consultor individual de línea, Productor 10, del 20/03/2020 al 30/11/2020 por un monto de Bs 78.185. El contrato fue resuelto por inasistencia laboral.

Las irregularidades detectadas son: no cumplió con los requisitos para el cargo, no cuenta con experiencia específica de dos años realizando producción y no presenta documentación para la formalización del contrato. Además. “se evidencia que no registra asistencia en 110 días entre junio y noviembre de 2020”.

Su contrato fue firmado por Andrés Rojas Luna.

Otro caso que se refiere a la asignación ilegal de ítem es de Ayma Romay, jefe regional Cochabamba, a quien se le asignó el ítem 098/2019 del 18/11/2019 al 08/12/2020 por un monto total de Bs 143. 341.

Las irregularidades detectadas son: no cumplió con los requisitos constitucionales (Artículo 234), no presenta Libreta de Servicio Militar, no presenta certificado de idioma nativo, no presenta Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y no presenta título en provisión nacional

En este caso, el memorándum fue firmado por Gonzalo Rivera A.

En este último caso, Ayma Romay, aseguró en el programa Econtrados, difundido por Facebook, que presentó la documentación correspondiente al ser posesionado en su cargo mientras que Rivera indicó en ese mismo programa radial que cumplió con la normativa legal.

Otro caso es del comentarista Valverde Bravo quien recibió Bs 75.275 del gobierno de facto de Jeanine Áñez entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, según planillas y documentos del entonces Ministerio de Comunicación. Esos cobros los efectuó mientras emitía sus opiniones en diferentes medios de difusión privados, según una publicación del periódico web Crónica Digital

Ese periódico web indicó que Valverde Bravo recibió ese monto total por escribir columnas de opinión, en el periódico Bolivia, que a veces no pasaban de los cuatro párrafos.

"Según la nota interna 0054/2020, tanto Humberto Vacaflor como Carlos Valverde escribían columnas a pedido para el periódico Bolivia. Mientras los demás periodistas de ese medio de comunicación debían asistir a su fuente laboral con sede en la ciudad de La Paz, Vacaflor podía hacerlo desde Tarija y Valverde desde Santa Cruz", añade el reporte del periódico digital.


 
Presidente Arce retorna a Bolivia tras su participación en el COP26
Presidente Arce retorna a Bolivia tras su participación en el COP26

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, retornó este miércoles al país luego de su participación en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, Reino Unido.

El jefe de Estado partió en el avión presidencial al final de la tarde con la comitiva oficial que le acompañó en sus actividades.

De manera previa a su retorno, el mandatario estuvo en la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde destacó las cualidades del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

El jefe de Estado es exalumno de esa universidad. Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas (MSc. in Economics) luego de estudiar entre 1996 y 1997.

Durante su presentación en la COP26, el mandatario resumió tres planteamientos referidos a maximizar los esfuerzos para limitar a 1,5 °C el calentamiento global; la incorporación de mecanismos alternativos al de mercado para acceder a financiamiento de países desarrollados; y lograr un financiamiento “oportuno” para países en desarrollo que permitan combatir los efectos del cambio climático.

Respecto a los esfuerzos para limitar a 1,5 °C la temperatura global, dijo que los países desarrollados plantearon esa meta para 2050, lo cual “no es viable para la humanidad y representa un enorme riesgo para todos y todas”.

“También hemos incorporado un mecanismo alternativo al de mercado para que fluya el financiamiento hacia los países en desarrollo. En el caso boliviano, no creemos en los instrumentos de mercado que han planteado los países desarrollados como alternativas para que fluyan los 100.000 millones de dólares que hasta ahora no se ha conocido que hayan desembolsado los países desarrollados para poder cubrir y llegar a las metas del Acuerdo de París”, acotó.

Sobre el punto, señaló que el Estado Plurinacional incorporó mecanismos alternativos “que no sean de mercado” y que se constituyan en ayuda directa para los países en desarrollo, para encarar los problemas de la crisis climática.

“Finalmente, el tema del financiamiento, respetando las pérdidas que se ha tenido ya en los países en desarrollo, haciendo sostenible su manejo, su resiliencia con lo que está ocurriendo con el cambio climático en muchos países y la crisis climática que estamos enfrentando varios de los países en desarrollo”, dijo.

Explicó que el financiamiento también se refiere a transferencia tecnológica a los países, para reducir las emisiones de carbono en el planeta.

“Ha sido interesante ver cómo los países desarrollados tratan de mostrarse como los grandes luchadores por la defensa de lo que ellos llaman el cambio climático; nosotros hemos enfatizado que se trata de una crisis climática porque está siendo incontrolable y esto es muy perjudicial para toda la humanidad”, comentó.


Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales
Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este miércoles que se identificó al menos seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Áñez por la toma violenta de medios estatales y la suspensión arbitraria de sus transmisiones.

“¿Qué hemos identificado? Tipos penales identificados, como por ejemplo contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos, omisión de denuncia. Son esos tipos penales que han sido identificados”, manifestó, en una entrevista en Radio Vanguardia.

La autoridad estatal recordó que la denuncia de las acciones del gobierno de facto contra los medios estatales, y el daño económico causado, fue presentada en esta jornada, por lo que recordó que debe ir a una etapa de investigación y los procesos correspondientes.

“Esto ya tiene una etapa de investigación en la instancia que corresponda, procesos coactivos, administrativos, penales. Bueno, ya tiene que su curso a seguir, nosotros hoy hemos identificado, hemos mostrado y bueno para adelante ya también los directores de los medios de comunicación del Estado tienen que asumir acciones”, aseveró.

Horas antes, la viceministra de Comunicación denunció que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación”, aseveró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Aseguró que los hechos se conocieron mediante una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación, en la cual se pudo constatar que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma.

En el caso de Bolivia Tv, aseguró que se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs 2.593.280. Se afectó a 887.029 personas.

Dijo que, además, se evidenció el manejo ilegal de contratación de personal en medios estatales durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera. Denunció el incumplimiento de requisitos, la gestión ineficiente y discrecional en la gestión de Recursos Humanos, la falta de registro de asistencia de consultores durante enero de 2020, casos de consultorías en línea irregulares, la designación de cinco ítems al margen de la norma y la contratación de servicios profesionales en forma no adecuada.

Aseveró que, en instalaciones de la Regional Cochabamba de BTv, se encontró escudos utilizados en acciones violentas por el grupo paraestatal “Resistencia Juvenil Cochala”.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada.

“Se va a proceder como corresponde en todos los casos. Como había dicho, nosotros tenemos que cumplir con la norma, somos fiscalizados en esa línea. Vamos a presentar (las denuncias) contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes que han estado cumpliendo esa función pública”, dijo la viceministra de Comunicación.


Vicecanciller destaca los cuatro ejes de la propuesta boliviana en la COP26 para atenuar el cambio climático
Vicecanciller destaca los cuatro ejes de la propuesta boliviana en la COP26 para atenuar el cambio climático

El vicecanciller Freddy Mamani destacó las cuatro propuestas efectuadas por el presidente Luis Arce en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia y lamentó que países industrializados intenten transferir sus responsabilidades sobre la crisis climática a los países en vías de desarrollo.

“Uno de los puntos primordiales es como mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados centígrados, que es la agenda internacional”, indicó la autoridad en entrevista con el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva.

Otro de los aspectos planteados por el presidente Arce, añadió el Vicecanciller, es “el financiamiento, la provisión de financiamiento que es muy importante para los países en vías de desarrollo”.

Indicó que los países industrializados no cumplieron el compromiso asumido en Paris, de financiar más de $us 100 mil millones a los países en desarrollo con el fin de enfrentar el cambio climático.

Un tercer y cuarto aspecto se refieren a la transferencia de tecnología y al “enfoque de no mercado, que es un tema central” frente a “la visión occidental de mercantilizar el bosque, la naturaleza”, manifestó.

El Vicecanciller lamentó que, tras el acuerdo de París, algunos países desarrollados están “queriendo transferir sus responsabilidades a los países en desarrollo” respecto al cambio climático.


Alcón devela que el régimen de Áñez utilizó instalaciones de BTV para el grupo paramilitar y parapolicial RJC
Alcón devela que el régimen de Áñez utilizó instalaciones de BTV para el grupo paramilitar y parapolicial RJC

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que las instalaciones de la regional Cochabamba del canal estatal Bolivia TV fueron utilizadas en el régimen de Jeanine Áñez en beneficio de grupos paraestatales irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

“¿Qué ocurría en instalaciones de la regional Cochabamba de BTV? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Se encontró escudos utilizados en acciones violentas del grupo paraestatal ‘Resistencia Juvenil Cochala’”, aseveró.

Denunció que tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Cuestionó que en aquella oportunidad los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.

“Qué es lo que hacía este tipo de materiales en instalaciones de un medio de comunicación del Estado, donde, además, como les hemos dicho, se ha bajado la señal durante casi cuatro días”, aseveró. 

La autoridad gubernamental indicó que todos estos hechos deben ser investigados para que se asuman las acciones correspondientes.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una organización de fuerza de choque que generó violencia frente a movilizaciones de simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que defendían el gobierno de Morales en 2019. El grupo irregular respaldó el régimen de Áñez.


© CopyRight — Agencia Boliviana de Información 2024 ABI