El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este sábado que el abastecimiento de carne de res es normal en los mercados del país.

“Nos han manifestado (los distribuidores de carne) que, en el transcurso del día, el día sábado y el domingo, básicamente el abastecimiento de este producto en las principales ciudades está garantizado”, manifestó, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental recordó, además, que tendrá una reunión técnica este domingo, desde las 16.00, con los distribuidores de carne del departamento de La Paz para atender las demandas que provocaron que se declaren en emergencia.

El encuentro contará con la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, por pedido de los dirigentes del sector, complementó.

“Ellos están demandando que los ganaderos puedan llevar ganado en pie a los centros de remate y que de los centros de remate pueda salir suficiente carne, y que esa carne pueda ser abastecida y distribuida oportunamente en los centros de venta”, señaló.

Explicó que se estudiará el pedido para determinar de manera técnica lo que sucede en los centros de remate, porque allá, “posiblemente hay una tergiversación de información porque ciertos ganaderos estarían poniendo precios de base elevada” que perjudican a los carniceros en la adquisición a un precio justo. 

“Nosotros, con los ganaderos, también vamos a sostener una reunión. Tenemos fijado el día lunes también, con ellos, para analizar estos puntos y exigir, como Gobierno nacional, también cumplir esos compromisos por parte de los ganaderos en el abastecimiento de la carne a los comercializadores”, aseveró.

Por su lado, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que hizo operativos en los principales mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, y determinó que la carne de res se comercializa de manera normal con diferencias de entre Bs 2 y Bs 3 entre el producto que llega de Santa Cruz y Beni.

“La carne de Santa Cruz está un poco más alto que la carne de Beni. Por ejemplo, la carne de Beni, el corte chuleta están vendiendo en Bs 28 y la carne de Santa Cruz en Bs 30. Lo propio ocurre con la pulpa corriente que de Beni están vendiendo en Bs 38 y de Santa Cruz en Bs 40”, detalló.

La autoridad estatal dijo que tampoco se verificó la existencia de agio, especulación o aglomeración de personas, porque se tiene una venta de carne de res “libre y podríamos decir tranquila”.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, se refirió al caso de extorsión y tortura que involucra al abogado sentenciado Jhasmany Torrico y reiteró la necesidad de conformar tribunales de ética de la abogacía a fin de regular y sancionar a los abogados que incurran en delitos y faltas éticas.

“Necesitamos los tribunales de honor (de ética). El caso de Jhasmany Torrico es un típico ejemplo de cómo hemos permitido que se llegue a esa situación por no regularnos, por no autorregularnos como abogados, esto no debió haber pasado y la razón por la que ocurrió, en gran parte, es por no contar con los tribunales”, indicó Lima, entrevistado por Los Tiempos.

La autoridad se refirió al caso del abogado sentenciado a seis años y seis meses de presidio, por los delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico, en 2019, para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de $us 20.000 por un anticrético.

Torrico, privado de libertad, ejerce como abogado pese a las faltas por las que fue procesado y sentenciado, señala un boletín de prensa institucional.

Recientemente inició un proceso penal en contra de periodistas que hicieron cobertura e informaron de las acusaciones en su contra. Torrico los acusó por difamación y calumnias y una juez de Cochabamba solicitó a 13 medios de comunicación los nombres y apellidos de los reporteros que difundieron noticias relacionadas al caso denominado "abogado torturador".

Lima aclaró que las faltas en el ejercicio del periodismo se procesan a través de la Ley de Imprenta de 1925. La Constitución Política del Estado también reconoce el mecanismo de autoregulación.

Torrico, en semanas pasadas, asumió la defensa de un imputado por feminicidio, aspecto que fue denunciado por la parte acusadora debido a que se detectó irregularidades y amenazas cometidas en contra de administradores de justicia e investigadores.

El titular de Justicia manifestó que los tribunales de ética de la abogacía deben resolver ese tipo de casos, en los que los abogados incurren en faltas graves o leves en contra de los intereses de los litigantes. A la fecha suman más de 700 denuncias a nivel nacional.

La autoridad explicó que, si bien la Ley de la Abogacía otorgó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Registro Público de la Abogacía (RPA), la atribución para conformar los tribunales de ética nacional y departamental de la abogacía, los colegios departamentales de abogados también cuentan con esas instancias, por lo que se intentó -sin éxito-, unir el trabajo de ambas instancias.

“Esto lleva a tener dos tribunales que ven la ética y el trabajo de los abogados, los del Ministerio de Justicia y los de los colegios de abogados. Como quedó claramente delimitada la competencia de uno u otro, algunos malos abogados utilizan este problema para evitar el control de los colegios y del Ministerio de Justicia”, lamentó Lima, citado en el boletín.

La convocatoria para la conformación de los tribunales permanecerá vigente hasta el viernes 30 de abril. “Invito a mis colegas a que puedan ser parte de este proceso de transformación de la Justicia (…). Quien quiera servir al país debería demostrar con su trabajo y una forma de demostrar el trabajo, es siendo parte de estos tribunales de honor”, señaló. 

La función de los tribunales será la de conocer, tramitar y resolver las denuncias por faltas éticas e incumplimiento de deberes que en ocasiones los abogados cometen, fundamentalmente en contra de los intereses de sus clientes.

El Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía estará conformado por nueve jueces titulares y nueve suplentes. Mientras que los Tribunales Departamentales de Ética de la Abogacía serán conformados de acuerdo al número de abogados registrados; en el caso de Chuquisaca con seis abogados titulares y seis suplentes, y en el caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con nueve titulares y nueve suplentes.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 041/2021 de 13 abril de 2021, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional determinó ampliar la fecha límite de la Convocatoria Pública Nacional Nº 01/2021 hasta el 30 de este mes.

Los interesados pueden presentar su postulación en las oficinas de la Dirección General del Registro Público de la Abogacía; asimismo, podrán acceder a la información y presentar su postulación a través de la página https://rpa2.justicia.gob.bo o mediante el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y hacer sus consultas al número telefónico 2-141040 (Int. 1203 y 1215).

Las universidades del sistema público nacional fortalecerán desde la próxima semana la vacunación masiva de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) a fin de hacer más eficiente la campaña nacional de inmunización contra el coronavirus que lleva adelante el Ministerio de Salud y Deportes.

“Nuestra política en este momento es la salud y el bienestar del pueblo boliviano, y en ese objetivo, nos hemos planteado felicitar y reconocer el compromiso de cada una de las universidades que con convenio o sin él han estado coadyuvando con su pueblo, pero ahora, como sistema universitario, vamos a incorporarnos todos a este plan nacional de vacunación”, manifestó el ministro de Salud, Jeyson Auza, citado en un boletín de prensa institucional.

De esa manera, la autoridad confirmó la incursión del sistema universitario en la lucha contra el COVID-19, luego de una reunión con autoridades académicas universitarias y representantes de los Sedes departamentales para evaluar el avance de la vacunación en el país.

Esa cartera de Estado, como ente rector, lleva adelante acciones integrales para efectivizar la vacunación en Bolivia contra el COVID-19 y en base a los convenios suscritos se hará posible el apoyo de las universidades que prestarán la infraestructura, conectividad, personal humano y otros para llevar adelante un proceso masivo de inmunización, descongestionar el sistema de salud y alcanzar a gran parte de la población, añade el reporte.

“Las universidades ponen a disposición su infraestructura, medios de transporte y personal de apoyo para el registro, por ejemplo. Nosotros, como Ministerio de Salud, dotaremos de recursos humanos suficientes y las vacunas necesarias con la participación de los Sedes, los insumos necesarios, cadena de frío y una serie de elementos necesarios”, apuntó Auza.

En relación a los Sedes, la autoridad indicó que desde sus competencias deben garantizar la cadena de frío y la logística para que las vacunas lleguen a todos los municipios, como se acordó desde un principio en reuniones de coordinación para llevar adelante la campaña de vacunación.

La coordinación interinstitucional y con gobiernos subnacionales está contemplada en el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el COVID-19, producto de ello, es que se desarrollan reuniones desde diciembre para que de manera conjunta se asuman acciones para prevenir, atender e inmunizar a la población ante la pandemia de coronavirus que ya cobró más de 3 millones de vidas a nivel mundial.

Más de 150 inspectores de 25 jefaturas departamentales y regionales de Trabajo reunidos en La Paz, fortalecieron sus competencias en la atención de trámites administrativos y en el procedimiento de inspecciones integrales.

“La tarea de los inspectores y jefes de trabajo es esencialmente una labor social, y si no tenemos la capacidad de ponernos en lugar de los trabajadores que presentan su demanda somos los mismos abogados neoliberales que dieron golpe en noviembre del año pasado”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, al clausurar el viernes el Taller de Integración y Lineamientos de la Gestión Pública para jefes e inspectores de trabajo.

El taller, durante dos días, definió los lineamientos nacionales para fortalecer y reconstruir las competencias en la atención de trámites administrativos y del procedimiento de inspecciones integrales en jefaturas departamentales y regionales de Trabajo, señala un boletín de prensa institucional.

“El inspector no es el funcionario de un juzgado laboral, el inspector no es un abogado que espera en su escritorio la visita de los trabajadores que tienen alguna demanda laboral. Los inspectores son el único refugio que tienen los trabajadores del país para presentar sus denuncias. Cuando a los trabajadores no les pagan sus salarios, no pueden ir a un bufete de abogados, el único lugar al que recurren es a la inspectoría laboral”, recordó la autoridad.

Navia remarcó que la función del Ministerio de Trabajo es hacer respetar y garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron en la indefensión total de sus derechos durante la mala administración de la gestión pública del gobierno golpista, quienes remplazaron a servidores públicos capacitados por personal sin conocimientos del derecho laboral y de la función pública.

Por su lado, el director General de Trabajo, Arturo Alessandri, expresó su satisfacción porque a partir de este encuentro los servidores y servidoras públicas brindarán un asesoramiento ético, transparente, protegiendo y velando los derechos socio laborales de los trabajadores.

“Además de recuperar la confianza que existía antes del golpe de Estado, nuestro objetivo es que el Ministerio de Trabajo vuelva a ser la casa de las y los trabajadores, donde se sientan protegidos ante los atropellos recurrentes de sus empleadores”, sostuvo Alessandri.

Explicó que, a partir de ahora, el personal recientemente incorporado a las jefaturas departamentales y regionales de Trabajo está preparado para atender al público con calidad y calidez, acorde a las demandas laborales y sin burocracia de por medio.

“Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio laborales de las trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos, promoviendo y defendiendo el trabajo y empleo digno, requiere la alineación de esfuerzos de todo el personal de las diferentes áreas de esta cartera ministerial”, concluyó Alessandri.