"Nos están matando en Colombia". Estas fueron algunas de las últimas palabras que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez antes de recibir ocho disparos, en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, ubicada en el eje cafetero.

La alegría, el baile y los cánticos de Lucas fueron acallados a balazos en un instante. El estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) está en terapia intensiva y se reporta en estado crítico.

Villa Vázquez ingresó a las 07:59 de la noche (hora local) al Hospital Universitario San Jorge. Aunque algunas versiones aseguraban que el hombre de 37 años tenía muerte cerebral, el gerente de la clínica, Juan Carlos Restrepo, dijo que su pronóstico era reservado y que están a la espera de ver si evoluciona tras ser atendido en la unidad de cuidados intensivos.

"Está siendo manejado por Neurocirugía, Neurología clínica e intensivistas. El paciente inmediatamente fue intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos", contó Restrepo, según un reporte de RT.

Durante el ataque armado a la altura del viaducto César Gaviria, también resultó herido de gravedad Andrés Felipe Castaño, con lesiones en cuello y abdomen; y Javier David Clavijo, con un disparo en la pierna, según reportaron medios locales.

En redes sociales se difundió un video sobre el supuesto momento en que Lucas, Andrés y Javier fueron atacados a balazos por al menos un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. Una mujer, presumiblemente pareja de una de las víctimas, grabó la escena con su celular.

Hasta el jueves, la Defensoría del Pueblo reportó 24 fallecimientos, 352 personas lesionadas y 89 desaparecidos. No obstante, organizaciones sociales documentan un saldo de 34 muertes y más de 300 ciudadanos no localizados en el marco de las protestas sociales y la represión orquestada por la fuerza pública y por civiles armados.

Además, la organización Temblores denunció 1.708 casos de violencia policial en contra de manifestantes, entre las que se cuentan 22 víctimas de agresión en los ojos y 10 de violencia sexual. Además, documentaron 110 agresiones en donde los uniformados utilizaron armas de fuego en contra de ciudadanos.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó desde su cuenta oficial de Twitter su preocupación por la represión en Colombia, a la que se refirió como “violencia institucional”.

“Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego por que el pueblo colombiano retome la paz social”, tuiteó el Mandatario, y añadió una alusión directa al gobierno del país, instándole a detener la violencia institucional, reportó Telesur.

De ese modo, Fernández se unió a la lista de líderes y entidades internacionales que se pronunciaron por la crisis de derechos humanos que se vive hoy en Colombia, con el enfrentamiento de las fuerzas policiales contra los manifestantes en paro nacional contra la reforma tributaria.

También el expresidente boliviano, Evo Morales, se pronunció al respecto, analizando la situación como una oportunidad para generar cambios estructurales en la nación. Asimismo, llamó a los organismos internacionales a intervenir ante la situación.

“Los organismos internacionales deben parar la violencia”, dijo desde Twitter.

Esta semana el rechazo a la represión policial en Colombia llegó también desde instituciones de Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido, cuando se cumplen once jornadas de manifestaciones en el país latinoamericano.

Asimismo, expresaron preocupación el Grupo de Puebla, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, que pidieron calma y un reparto de poderes equilibrado.

Los actos violentos en Colombia iniciaron el pasado 28 de abril después de que sindicatos y grupos sociales comenzaran un paro nacional contra el reciente aumento de tributos por parte de un decreto del Ejecutivo, la reforma pensional y la reforma de salud, así como otras medidas antipopulares.

La poderosa cepa de Manaos, responsable por el colapso hospitalario de Brasil desde febrero, tuvo una mutación y se convirtió en una nueva variante del coronavirus, informó la Secretaría de Salud del estado Río de Janeiro, mientras el país superó los 15 millones de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia.

La variante fue bautizada P.1.2 por ser una mutación de la P1, surgida en Manaos, capital del estado Amazonas, en noviembre pasado, y responsable por la segunda ola.

La variante fue encontrada en Río de Janeiro, el segundo estado con más muertes del país detrás de San Pablo.

"Hasta el momento no se puede afirmar que es más contagiosa o letal esta variante, que es una mutación de la P1", señaló un comunicado de la subsecretaria de Vigilancia en Salud de la Secretaría de Salud del estado Río, Claudia Mello.

La nueva variante P.1.2 fue identificada en 5,85% de las 376 muestras tomadas en 57 municipios de Río, incluida la capital del Estado, la "ciudad maravillosa".

El estudio forma parte de un plan de secuenciamiento de coronavirus financiado por todos los laboratorios públicos y universitarios de Río.

El secretario de Salud de Río, Alexandre Chieppe, dijo que el estudio ayuda a verificar la incidencia de nuevas cepas y anticipar posibles escenarios epidemiológicos.

Brasil alcanzó el 76.380 nuevos positivos, con los que suman 15.003.563 casos desde marzo del año pasado, con 13.591.335 recuperados, según cifras oficiales. Acumula además 416.949 muertos.

"Colombia vive horas definitivas", dijo el periodista y analista político Ariel Ávila, quien hizo un escalofriante diagnóstico: 36 personas asesinadas en una semana, más de 400 detenidos de forma arbitraria, varias ciudades bloqueadas, miles de personas movilizadas y el presidente Iván Duque, acorralado.

El especialista fue entrevistado este jueves en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, junto al periodista de la cadena Telesur, Orlando Pérez, para conocer la situación de Colombia.

Ávila dijo que las movilizaciones populares están compuestas por un 10% de integrantes de  sectores obreros y laborales; un 90% de personas que provienen de la clase media empobrecida y de jóvenes sin empleo que no tienen perspectivas de futuro.

Explicó que el gobierno colombiano, además de responder a la protesta social con una brutal represión policial, buscó estigmatizar a los movilizados con el rótulo de terroristas, pero la cantidad de manifestantes mostró algo totalmente distinto.

A su turno, el periodista Pérez indicó que las razones para la gran "eclosión de problemas en Colombia" deben buscarse en que el 43% de la población colombiana vive en la pobreza, ese país tiene una acumulación de dificultades económicas, no pudo resolver el conflicto causado tras las ejecuciones de 1.200 líderes sociales y sufre las crisis de seguridad ciudadana, empleo y desigualdad.

Indicó que un papel importante juegan los medios de difusión tradicionales que se mostraron como afines al gobierno ya que buscan invisibilizar las causas de la protesta social y estigmatizan a quienes están en las manifestaciones populares.

Este jueves, Beti Lozano, docente investigadora colombiana, dijo que las protestas sociales, si bien consiguieron la anulación del proyecto de reforma tributaria, ahora exigen que se retroceda en las políticas de ajuste estructural, es decir neoliberalismo, que impulsa el gobierno colombiano.