El Gobierno de México presentó una demanda contra 10 fabricantes de armas para "poner fin al masivo daño" que causan al "facilitar activamente el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles y otros delincuentes en México".
Entre los demandados se encuentran Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Glock Inc, Colt’s Manufacturing Co. Llc, entre otros.
La demanda de 139 páginas acusa a las armamentistas estadounidenses de facilitar el tráfico y venta de armas a grupos criminales en México y expone ejemplos del uso que se les han dado en varios atentados.
La lucha contra el comercio "negligente" de armas en EEUU
El Gobierno de México anunció que abrirá un litigio contra la "comercialización negligente" de armamento en EEUU, donde ese mercado está regulado, y su tráfico ilícito a territorio mexicano, donde está prohibido pero cientos de miles de armas ingresan cada año y se utilizan en acciones del crimen organizado.
La "presentación del litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México" fue encabezada en un acto en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, un querella que contempla recursos legales en tribunales estadounidenses.
El 5 de junio, Ebrard se reunió con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas para analizar medidas de seguridad en los casi 3.200 kilómetros de frontera común, donde según las estadísticas oficiales mexicanas unas 200.000 armas se trafican ilegalmente cada año.
El canciller dijo que el litigio "no busca interferir en la política de EEUU" sobre armas, dado que el proceso judicial involucra solamente a las empresas comercializadoras y no a las autoridades estadounidenses.
La demanda civil presentada ante una corte federal en Boston, estado de Massachusetts (noreste), es en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en EEUU que son señaladas por "prácticas comerciales, negligentes e ilícitas", que facilitan el tráfico ilegal de armas a México.
La demanda esgrime que la venta ilegal de armas y distribuidores está vinculada a por lo menos 17.000 asesinatos en México.
La querella podría ser un prolongado proceso en las cortes estadounidenses, y esgrime que las empresas comercializadoras de armas "son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México".
La Cancillería mexicana estima que el comercio de armas podría alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
México planteó en una reunión sobre seguridad bilateral celebrada el 13 y 14 de julio pasados, que del 1 de enero de 2020 al 24 de junio de 2021, las autoridades mexicanas decomisaron 28.456 armas de fuego.
Según la acusación, los traficantes de armas saben que el trasiego ilegal de armas en la frontera alimenta el poder de fuego de las organizaciones criminales, que también trafican drogas ilícitas y personas.
Las ciudades mexicanas donde se han confiscado más armas son las fronterizas con EEUU, como Tijuana, Juárez, Mexicali , Reynosa y Nuevo Laredo (todas en el norte).
Las armas han sido localizadas además en las centrales urbes de León, Guadalajara, Querétaro y Celaya y Celaya, además de la capital del estado de Sinaloa, Culiacán (noroeste).
México planteó recientemente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la urgencia de aplicar controles efectivos para poner freno a este tráfico de armas.
El Gobierno de México actual ha exigido explicaciones a EEUU por el operativo "Rápido y Furioso" que habría sido orquestado por autoridades de ambos países, para introducir armas con chips ocultos, con el propósito de rastrearlas en territorio mexicano, que terminó en un fiasco durante la admnistración del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Objetivos de la querella
El primer objetivo de la demanda judicial tiene el objetivo de "que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes", dijo en la ceremonia el jefe de la diplomacia del país latinoamericano.
El litigio también busca que los productores de armas apliquen nuevos estándares para monitorear y disciplinar a sus distribuidores destinados al mercado mexicano.
"Las empresas saben esto, y argumentan que cuando sus productos salen a la venta ellos ya no tienen ninguna responsabilidad; pero sí la tienen, por supuesto que tienen la información precisa de quien compra armamento pesado", dijo Ebrard.
Dos operaciones del narcotráfico causaron revuelo por el uso de ametralladoras contra blindados, calibre 50 milímetros.
El 17 de octubre de 2019, esas armas de guerra fueron observadas en la operación de cientos de sicarios en Culiacán contra la detención de Ovidio Guzmán, hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Y en el atentado contra el jefe de la Policía capitalina. Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, fue utilizada una ametralladora Barret del alto calibre.
México exige que los fabricantes de armas financien estudios y campañas contra tráfico ilegal de armas.
"Sin esta demanda no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, teniendo muertos todos los días en nuestro país", puntualizó Ebrard.
México acusa a los traficantes de armas que saben quiénes son los distribuidores "problemáticos" en sus redes.
La demanda fue presentada en el marco del segundo aniversario del tiroteo en un supermercado Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, cometido por un solo tirador, en un ataque racial supremacista.
