La Dirección General del Registro Público de la Abogacía (RPA), dependiente del Ministerio de Justicia  y Transparencia Institucional, informó que 115 de 120 postulantes fueron habilitados en el marco de la convocatoria pública para la conformación de los tribunales de ética de la abogacía a nivel nacional y departamental.

“Se realizó la verificación de cumplimiento de requisitos de los postulantes, quedando habilitados 115 abogados para la siguiente fase”, comunicó el RPA, a tiempo de publicar el registro de cada paso del proceso de revisión de antecedentes por sus cuentas institucionales accesibles en el siguiente enlace: https://twitter.com/rpabolivia/status/1390128742278868999?s=20

El 30 de abril, feneció la convocatoria con la recepción de 120 postulaciones. El 5 de mayo, se hizo apertura de sobres y, tras la verificación de cumplimiento de los requisitos de los postulantes, quedaron habilitados 115 profesionales que ahora pasarán a la siguiente fase de selección.

La nómina de habilitados y calificados se encuentra publicada en las redes sociales del RPA, en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 5 y 12 del Reglamento para la Selección de los Miembros del Tribunal Nacional de Ética y de los Tribunales Departamentales de Ética de la Abogacía, aprobado mediante Resolución Ministerial 029/21.

Los tribunales permitirán garantizar el ejercicio ético de la profesión de más de 78 mil abogados a nivel nacional, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne.

Se espera que hasta el 4 de junio se designe y posesione a quienes tendrán la función de conocer, tramitar y resolver denuncias contra abogados y abogadas de carácter disciplinario, administrativo y ético.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que, en noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas rompieron la cadena de mando y se subordinaron a un grupo de civiles. La referencia de la autoridad es a la reunión que sostuvieron la cúpula de la Iglesia Católica, dirigentes políticos y diplomáticos de la Unión Europea entre el 11 y 12 de ese mes.

“Las Fuerzas Armadas rompieron la cadena de mando con su capitán general (Evo Morales) y se subordinaron a este grupo de civiles”, denunció Novillo en entrevista con el periódico La Razón.

“Las Fuerzas Armadas, y esto es muy grave, paralelamente a pedirle la renuncia (al expresidente Evo Morales) e inclusive antes, se habían subordinado al mando político de este grupo de ciudadanos donde estaba precisamente (Jorge) Tuto Quiroga. Es posible que las Fuerzas Armadas hayan decidido ya romper la cadena de mando y subordinarse a quienes no tenían ninguna legalidad en el mando militar”, refirió Novillo.

Según la publicación, en esa reunión se definió que la entonces senadora Jeanine Áñez asumiera el mando del Estado rompiendo el orden constitucional y obviando toda normativa establecida en la Constitución Política del Estado y reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a la sucesión presidencial.

“A ellos no les correspondía decidir la sucesión constitucional. Ellos han usurpado funciones que le correspondían a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se podían atribuir las competencias y atribuciones constitucionales establecidas para la Asamblea. Para la sucesión constitucional hay una ruta y preceptos previos que hay que cumplir”, subrayó Novillo.

Según el Ministro, los hechos de noviembre de 2019 derivaron en la interrupción del proceso democrático. “Hay una interrupción violenta (…) y la renuncia forzada, obligada (de Morales) para que se rompa el régimen democrático y se instaure un gobierno de facto porque no cumple los procedimientos constitucionales”, insistió.

Al respecto, el exasambleista paceño Gustavo Torrico señaló este miércoles que los militares que se sometieron a civiles el 2019 deben rendir cuentas a la justicia.

“Una senadora convoca y ordena a las Fuerzas Armadas que, de una vez, amenaza incluida, que de una vez salgan a cuidar a la sociedad de las huestes de salvajes criminales, que era un pueblo movilizado, entonces ¿a quién se sometieron? a civiles y eso se tiene que ver, quiénes estaban al mando, quiénes eran los comandantes, quienes eran los jefes de Estado Mayor, etc. y tendrán que rendir cuentas ante la justicia y ante el ordenamiento militar obviamente”, manifestó.

Torrico recordó que Jeanine Áñez, aún senadora, a través de un video comunicaba sobre el envío a su persona de una carta del entonces comandante de la Policía Yuri Calderón que le informaba sobre que estaban siendo rebasados y que debía ordenar la salida de las Fuerzas Armadas. 

“Áñez estando de senadora y ustedes han debido ver el video, pone a sus espaldas una tricolor totalmente arrugada irrespetuosamente, y ella muestra y dice, esta carta me ha mandado el general Yuri Calderón, diciéndome que ya están siendo rebasados la fuerza policial, ¿por qué Yuri Calderón le manda a una senadora? en ese momento había pues ministros, estaba el ministro de Gobierno o sea no había tal cosa”, cuestionó.

Estos hechos, para Torrico, deben ser “corregidos” en el ámbito de la justicia ordinaria y militar, pues recuerda que fue el propio Fernando Camacho quien reveló que fue su padre quién negoció con los militares y policías.

“Camacho en sus propias declaraciones, él indica que su padre ha cerrado con policías y militares y por lo tanto ellos no se van a meter, entonces ¿a quién se estaban sometiendo?, a un deudor del Estado, a un deudor de impuestos, a un evasor de impuestos”, enfatizó.

Según un informe de la Procuraduría dirigido al Alto Comisionado de la ONU, entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, ante las renuncias del entonces Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado, “se convocó a una reunión a realizarse en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana cuyos asistentes fueron: Jorge Tuto Quiroga; Teresa Morales; la entonces diputada del MAS, Susana Rivero y la Iglesia Católica. Esta última fue la facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España, representados por el obispo Eugenio Scarpellini, León de la Torre y Carmelo Angulo”.

“De la reunión, también participaron la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el entonces Senador Oscar Ortiz, el exdefensor del Pueblo y representante del CONADE, Rolando Villena (fallecido el pasado 23 de enero).  Se sumaron Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovanna Jordán, Juan Carlos Núñez y Jerjes Justiniano”, indica el reporte de la Procuraduría.

“Creo que definitivamente se debe hacer justicia, se debe encontrar a los culpables”, fue el clamor del excandidato uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Circunscripción 33, Javier Flores, quien fue víctima de discriminación y de un atentado con dinamita a su casa, en Potosí, durante el golpe de Estado de 2019.

“Hay gente que ha muerto, hay gente que ha dejado en la orfandad a hijos, hay esposas que han muerto, hay esposos que han fallecido, hay hijos huérfanos y esa gente tiene que tener justicia”, acotó en una entrevista en el programa “Somos Democracia”, de Bolivia TV y los medios estatales.

El entrevistado manifestó que hechos como el golpe de Estado no deben repetirse porque los autores de la ruptura constitucional actuaron por odio y por rencores con un saldo de 37 muertos, entre ellos 27 impactados por balas.

En su caso, Flores recordó que el atentado con dinamita en su casa se registró cerca de las 4.00 horas del 14 de octubre de 2019. El hecho fue perpetrado por dos personas encapuchadas que se transportaban en una motocicleta.

“No entendía si el pensar diferente, si el pensar tal vez no como el Comité Cívico de ese tiempo, no sé, algo que dolió a algunas personas, no al pueblo potosino, originó este atentado que me parece altamente detestable”, agregó.

En el caso de la discriminación, Flores rememoró que fue víctima de insultos que eran difundidos de manera pública por el ex presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, porque era contestatario a la gestión cívica y hasta pidió la transparencia en el uso de cuotas para movilizaciones.

“El señor Pumari, en la asamblea, instruyó botar en contra del 'pajla' (calvo) como él me denominada en esas sus asambleas, en esos sus cabildos, porque creo que era demasiada fuerte la animadversión entre las personas y Javier Flores”, sostuvo.

Finalmente, el excandidato relató, además, que una postulante a diputada por el MAS fue también víctima de violencia, además de que el hermano del presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, fue golpeado y obligado a caminar desnudo, entre otros casos.

“En Potosí se vivió momentos extremadamente difíciles”, concluyó.

Tras la decisión de la Cámara de Diputados de postergar el tratamiento del proyecto de ley que tiene por objeto ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas que prestan servicios digitales, legisladores iniciarán un proceso de socialización para evitar mayor desinformación.

Bertha Acarapi, diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) lamentó que se haya iniciado una campaña de desinformación respecto al contenido del proyecto.

“Este proyecto de ley se va a socializar con distintos grupos sociales, por el momento solo se está postergando. La población está siendo mal informada. No afectará absolutamente a ningún ciudadano del país, escucharemos las razones del apoyo y rechazo de la norma”, manifestó.

Por su parte, su colega Juanito Angulo dijo que es importante difundir su contenido real para contrarrestar la desinformación que circuló por diferentes medios de comunicación.

“Es necesario seguir socializando la norma para difundir el contenido real y así frenar la desinformación que generan personas inescrupulosas en diferentes espacios de opinión como en las redes sociales”, dijo.

Sobre el tema, el senador Leonardo Loza dijo que, si bien es importante la aprobación del proyecto de ley, no es necesario apresurar su tratamiento.

“No es un tema prioritario, no es un tema que hay que apresurarlo, en su debido tiempo si se va a tocar vamos a comunicar oficialmente al pueblo boliviano. Cualquier norma con relación a la reactivación económica siempre va a ser socializada e informada a todo el pueblo boliviano. Por eso recalco que este tema no es necesario apresurarlo”, indicó.