La senadora Virginia Velasco y el contralor, Henry Ara, presentaron este miércoles el Proyecto de Ley de Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental, que amplía la capacidad de fiscalización de la Contraloría General del Estado.

“Este proyecto respalda la Ley Nº 1178, ampliando la capacidad de la Contraloría para realizar la supervisión prevista en la Constitución Política del Estado; asimismo, establece sanciones por la negación o rechazo en la entrega de información”, señaló Velasco en conferencia de prensa.

Indicó que el proyecto también permite a la Contraloría solicitar información a personas jurídicas privadas que hayan ejecutado fondos públicos.

Indicó que la iniciativa pretende, además, fortalecer el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Las comisiones pueden requerir el apoyo de la Contraloría en sus acciones de fiscalización, por tanto, es un trabajo que tenemos que realizar el Contralor y la ALP”, precisó la legisladora. 

Por su parte, el Contralor destacó el trabajo conjunto con el Órgano Legislativo y adelantó que el proyecto será fundamental para mejorar el trabajo de esa instancia de control gubernamental.

“Esto nos va a ayudar, principalmente, en el acceso a la información que por distintos acontecimientos no podemos acceder ahora y sin información nosotros no podemos hacer auditorías. En este sentido, esta ley nos va a permitir requerir información inmediata y apoyar en la labor de fiscalización que tienen las cámaras de Senadores y de Diputados”, dijo Ara.

El contralor general del Estado, Henry Ara, anunció este miércoles que el informe de las auditorías realizadas a los procesos de contratación de los respiradores y de agentes químicos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron completamente ilegales.

En el caso de los respiradores, Ara dijo que la denuncia fue remitida al Ministerio de Salud, para que, en el marco de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 004, presente una querella adhiriéndose a la denuncia presentada por la Contraloría.

“Se ha encontrado principalmente irregularidades en el proceso de contratación, hay incumplimiento de deberes y principalmente hemos visto los procesos de contratación que han sido procesos ilegales con muchos problemas y en base a eso se ha generado las responsabilidades necesarias y se ha emitido la denuncia con un informe”, detalló.

Explicó que el informe establece responsabilidades de altas autoridades de la gestión de facto y también de privados que participaron en la compra irregular de los respiradores. 

“Son varias personas, los informes están en la Contraloría, hay responsabilidades desde altas autoridades hasta todos aquellos que han sido parte del proceso de contratación, hay muchos delitos como incumplimiento de deberes, incluso también en la parte privada, porque se ha visto que hay asociaciones delincuenciales en estos actos”, manifestó Ara.

En el caso de la adquisición de agentes químicos, dijo que la figura es similar y que la denuncia ya fue derivada a los ministerios de Gobierno y de Defensa para que formen parte del proceso.

“Hay varios delitos, pero principalmente está el incumplimiento de deberes, está el tema de asociación delincuencial, porque ustedes saben que ha habido asociaciones con privados, hay problemas con el tema de avalúos, además algunas resoluciones contrarias que se han emitido para darle forma a estas compras”, complementó el Contralor.

En abril de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, el gobierno de facto procedió a la compra de 170 ventiladores y 324 respiradores chinos, por $us 16,3 millones. La falta de transparencia e irregularidades en su adquisición derivaron en procesos contra exautoridades del gobierno de facto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este miércoles que los votos válidos durante la segunda vuelta que se llevó a cabo en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, sobrepasaron el 94% y que el porcentaje de sufragios blancos y nulos fue bajo.

“Luego de la segunda vuelta, los votos válidos llegaron al 94,5% (…). De acuerdo con los datos del cómputo oficial, en promedio, los votos blancos en los cuatro departamentos llegaron al 0,7%, mientras que los nulos alcanzaron al 4,8%”, indica un boletín oficial.

Según la Ley del Régimen Electoral, durante los comicios puede haber tres tipos de voto: válido, blanco y nulo. Estas dos últimas opciones solo son tomadas en cuenta para fines estadísticos y no benefician a ninguna candidatura.

“Cuando se hace la distribución de los porcentajes para dar la victoria a un determinado candidato o para asignar escaños, solo se toman en cuenta los votos válidos”, señala el documento.

Los datos van de la mano con el 83% de participación que se registró en la segunda vuelta, lo que fue ponderado por el TSE, pues ratifica la cultura participativa boliviana, según declaraciones de su presidente, Salvador Romero, durante su evaluación sobre las justas electorales realizadas el 11 de abril pasado.

El alto nivel de participación del electorado también fue destacado por las misiones de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Ministerio Público rechazó la proposición acusatoria que presentaron diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la expresidenta Jeanine Áñez; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; y el exministro de Defensa, Luis Fernando López. El objetivo de los legisladores era viabilizar un juicio de responsabilidades por los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba ocurridos en 2019.

Andrés Flores, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y quien lideró la iniciativa de procesar a las exautoridades, indicó que la decisión de la Fiscalía se dio debido a que no se especificaron los domicilios de los sindicados.

“El Fiscal General nos pidió el domicilio, no se han dado los plazos; lamentablemente, no hemos podido cumplir tal vez en su debido tiempo, pero nos han rechazado”, detalló Flores, según la red Erbol.

En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado. La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto que dejaron muertos y heridos.

Respecto a la decisión del Ministerio Público, familiares y activistas de las víctimas de la masacre de la zona de Huayllani en el municipio de Sacaba salieron en protesta frente al rechazo del proceso a Áñez.

José Zurita, uno de los representantes de la protesta, entrevistado por Bolivia TV, dijo: “Nos parece una falta de respeto; como sacabeños, como familia de los caídos, que se nos rechace estas acusaciones contra Jeanine Áñez. No queremos impunidad en Bolivia, queremos justicia”.