El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, junto a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani respectivamente, sostuvo este lunes una reunión con el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, el Director de Coordinación de la Unión Europea y europarlamentarios para desarrollar el proyecto denominado Interpares.

“Lo que se está promoviendo, a la cabeza del presidente de la Asamblea Legislativa, con la Unión Europea, es fortalecer las agendas legislativas de Latinoamérica y de Europa”, informó Rodríguez.

El proyecto busca consolidar el intercambio de experiencias parlamentarias entre Latinoamérica y Europa, desarrollar planes conjuntos en diferentes ámbitos, además de compartir experiencias, proyectos e ideas.

“Se va a encaminar el fortalecimiento de temas de prioridad que se consideren en la segunda reunión que se sostendrá con otros parlamentarios. Vamos a profundizar este proyecto denominado Interpares entre los parlamentarios de Latinoamérica y Europa”, detalló.

Entre los temas a ser abordados están los relacionados con género y medio ambiente, entre otros.

“Principalmente en temas de la participación de la mujer, de la juventud, Madre Tierra, migración y elaborar normas, leyes acordes a la realidad de nuestros pueblos y no entre cuatro paredes que no sean concordantes a la realidad de nuestra sociedad”, adelantó la autoridad legislativa.

Mediante una resolución, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq), determinó declarar “personas no gratas” a todos los legisladores que viajaron a Estados Unidos (EEUU) a denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos.

“Les estamos declarando, como Conamaq nacional, ‘personas no gratas’ de nuestro país, porque ellos están en contra de nosotros, los pueblos indígenas, y porque ellos están buscando libertad para las personas que han impulsado el golpe de Estado y han masacrado a nuestra gente”, señaló Santiago Cortés, representante de esa organización.

El documento aprobado por el Conamaq también denuncia al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas “al respaldar a los legisladores opositores que pretenden dejar en libertad a quienes causaron luto y dolor en Bolivia en 2019”.

“Esas personas que se han reunido con Luis Almagro han ido en contra de la libertad y la democracia, cuando nuestra gente sigue clamando justicia por nuestros muertos, ellos han ido a pedir libertad para los responsables y eso no vamos a permitir”, dijo Cortés.

Asimismo, adelantó la realización de movilizaciones en caso de que se pretenda dejar en libertad a los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, informó este lunes que el régimen de Jeanine Áñez solicitó Bs 12,8 millones de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 durante la gestión 2020, de los cuales al menos $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular.

La autoridad estatal explicó que los recursos económicos formaban parte de un desembolso total de $us 1,85 millones para el programa creado por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, mediante una resolución, y una instrucción del entonces presidente de YPFB, Herland Soliz.

“El monto solicitado a estas empresas asciende a un total de Bs 12,8 millones, que equivalen a $us 1,85 millones, de los cuales $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular”, denunció en conferencia de prensa.

Dijo que la detección de la irregularidad fue lograda con una investigación realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB.

De acuerdo con Zelaya, el resultado del informe hizo que se instruya a las empresas filiales y subsidiarias la realización de una auditoría interna especial para hallar más detalles y determinar las responsabilidades respectivas.

“No obstante de esto, sin perjuicio a esa instrucción de auditoría, se va a llevar a cabo las acciones legales correspondientes contra las empresas que han incumplido ciertas normativas establecidas en YPFB, casa matriz, como también en las normativas establecidas en las filiales y subsidiarias”, agregó.

Asimismo, anunció que las acciones legales se ejecutarán también a otros niveles que correspondan en el Ministerio de Hidrocarburos.

Por su parte, la directora de Transparencia Corporativa de YPFB, Erika Chávez, detalló que la investigación del caso estableció que la ejecución del plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 fue instruida por el exministro de facto, con la resolución Nro. 31/2020, que fue emitida el 23 de marzo de 2020.

“Se dispuso que YPFB y sus empresas filiales, de manera extraordinaria, se podría decir, realicen un apoyo a la lucha contra el COVID-19. Si bien en esta resolución se recomienda a YPFB realizar este apoyo económico, en la misma resolución obliga a YPFB a la realización y la ejecución de ese programa”, aseveró.

Chávez explicó que la ejecución del plan llegó al empleo de más de $us 1,2 millones de los más de $us 1,8 millones desembolsados, sin el seguimiento de las normas de contrataciones y desembolsos para compras irregulares de medicamentos e insumos sin descargos.

Sin embargo, explicó que la determinación asumida por Zamora “ha sido completamente irregular porque no se enmarcaba en sus competencias”.

“El rubro de la entidad tampoco se enmarcaba para este tipo de acciones. Ni siquiera los reglamentos que hacen a lo que es el manejo de bienes y servicios, de la entidad y de las subsidiarias, cubren esa situación. Es decir, la resolución ministerial emitida por el exministro Zamora es completamente ilegal”, aseveró.

Finalmente, manifestó que se recomendó el inicio de una acción penal contra la exautoridad estatal por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aclaró que el viaje desarrollado por un grupo de legisladores de oposición a Estados Unidos (EEUU) no fue autorizado por la directiva de esa instancia legislativa, por lo que el mismo fue a título personal y partidario.

“Primero, no hubo ninguna solicitud ante la Presidencia para la consideración de su viaje; segundo, no se tiene una invitación, no sabemos si han sido invitados desde el exterior para su viaje, entonces no tiene una autorización desde la Directiva de la Cámara de Diputados”, dijo a los periodistas.

Mamani mencionó que no se trata de que los legisladores opositores hayan estado en su semana regional o no, sino de que para cualquier salida del país se debe cumplir con los procedimientos legislativos y contar con una autorización, más tratándose de autoridades electas.

“No porque uno esté en su semana regional, no porque alguien diga que ‘no estamos gastando los recursos económicos del Estado’, se trata de la representación que hacen. Somos representantes electos, así que nos debemos al pueblo boliviano. En ese sentido debemos hacer cualquier representación como corresponde, con los mecanismos que tenemos como Cámara de Diputados”, precisó.

Finalmente, adelantó que de acuerdo al informe que será elaborado por la directiva camaral se determinará si corresponde algún proceso o si los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, y de Creemos, de Luis Fernando Camacho, son derivados a la Comisión de Ética.