El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, calificó este viernes como un “encuentro de socios del golpismo” a la reunión que sostuvieron legisladores de oposición de las bancadas de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, y de Creemos, de Fernando Camacho, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Estados Unidos.

“Bolivia ha demostrado, a través del voto del pueblo boliviano, que goza de una democracia sólida, el pueblo boliviano ha recuperado la democracia el pasado 20 de octubre del año 2020, no hay mayor muestra de la confianza del pueblo el porcentaje de votación que ha tenido el presidente Luis Arce. Entonces esa reunión solo ha sido un encuentro de socios del golpismo”, afirmó en contacto con radio Patria Nueva.

El diplomático boliviano recordó que Almagro es cuestionado por varios Estados al interior de la OEA por sus acciones injerencistas, no solo en Bolivia, sino en otros países del continente, por lo que su opinión carece de legitimidad.

“La OEA ha perdido toda legitimidad, la Secretaría General de la OEA ha sido parte del golpe de Estado; por lo tanto, Bolivia no tiene por qué hacer seguimiento a sus sugerencias o recomendaciones y es un tema que deben rechazar nuestras autoridades y el pueblo boliviano”, subrayó.

En marzo, el Parlamento Andino aprobó una Declaración de Rechazo a la injerencia del Secretario General de la OEA en el Estado Plurinacional de Bolivia. El documento también insta a mantener y a promover la democracia y la soberanía de los Estados miembro.

De la misma forma, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en un comunicado, advirtió a la comunidad internacional que las acciones de Almagro constituyen una “gravísima violación a los principios y propósitos de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (...) y sólo promueven confrontación y desestabilización de los procesos democráticos”.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, y representantes de la organización campesina Ponchos Rojos se reunieron este viernes en La Paz para conversar sobre temas de gestión, la situación nacional y el contexto internacional.  

Los ejecutivos de Ponchos Rojos “Tumpa” de la provincia Omasuyos realizaron esta jornada una visita protocolar al Mandatario.

En la reunión, la autoridad dio a conocer el compromiso del Gobierno nacional para "atender demandas del sector como la educación, agua para riego, gas domiciliario", entre otros, en el área rural.

Asimismo, planteó la necesidad de que las organizaciones campesinas asuman acciones estratégicas para enfrentar las consecuencias del capitalismo.

“Nos vamos a reunir también con nuestros ministerios, otro día”, dijo Choquehuanca a los representantes campesinos en un acto oficial en las instalaciones de la Vicepresidencia.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, anunció este viernes que recopila información para iniciar un proceso penal contra las exautoridades del régimen de Jeanine Áñez por las muertes ocasionadas por falta de respiradores durante la cuarentena por el COVID-19 en 2020.

“Lo que falta es el juicio por las muertes ocasionadas a partir de esa desidia. Ese es el segundo paso que se tiene que dar ahora (…). Lo que vamos a hacer, estamos justamente en colecta de investigación, es iniciar otro proceso por las muertes ocasionadas por la ausencia de respiradores”, manifestó en una entrevista con Bolivia TV.

La autoridad gubernamental recordó que la Procuraduría General del Estado sigue de cerca dos procesos penales iniciados por la compra irregular de respiradores en China y España, que causaron un gran daño económico al Estado por “los negociados” y el robo de recursos económicos gubernamentales registrados durante la cuarentena.

“Lo que ha ocurrido simplemente es un acto poco fácil de describir. Ellos, con lo que han hecho al haber privado a los bolivianos y bolivianas de esos respiradores, de paso con sobreprecio, han ocasionado muchas muertes en el país. Los equipos no eran adecuados para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva”, recalcó.

Según Chávez, el proceso por el caso de los respiradores chinos tuvo un reciente avance con la detención domiciliaria de la exministra de Salud, Eidy Roca.

Sin embargo, rememoró que el exembajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohammed Mostajo, huyó del país sin dar cuentas por lo sucedido en el caso.

“Luego, inclusive, aparece mofándose de los bolivianos a través de publicaciones en redes sociales, mofándose de que ha cumplido con el país, que le debíamos más. Yo no sé qué más le debíamos, aparte de esa parafernalia de viaje en aviones, las fiestas privadas, y todo ello, mientras estábamos encerrados todos y muriéndonos poco por el COVID-19. Entonces, eso es algo imperdonable”, sostuvo.

La autoridad estatal mencionó, además, que en el caso de los respiradores españoles se presenció que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentaron los respiradores en actos públicos, cuando ese trabajo debió estar bajo tuición de las autoridades del Ministerio de Salud.

“Estaban pues involucrados en estos negociados y eso hay que verificar ahora. Mínimamente hay una usurpación de funciones de estas personas”, concluyó.

El senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torrez, afirmó que su partido defiende el principio de no injerencia en asuntos internos y el respeto a la soberanía, y si bien respeta a los organismos internacionales, considera que es la justicia boliviana la que debe definir lo ocurrido en noviembre del 2019 y no Luis Almagro.

"Nos preocupa el financiamiento y que los parlamentarios actúen como en 2019. La oposición no pudo enfrentar las 37 denuncias de las víctimas de 2019, y ahora acuden a Luis Almagro, secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), quien tiene una posición injerencista”, cuestionó.

Sobre el viaje de una delegación de parlamentarios de la oposición a Estados Unidos, para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos dentro de la investigación del caso golpe de Estado, dijo en entrevista con Cadena A, que se debe dejar que el Órgano Judicial trabaje.

El legislador recordó que tras la gestión de facto se encontró un Gobierno con la constitucionalidad destruida y que ahora el presidente Luis Arce está trabajando en reconstruirla.

"En una semana que (los opositores) estuvieron en Estados Unidos se pudo trabajar en la reactivación económica", subrayó.