El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez estadounidense James I. Cohn como “un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad”, en relación a la ratificación de la sentencia de $us 10 millones impuesta contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, como resarcimiento a las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

“El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, saluda como un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad el fallo del juez del Distrito Federal de Miami, James I. Cohn que ratifica la sentencia de $us 10 millones en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, como reparación por la masacre de hermanos alteños en octubre de 2003”, señala un comunicado difundido este martes a través de las redes sociales de esa cartera de Estado.

El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.

El Ministerio de Justicia, a través del comunicado, sostiene que “la decisión del Juez Cohn se basa en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”.

Detalla que el jurado de este caso, promovido por familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales de la masacre de octubre de 2003, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que se extendió por tres semanas.

“La sentencia de 22 páginas suscrita por el Juez Cohn estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremos 4078 del 15 de noviembre de 2019 que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata”, añade el manifiesto.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.

“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, concluye el comunicado.

Delegadas y delegados de organizaciones políticas fueron capacitados sobre el rol que cumplirán en las mesas de sufragio y en el proceso de cómputo departamental el 11 de abril, día de la segunda vuelta entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la agrupación Jallalla La Paz para la Gobernación.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explicaron en un taller virtual, el 5 de abril, las características de la elección en segunda vuelta del gobernador de La Paz.

Luego de que los capacitadores del TED de La Paz despejaron las dudas de los asistentes, el presidente de la institución, Franz Jiménez, y la representante del PNUD, Isabel Otero, invitaron a los delegados de organizaciones políticas a solicitar los cursos de capacitación entre el martes 6 y el sábado 10 de abril, llamando al teléfono 70186216, según un reporte de Fuente Directa, portal del Tribunal Supremo Electoral.

El Órgano Electoral Plurinacional habilitó un curso virtual de cuatro horas de duración, disponible hasta el 11 de abril en la plataforma http://demodiversidadv2.oep.org.bo/. El objetivo es fortalecer los conocimientos y capacidades de los delegados de organizaciones políticas.

En La Paz, el postulante del MAS, Franklin Flores, y Santos Quispe, de la agrupación Jallalla La Paz, diputarán la Gobernación el domingo 11 de abril en las urnas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, se reunió este martes con el embajador de la Federación de Rusia en Bolivia, Mikhail Ledenev, para conversar sobre la agenda bilateral y multilateral.

“En el ámbito bilateral se trataron temas relacionados con la cooperación, comercio, inversión, el campo académico y la invitación de las autoridades de Rusia para la participación en el Foro Económico de San Petersburgo a realizarse del 2 al 5 de junio de 2021”, se lee en un comunicado difundido por la Cancillería.

Además, abordaron temas relativos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Asimismo, el alivio a la deuda externa en el contexto del COVID-19, la agenda del derecho humano al agua y el saneamiento.

El Vicecanciller invitó al embajador Mikhail Ledenev a participar del Reencuentro con la Pachamama (https://www.pachamama.bo/), en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, actividad que se llevará a cabo el 21 y 22 de abril de 2021.

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este martes que en Bolivia debe existir un cierre institucional para construir un acuerdo de pacificación, tras los luctuosos hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando se desató una violenta represión contra el pueblo que generó la interrupción del sistema democrático en el país.

“Los países encuentran paz una vez que han superado los hechos traumáticos o de interrupción de su sistema democrático institucional. En esta perspectiva, en Bolivia esto tiene que tener un cierre institucional. Esto necesariamente se tiene que cerrar para construir una pacificación inclusiva, complementaria socialmente entre los distintos sectores”, indicó.

El Vocero realizó la declaración durante una entrevista en Correo del Sur Radio, donde aseguró que para un Estado es imposible avanzar en sus políticas de desarrollo, de reconciliación interna y de pacificación si no cierra ese tipo de sucesos.

“Teníamos en el país 37 años de construcción democrática, interrumpida, con estabilidad de gobiernos civiles y, por supuesto, con grandes dificultades, como suele ser, hasta que el 10 de noviembre de 2019 se interrumpe la secuencia institucional y se da paso a un gobierno no electo, y un gobierno por fuera de lo que señala la norma constitucional”, afirmó.

Ritcher indicó que desde el punto de vista sociológico y desde la perspectiva del Gobierno, las masacres ocurridas en Senkata, Huayllani y Sacaba, no pueden quedar como un hecho anecdótico.