El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, informó que esta organización internacional crea un fondo y un banco de vacunas para enfrentar la pandemia del COVID-19 como medida alternativa.

“Desde el @ALBATCP construimos un modelo distinto, una alternativa al ‘sálvense quien pueda’. Desde la solidaridad y complementariedad, creamos un fondo humanitario para la adquisición de vacunas y, también un banco de vacunas que luego servirá para que nadie se quede atrás”, publicó en su cuenta en la red social digital Twitter.

Denunció que en el mundo se aplica una distribución de vacunas basadas en la inequidad ante la emergencia sanitaria que enfrentan los Estados. Indicó que el 0,1% de las vacunas contra el COVID-19 administradas en todo el mundo se destinó a países de bajos ingresos, mientras que el 86% fue enviado a países de ingresos altos y medios altos.

“La pandemia hace dramáticamente evidente cómo el mundo está organizado bajo la lógica de anteponer al capital y no a las personas. La desigualdad en la distribución de vacunas es inmoral, cruel y criminal. ¿Cuántas vidas se pierden y se perderán en las próximas semanas?”, cuestionó.

Con su huida del país, la exministra de Medio Ambiente y Agua del gobierno de facto, María Elva Pinckert, estaría confirmando que cometió actos de corrupción durante su gestión, aseguró el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo.

“Como han cometido delitos, se están escapando, están buscando pretextos ante el pueblo boliviano, excusas ante el pueblo de que son perseguidos políticos para victimizarse y, de esta manera, dejar sus actos en la impunidad; pero son delitos económicos, patrimoniales contra el Estado que no prescriben, en ese aspecto yo considero que más temprano que tarde la justicia tiene que llegar a estos que se están escapando”, dijo el legislador.

Angulo recordó que al igual que Pinckert, otros exministros de facto huyeron del país, como Víctor Hugo Zamora, Yerko Núñez e incluso algunos que aseguraban que no iban a escaparse y permanecerían en Bolivia, como Arturo Murillo y Fernando López.

En este contexto, el legislador instó a la población boliviana a no olvidar las irregularidades cometidas por varias exautoridades del gobierno de facto, quienes se dedicaron a robar en plena pandemia.

“Los casi 12 meses del gobierno de facto están plagados de corrupción. El año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, en lugar de comprar insumos de bioseguridad, medicamentos para los mismos trabajadores en salud, en vez de comprar esos instrumentos se dedicaron a robar y a comprar gases lacrimógenos para reprimir, para perseguir”, reprochó.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, pidió a algunos grupos de médicos que promueven el paro de ese sector, que se sumen a la vacunación masiva contra el COVID-19 y que dejen de lado actitudes políticas.

“Hoy se inició la inmunización masiva del pueblo boliviano y en vez de amenazar, en vez de poner en riesgo la vida de los bolivianos, deberían sumarse al esfuerzo que hace nuestro Gobierno nacional para luchar contra esta pandemia; les invocamos a los dirigentes del Conasa (que) dejen esta actitud perversa, política, partidaria y de búsqueda de protagonismo, y súmense”, instó el legislador este lunes en conferencia de prensa.

Sobre la demanda de algunos médicos de derogar la Ley de Emergencia Sanitaria, Arce recordó que, durante el tratamiento y aprobación de esta norma, los dirigentes médicos no pudieron demostrar en qué artículo se viola supuestamente los derechos de los trabajadores en salud.

“En (la elaboración de) la ley hemos dado lectura y hemos debatido con varios de ellos (los médicos) y no pudieron demostrar un artículo que vulnere los derechos de los trabajadores, y hoy vemos esta obstinación como una amenaza de paralizar el país aparentemente con bloqueos”, lamentó.

Asimismo, dijo que, si existe alguna observación a la constitucionalidad de la ley, los mismos dirigentes pueden acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, que será la instancia que podrá darles o no la razón.

“Señores dirigentes del Conasa, ustedes tienen la vía, está previsto que, si un ciudadano considera que una ley vulnera sus derechos, ahí está el Tribunal Constitucional, acudan ahí y demanden la inconstitucionalidad de esta ley, esa instancia es la autoridad que va a decir si esa ley es ilegal o no es ilegal”, concluyó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a la ciudadanía a cumplir las medidas de bioseguridad durante la jornada electoral del próximo 11 de abril, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta para elegir a los gobernadores de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando.

El día de los comicios se aplicará el protocolo de bioseguridad elaborado con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mismo que se usó en las Elecciones Generales de 2020 y en los comicios subnacionales del 7 de marzo.

En ese marco, se recomienda a los ciudadanos que acudan a sufragar con el barbijo; lleven su propio bolígrafo; respeten la distancia de, al menos, un metro y medio en las filas; y que no permanezcan más del tiempo estrictamente necesario en el recinto electoral.

Asimismo, para evitar aglomeraciones se informó que se mantendrá el horario diferenciado, como ocurrió en los dos últimos comicios. Las mesas atenderán desde las 08.00 hasta las 17.00. Entre las 08.00 y 12.30, podrán emitir su voto las personas cuyo número de cédula termine en 0, 1, 2, 3 y 4. En tanto, desde las 12.30 hasta las 17.00, sufragarán quienes tengan las terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9.

“Con el conjunto de estas medidas, demostraremos nuevamente que los procesos electorales que se ejecutan con un adecuado protocolo, son seguros para la salud pública”, señaló el presidente del TSE, Salvador Romero.

Para dar un estricto cumplimiento de estas medidas, en los cuatro departamentos estarán los notarios, jurados y guías electorales, con el respaldo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

Las fuerzas del orden, además de brindar apoyo en la cadena de custodia y resguardar los recintos electorales, coadyuvarán en la labor de orientación a la ciudadanía para que se respeten las medidas establecidas en el protocolo de seguridad sanitaria.

“Bolivia ya ha demostrado que se puede llevar adelante procesos electorales que no ponen en riesgo la salud pública. Como prueban las estadísticas, los procesos electorales no inciden sobre la evolución de la pandemia”, ratificó Romero.