La Comisión de la Verdad entregó este lunes al presidente Luis Arce el informe final de indagaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982, durante la dictadura.
La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, entregó 11 tomos de la documentación recabada para que el Gobierno nacional pueda asumir las acciones correspondientes y los hechos no queden impunes.
“Vamos a leer en detalle cada uno de los elementos, recogemos las sugerencias de la Comisión de la Verdad. Estamos seguros que con nuestros ministros, la Asamblea Legislativa, con la cooperación del Órgano Judicial, vamos a poder cumplir”, aseguró el presidente Luis Arce.
Creación y labor de la Comisión de la Verdad
Mediante Ley Nº 879 de 23 de diciembre de 2016, se creó la Comisión de la Verdad. Cesó sus funciones administrativas y operativas el 20 de diciembre de 2019, por lo que, en el marco del Artículo 12 de la Ley Nº 879, se hizo la entrega del informe final al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Desde su creación, la comitiva revisó y analizó las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en el que se dio lugar a la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población boliviana, como aporte a la construcción de la memoria histórica.
Contribuyó al esclarecimiento de la verdad acerca de los casos de violaciones graves de derechos humanos, a fin de evitar la impunidad. Investigó y recabó información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidades civiles y penales de los posibles autores intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos para su procesamiento por autoridad o tribunal competente.
La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, recomendó el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves de derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas, en el marco de la normativa interna, así como de derecho internacional en materia de derechos humanos.
“El tiempo transcurrido en la realización de los hechos obligó a buscar y consultar a una diversidad de fuentes bibliográficas, hemerotecas, investigaciones previas, denuncias y testimonios escritos y otros que se pudo conseguir; sistematizarlos, articularlos y relacionarlos con otras distintas fuentes fue una tarea muy ardua. Se recuperaron testimonios que constituyen un material de enorme valor histórico”, informó Heredia en el acto oficial.
Asimismo, los 11 tomos presentados incluyen información de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ministerios de Estado, la Policía Boliviana y, además, documentación clasificada del Departamento Segundo de las FFAA.
“Es preciso remarcar que fuimos la única Comisión de la Verdad en el continente que accedió, tarde, pero accedió a documentación clasificada de las FFAA. Su conservación y orden no fueron los que ameritan un archivo estandarizado; sin embargo, es posible afirmar que el material logrado es de alto valor por su importancia. Las Fuerzas Armadas deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la Comisión de la Verdad no ha logrado digitalizar toda o la mayoría”, indicó.
Al respecto, el presidente del Estado destacó la labor realizada por la Comisión de la Verdad, que estuvo conformada por Nila Heredia como presidenta, Edgar Ramírez Santisteban, quien falleció recientemente; María Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos como comisionados; y Luis Fernando Rodríguez Ureña como Director General Ejecutivo.
“No puede volver a ocurrir este tipo de violaciones de los derechos humanos en contra de la población”, sostuvo el presidente Luis Arce y pidió que la información entregada por la comisión sea de acceso público.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, indicó: “Definitivamente, el esclarecimiento de la verdad y la información que ha llegado, que vamos a tomar conocimiento todos en el país, es pública; es parte de un proceso de memoria, justicia y verdad, que todas las generaciones sepan lo que sucedió en el país y que se les dé a todas las víctimas una garantía de no repetición del pasado, de no dictaduras y golpes de Estado”.
Antecedentes
En Bolivia, se tuvo 18 años de gobiernos represivos que dejaron un saldo de miles de personas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluidas alrededor de 150 víctimas de desaparición forzada.
El periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982, se ha caracterizado por la toma del poder por gobiernos militares de facto que vulneraron los derechos humanos en general y en particular los derechos de quienes se opusieron a estos regímenes luchando por la recuperación de la democracia.
El primer golpe militar de este periodo, tuvo lugar el 4 de noviembre de 1964 bajo las órdenes del general René Barrientos Ortuño, quien a partir de 1965 compartió el poder con el general Alfredo Ovando. Durante su gobierno las minas y poblaciones campesinas fueron violentamente asaltadas, suspendiendo el funcionamiento de sindicatos y partidos políticos, y llevando adelante una sistemática persecución de dirigentes y activistas.
El 24 de junio de 1967, el gobierno golpista junto con el ejército toma por sorpresa y al amparo de la noche, los campamentos mineros de la zona de Potosí dando lugar a la llamada Masacre de San Juan. Bajo este régimen en octubre, se toma preso y luego se asesina a Ernesto Che Guevara, quien lideraba el grupo guerrillero instalado en Ñancahuazú.
En 1969, tras un golpe de Estado, asume el poder el general Alfredo Ovando, quien durante su gobierno asesina a la mayoría de los 70 hombres que conformaban la guerrilla de Teoponte.
En 1971, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez llega al poder tras otro golpe de Estado que perduraría hasta 1978. Banzer apoyó y participó de la “Operación Cóndor”, un plan concentrado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes.
El 1 de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe de Estado y encabezó un régimen autoritario de 16 días. Como reacción se produjo un levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana que generó a su vez una violenta represión, dentro de los hechos acontecidos en este periodo de la historia, tenemos la conocida Masacre de Todos Santos.
En marzo de 1980, Bolivia pierde a Luis Espinal, quien. Fue detenido y asesinado por un grupo de paramilitares, quienes luego echaron su cuerpo inerte y con muestras visibles de tortura.
El siguiente golpe de Estado lo realizó Luis García Meza, quien se mantuvo en el gobierno hasta el 4 de agosto de 1981. El uso de la fuerza tuvo lugar el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana. El líder político y exparlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores Bedregal fueron desaparecidos. Asimismo, en este periodo se produjeron 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981 nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.
