La Paz, 12 de octubre e 2022 (ABI). – El Ministerio de Gobierno informó este miércoles que demandará por prevaricato al Juez Cuarto de Instrucción Cautelar de la ciudad de Cochabamba, Andrés Arias Pereira, que excluyó a esta cartera de Estado como querellante en el proceso contra los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
El despacho de Gobierno denunció, además, que existe cierta “complicidad” entre el juzgado y la RJC por pretender dejar sin apoyo a las múltiples víctimas de esa organización paramilitar.
“Está más que clara la colusión que existe entre la defensa de la organización criminal Resistencia Juvenil Cochala y el juez Andrés Arias Pereira (…) quienes pretenden alejar a esta cartera de Estado del proceso penal para dejar sin apoyo a las múltiples victimas que hemos identificado y que han sufrido vejámenes, torturas, privación de libertad y lesiones graves y gravísimas”, señala el comunicado difundido hoy.
El ministerio de Gobierno apeló la decisión de ese juez y consideró que su resolución es antijurídica.
También aclara que tiene respaldo constitucional para ser querellante en el proceso penal.
Recalca también que los hechos violentos generados por la paramilitar RJC afectaron al Estado y a la seguridad interna.
Recuerda que la paraestatal fue incluso mencionada por organismos internacionales, que la catalogaron como “altamente peligrosa”.
“Demandaremos al juez prevaricador, que, en el ejercicio de sus funciones, dictó resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la ley, aplicables al caso concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, en la sustanciación de una causa”, le lee en el comunicado de Gobierno.
Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado son los miembros de la paraestatal RJC acusados por los destrozos que se cometieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020.
La temida Resistencia
La “parapolicial” RJC fue calificada como un grupo violento que se trasladaba en motocicletas y causaba zozobra en la población.
Fue protagonista de momentos violentos durante el Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), que indagó los hechos de violencia y las masacres de Senkata y Sacaba en 2019, recomendó al Estado Boliviano desarticular estos grupos “parapoliciales” para evitar que se repitan hechos violentos.
GMM/Mac