Santa Cruz, 22 de diciembre de 2022 (ABI). – Efectivos de La Policía en coordinación con la Fiscalía realizaron este jueves la inspección ocular del carro bombero que adquirió la Gobernación cruceña para verificar si cumple con las características que se demandó en su momento.
“Acabamos de concluir una audiencia de inspección técnica ocular, en presencia de todos los sujetos procesales intervinientes en el presente acto (…) el objeto es verificar la presencia física del carro bombero y las características que corresponden a la investigación”, informó el fiscal Alberto Zeballos en contacto con Bolivia TV.
Investigadores del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) participaron de esta inspección para verificar la presencia física y tomar muestras fotográficas que será analizadas posteriormente.
El fiscal señaló que se esperan los resultados de los requerimientos fiscales que se realizó a la Aduana y a Impuestos para verificar desde cuando está el carro bombero en el país y el proceso de importación.
“Se han emitido requerimientos fiscales a instituciones como ser a Impuestos Nacionales a Aduana Nacional para verificar la estadía, la importación la nacionalización del carro bombero, la documentación será analizada por los investigadores para emitir la resolución conclusiva”, detalló.
Antecedentes
La Fiscalía inició la investigación luego del voraz incendio que afectó a más de un millar de gremialistas del mercado Mutualista, quienes perdieron su mercadería la noche del 31 de julio.
La madrugada del 1 de agosto, el gobernador llegó al mercado y los comerciantes lo increparon por la falta de condiciones para evitar ese tipo de tragedias. Ante esa situación, Camacho respondió que la Gobernación solo cuenta con carros cisternas y no carros bomberos.
Más tarde, asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 aprobaron el presupuesto de 1,7 millones para comprar un carro bombero.
Fue el diputado Rolando Cuellar quien denunció este caso en la Fiscalía y reveló que la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, no se concretó.
Según esa denuncia, presuntamente hubo una contratación irregular porque fue realizada mediante contratación directa y no mediante licitación pública.
En este caso, el 25 de septiembre el juez determinó la detención preventiva de Alejandro S., quien era director de Seguridad Ciudadana y es investigado por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado por la presunta compra irregular por parte de la Gobernación, dirigida por Luis Fernando Camacho.
El 29 de septiembre, el representante legal de la empresa ABM, Alexandro A. G., también fue enviado a la cárcel con detención preventiva, acusado por la presunta comisión de los delitos por delitos como contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Tras la investigación, la Gobernación decidió disolver el contrato de adquisición por incumplimiento del plazo de entrega por parte de la empresa contratada.
GMM/Mac