Un informe de la Defensoría del Pueblo indica en una de sus conclusiones que tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se vulneraron los derechos de la libertad de expresión, información y comunicación en Bolivia.

“La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como Bolivia Tv, Abya Yala, UNITEL, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página Siete, Opinión y Los Tiempos por la falta de protección estatal, vulneró el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación (sic)”, se lee en parte del documento titulado “Violación de los Derechos Humanos en Bolivia - octubre - diciembre 2019”.

“Esto se vio agravado por la limitación de acceso a la información y la difusión masiva e información falsa a través de medios de comunicación alternativa y redes sociales que generaron incertidumbre en la población y exacerbaron la escalada de violencia durante el conflicto”, añade.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentará el 17 de agosto el informe de las investigaciones realizadas sobre los hechos de violencia de 2019, que incluye las agresiones a periodistas.

Un frente de investigación que empezó a desarrollarse en enero de este año está relacionado a los hechos de violencia contra la prensa. El GIEI-Bolivia recolectó los testimonios de profesionales de prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Días después de que Jeanine Áñez tomara el Gobierno en noviembre de 2019, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea del Gobierno de facto, ya que eran considerados sediciosos.

“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este sábado que los efectivos policiales, en el marco del operativo denominado “Ceja Segura”, interceptaron un minibús que fue “acondicionado” para realizar robos agravados en la ciudad de El Alto.

“Se ha procedido a la interceptación de un vehículo minibús marca Toyota, con placa 2919 EAR (…). Este vehículo se ha identificado que ha sido acondicionado para la comisión de delitos”, indicó Ríos en conferencia de prensa.

De acuerdo con la autoridad, efectivos policiales realizaban controles de seguridad en la calle 2 de la avenida 6 de Marzo, donde estaba un minibús a las 03:00 con características particulares, como vidrios polarizados, la placa de control estaba cubierta por un plástico que impedía su visibilidad.

Aclaró que los efectivos del orden conversaron con los dos ocupantes del vehículo, quienes demostraron incomodidad y nerviosismo, por lo se realizó una requisa y encontraron billeteras y celulares. Los ocupantes no lograron justificar su tenencia por lo que se procedió a su detención.

“Los efectivos policiales se han percatado del nerviosismo (de los ocupantes), por lo cual procedieron a la requisa (…). Se ha encontrado aparatos celulares, billeteras, los cuales no pudieron ser justificados”, aseveró.

Ríos detalló que se presume que los artículos encontrados en el minibús podrían ser producto de robos agravados, por lo que los sujetos están detenidos y serán investigados. Asimismo, señaló que indagarán los antecedentes y un “presunto” vínculo de los detenidos con un homicidio perpetrado en 2018.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este sábado que los efectivos policiales realizaron el operativo denominado “Ceja Segura” y lograron la aprehensión de 24 personas que se dedicaban al robo agravado y hurto, atentando contra la integridad de la población en la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto.

“Este operativo ha sido desarrollado en la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto (…). Se ha procedido al arresto de 24 personas, las que han sido conducidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, expresó Ríos en conferencia de Prensa.

De acuerdo con la autoridad, efectivos policiales recorrieron las principales calles de la zona en la madruga de este sábado. Mediante este operativo se logró la captura de 24 antisociales en tenencia de cuerdas, cuchillos, navajas y otros elementos punzo cortantes.

Esta jornada se realizó su presentación, 22 de los sindicados son varones y dos mujeres operaban en las calles Jorge Carrasco, Franco Valle, inmediaciones de la plaza Juana Azurduy, entre otras.

Ríos alertó que el 90% de los detenidos tiene antecedentes policiales por robo agravado y hurto. Los sindicados serán puestos ante el Ministerio Público para que determine su situación.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez explicó que la opinión consultiva de la Corte-IDH sobre la reelección indefinida no es vinculante, no tiene efecto jurídico, no es retroactiva y, en caso de ser parte de un juicio, solo podría servir como alegato pero no como prueba de la comisión de algún delito.

El especialista, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, explicó que lo único que pasó es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dio su opinión respecto a la consulta realizada por Colombia.

La opinión consultiva de la Corte-IDH “no es vinculante, se trata solo de una opinión”, dijo el jurisconsulto, quien aclaró que no se trata de un fallo sino una opinión que puede o no ser tomada en cuenta por alguna autoridad judicial como parte de “apoyo doctrinario como fuente del derecho”.

La opinión consultiva de la Corte-IDH tampoco es retroactiva, es decir puede regir a futuro y quienes consideran que se puede usar para hechos del pasado, están equivocados, sostuvo.

Puso como ejemplo que ningún juez podría aceptar que se coloque como centro de una demanda judicial una opinión (como de la Corte-IDH) en vez de hechos y pruebas de la comisión de un delito. “La opinión consultiva puede servir como alegato”, indicó.

Explicó que la posición del organismo internacional es como una referencia “y no tiene efecto jurídico”.

Manifestó que el tema de la reelección indefinida no tiene trascendencia en este momento y que el soberano ya decidió en una elección democrática que el presidente sea Luis Arce.

El jueves, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló que el dilema político causado por el debate de la reelección indefinida en el país, ha sido resuelto.

“En cuanto a la reelección indefinida, en Bolivia este tema ya se ha resuelto cuando se convocó a las elecciones de octubre de 2020”, indicó, según un boletín de prensa.

El Ministro citó el Parágrafo II del Artículo 19 de la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que establece textualmente: “Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”.