El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este viernes que en los próximos meses entrarán en funcionamiento los seis helicópteros Súper Puma para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el país.

“De los seis que existían, a la fecha solo tenemos dos helicópteros que son de suma importancia para la interdicción y operativos de traslado de efectivos hasta el lugar de los hechos. Para los próximos meses entrarán en operación los seis helicópteros, además de un mayor equipamiento para la FELCN y modernización de su armamento”, anunció en una entrevista.

Mamani indicó que al asumir el cargo se evidenció que ninguno de los vehículos para los operativos, ni helicópteros que habían sido adquiridos durante la gestión del presidente Evo Morales, estaban en funcionamiento; asimismo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) no contaba con instrumentos para desarrollar su trabajo.

“Para hacer una lucha eficiente necesitamos equipamiento, material logístico y al principio hemos tropezado con eso, el Gobierno de facto no solo ha destruido la economía del país, sino que ha destruido las instituciones”, aseveró.

Agregó que de manera inmediata se pondrá también en funcionamiento los 13 radares para el control del espacio aéreo para el monitoreo de avionetas que ingresan al país; además del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) para el cruce de información entre países vecinos.

El jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que los tres elementos que evidencian la ejecución de una masacre en un determinado territorio, fueron ejecutados en Sacaba y Senkata durante el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Explicó que el término masacre es utilizado cuando un conjunto de personas es ejecutado extrajudicialmente, o hay un alto número de víctimas fatales resultado de operativos conjuntos entre la Policía y los militares; y por el número de personas que perdieron la vida de una misma forma al mismo tiempo o lugar.

“Estas tres características están presentes en lo que ha sucedido en Sacaba y Senkata y la visita de la Comisión identificó patrones de lesiones que refuerzan más este registro de que hubo indicios de ejecución extrajudicial, además de los numerosos testimonios que hemos recibido y las imágenes registradas”, sostuvo durante una entrevista con el programa "La Pulga Podcast".

Abraõ dijo que algunos países no reconocen la masacre registrada en Bolivia en 2019 porque eso implicaría una responsabilidad internacional sobre toda la cadena de comando que generó las condiciones de violencia.

“También, en Bolivia identifiqué un intento muy claro de politizar el reclamo, de politizar la memoria, verdad y justicia de las víctimas, como una manera de generar invisibilidad, como una manera de justificar la violencia por parte del Gobierno de entonces”, afirmó.

Recordó que la visita de la delegación de la CIDH se realizó en un contexto post electoral, en el que las violaciones a los derechos humanos documentadas y registradas demostraron una responsabilidad directa de las autoridades del gobierno de facto.

“En Bolivia hemos encontrado un elevado número de testimonios y documentos que mostraron un uso desproporcionado de la fuerza de seguridad, situaciones de violación del derecho a la vida, violaciones al derecho a la protesta, e indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, más allá de las masacres mencionadas”, reveló.

El jurista dijo que, en su visita a los centros de detención, se encontró a cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente y que sus testimonios fueron recabados sobre tortura y malos tratos, más allá de la intimidación social que se disparó en las calles y la persecución a los opositores al régimen de facto de Jeanine Áñez.

Aseguró que el caso de Bolivia amerita gran atención de la comunidad internacional para que no se pierda el foco central de la discusión y la representación de los derechos humanos que no pueden ser sustituidos por intereses políticos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, comprometió este jueves eliminar las prácticas de represión que se aplicaron durante los once meses del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y dijo que trabajará por el bien común del pueblo boliviano.
“Durante el Gobierno de facto, la Seguridad Ciudadana ha sido abandonada, nuevamente se ha retomado prácticas como represión antes que la prevención, el uso excesivo de la fuerza y en la pandemia se restringió la transitabilidad con multas excesivas, fuimos víctimas de encarcelamiento y multas”, rememoró, según un boletín de prensa.
Indicó que gracias a las gestiones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se condonó toda multa de los dueños de los vehículos que fueron retenidos “injustamente”, logrando entregar 812 automotores a la fecha, añade el reporte.  
Dijo que para la gestión 2021, el Viceministerio se planteó once compromisos, entre los que destaca la implementación del Sistema Nacional de Registro de Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana; acciones coordinadas en prevención, auxilio y mitigación de incendios en emergencias y/o desastres y coordinación con la Policía Boliviana para la mejora de protocolos de actuación de los servidores públicos policiales en las Estaciones Policiales Integrales (EPI´s).
También se tiene previsto establecer acciones estratégicas y compromisos para la prevención del delito y la violencia, a través de la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que generará el Plan 2021 – 2025, que deberá ser validado y aprobado, al igual que el Plan de Seguridad Vial.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, informó este jueves que hasta la fecha, solo ocho casos de los 33 feminicidios a nivel nacional cuentan con sentencia.

“Del total de 33 casos que se suscitan en esta gestión, ocho obtuvieron sentencia donde los imputados aceptaron la pena de 30 años de cárcel por feminicidio que representa la aceptación de la culpa”, informó en una entrevista con el programa 180, de radio Patria Nueva.

Fajardo explicó que cada caso es sometido al cumplimiento de los plazos procesales. En primera instancia, el proceso preliminar tiene una duración de 20 días para pasar a la fase preparatoria de seis meses.

Indicó que los departamentos con mayor incidencia son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Detalló que La Paz cuenta con ocho casos, Cochabamba, siete; Santa Cruz, seis casos; Oruro, cuatro; Beni, dos; Potosí, tres; Chuquisaca, dos y Pando, un caso, motivo por el cual se decidió crear la Dirección Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal que investiga ese tipo de sucesos.

Agregó que el trabajo es realizado por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y un conjunto de fiscales que buscan sustentar las denuncias para que estas no sean objetadas por los agresores.