Flora Guzmán, presa política y víctima de los sangrientos hechos que vivió Montero en octubre y noviembre de 2019, rememoró este viernes ante los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) las vejaciones y violación a sus derechos que sufrió junto a su familia.

“Solo por salvar vidas fui llevada a la cárcel, yo como médico tengo esa facultad de salvar vidas y socorrer a las personas que lo necesitan, pero había sido un delito”, contó con lágrimas y lamento a los expertos.

Detalló que por salvar y ayudar a una persona que estaba es estado crítico, producto de la violencia suscitada en Montero, fue detenida y remitida a la cárcel sin ninguna orden de aprehensión, “me trataron como delincuente, como si hubiese matado (…). Me aprehendieron junto mis dos hijos, prácticamente toda mi familia estuvo en la cárcel” apuntó.

Cuando quiso defenderse ante la justicia, expresó, no tenía ese derecho, porque era catalogada de terrorista por el gobierno de Jeanine Áñez. “Durante 25 años trabajé salvando vidas, pero el delito más grande fue atender a una persona que requería ayuda”, rememoró.

“Para mí fue un infierno la cárcel, porque nunca había estado ahí, era una tortura ver a mis hijos al lado mío (en la cárcel). No tenía derecho a comunicarme ni mucho menos salir en medios de comunicación, cuando salí en libertad, lo primero que hice fue recuperar mi fuente laboral, pero me negaron ese derecho”, lamentó Guzmán.

A consecuencia de esa mala experiencia, la víctima y presa política informó que su hijo mayor perdió a su esposa y que ahora debe mantener y cuidar a sus tres nietos; mientras que su otro hijo quedó traumado psicológicamente por lo vivido en la cárcel, “por eso pido justicia” clamó ante el grupo de la GIEI.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este viernes que se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia la proposición acusatoria contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata.

“El Ministerio Público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia, el requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte”, informó en conferencia de prensa.

La Fiscalía General del Estado hizo la presentación del requerimiento acusatorio en merito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos los días 15 y 19 de noviembre de 2019, en el sector del puente Huayllani del municipio de Sacaba y en la planta de Senkata de la ciudad de El Alto, y los antecedentes acumulados, en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley 044 de octubre de 2010, detalló.

“El presente requerimiento acusatorio, presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia, sobre los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia en el desarrollo de acumulación de antecedentes previstos en la Ley 044”, indicó.

En este contexto, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia remitir el requerimiento acusatorio a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la respectiva autorización de juzgamiento.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo este viernes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) confirma que durante el régimen de Jeanine Áñez se criminalizó la libertad de expresión.

“El informe menciona y saca que por publicaciones en redes sociales se realizan persecuciones, se utiliza el término de sedición y se detiene irregularmente a las personas. ¿Qué puede denominarse eso? Si uno no puede expresarse, si no se tiene la libertad de expresión garantizada y que está en nuestra Constitución Política del Estado”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

Hizo énfasis en que el Gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, garantiza el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación.

El documento presentado esta semana por el GIEI-Bolivia establece que la protesta de la sociedad civil es una acción en la que se ejerce el derecho a la participación política en su dimensión de crítica y de deliberación sobre los asuntos públicos.

“El ejercicio de ese derecho comprende la libertad de expresión y opinión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, como parte de los derechos laborales colectivos de libertad sindical y huelga, así como los mecanismos para reclamar la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales u otros derechos específicos vinculados con determinados grupos diferenciados o discriminados”, se lee en el informe.

La autoridad gubernamental cuestionó que durante los hechos de violencia en el régimen de Áñez, medios optaran por la poca cobertura de la vulneración de derechos humanos, por lo que las víctimas hacían conocer sus denuncias mediante espacios alternativos y redes sociales digitales.

El informe indica que se vulneraron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación; el derecho a la no discriminación, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; el derecho a la salud; el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este viernes que corresponde el juicio de responsabilidades para todos los autores de las masacres y vulneración de derechos humanos de 2019.

Hizo referencia al tema al evaluar las conclusiones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia en el régimen de Jeanine Áñez.

El documento indica que, en reunión del Senado del 12 de noviembre de 2019, sin el quórum previsto en reglamento, Áñez se declaró presidenta de esta instancia legislativa y luego, sin el quórum requerido, se declaró presidenta interina del Estado.

“Acá hubo un golpe de Estado. Habrá que responder, corresponden las investigaciones; un golpe de Estado que ha llevado a estas violaciones de derechos humanos, a estas masacres, a estas ejecuciones extrajudiciales, a actuar contra nuestro pueblo boliviano con represión, esto merece investigaciones y juicio de responsabilidades”, indicó en entrevista con Bolivia TV.

El informe del GIEI-Bolivia concluye que en 2019 existió vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.

“Acá hablamos de graves violaciones a los derechos humanos en todos los sentidos, torturas, masacres, asesinatos, estas ejecuciones extrajudiciales, aparte de lo que ha significado el contexto racial, indigenista. Decir que eras del MAS (Movimiento Al Socialismo) era prácticamente un delito”, aseveró.

En su informe, el GIEI-Bolivia establece 36 recomendaciones para el Estado, la sociedad civil boliviana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas los procesos judiciales para todos los responsables de las masacres y vulneraciones de derechos.