El experto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Julián Burger, dio a conocer este miércoles algunas de las recomendaciones planteadas por el equipo internacional para el Estado respecto a las víctimas de la masacre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto. Entre las sugerencias se encuentra el pedido de que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía entreguen documentación sobre los operativos de las masacres de 2019.

“Hemos puesto una recomendación en términos de las instituciones públicas que presten amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones, en especial que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante este periodo”, indicó.

El GIEI-Bolivia presentó la mañana de este miércoles en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Las investigaciones concluyeron que las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza en Senkata. Como resultado de los hechos, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas.

“Creo que es muy importante lo que hemos pedido al Gobierno, de una adopción de un plan de reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, no solamente aquí, en otros lugares del país. Ayer, hemos entendido del presidente (Luis Arce), es comprometido a hacer este plan de reparación (sic)”, indicó Burger.

Explicó que otras de las recomendaciones es que existan medidas para un plan de atención y reparación integral de las víctimas de Senkata y la posibilidad de un censo donde estén los nombres de todos los afectados.

“La tercera recomendación en términos de esos eventos en Senkata es promover actos públicos que reconozcan la dignidad de las víctimas y responsabilidad estatal en las vulneraciones de los derechos humanos”, dijo.

Pidió que se promuevan las investigaciones de manera seria, efectiva, exhaustiva y diligente con respeto al debido proceso y de los derechos de víctimas, de las personas imputadas y procesadas.

Dijo que otra de las recomendaciones es la aplicación de sanciones para todos los responsables de los hechos de violencia y vulneración de derechos documentados en el informe.

“Hemos recomendado hacer especial atención a los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género”, sostuvo.

Explicó que otra sugerencia está relacionada a la erradicación de la tortura en el sistema penitenciario para asegurar el respeto de los derechos de las personas.

Sostuvo que se deben erradicar prácticas abusivas en las FFAA y la Policía, además de aplicar normas para fortalecer a estas instituciones en el respeto a los derechos, subordinadas a la sociedad civil, e impulsar controles internos y reglas de transparencia. Añadió la necesidad de adoptar protocolos para regular las actuaciones de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales.

Reiteró que es una sugerencia la organización de una cumbre nacional contra el racismo y discriminación.

Dijo que el GIEI-Bolivia está dispuesto a aportar al Estado en la aplicación de un mecanismo de implementación de todas las recomendaciones hechas, sobre todo para la reparación de las víctimas.

Familiares de las víctimas de Senkata exigen justicia por los muertos y heridos que dejó la masacre gestada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en octubre y noviembre de 2019, así como cárcel para sus colaboradores y aliados, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Waldo Albarracín.

Tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), expuesto hoy en Senkata, El Alto, por una delegación de expertos del grupo internacional, las familias vieron aliviados sus clamores de justicia ya que el documento abre esa posibilidad de sancionar y castigar a los culpables.

Con fotografías y videos en mano, familiares mostraron al grupo de expertos la violencia y falta de respeto a sus derechos con que actuaron efectivos policiales y militares en 2019, por lo que a una sola voz exigieron justicia por los muertos y heridos de Senkata.

“Nos sentimos satisfechos con el informe porque al fin se hará justicia, nuestra lucha no ha sido en vano”, dijo una de las víctimas en contacto con Bolivia Tv.

Por otro lado, se escuchó el clamor de justicia y cárcel para Jeanine Áñez y sus colaboradores y aliados, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Waldo Albarracín, por haber gestado el golpe de Estado en 2019.

“Estábamos olvidados y aislados por el gobierno golpista, no había respeto y justicia para nosotros. Ahora queremos que se agilicen los procesos en contra de exautoridades y colaboradores de Áñez (…) fuimos masacrados, torturados y asesinados, por eso pedimos justicia y respeto a nuestros derechos”, aseveró otras de las víctimas.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que, luego de conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia, asumirá acciones legales para que el Ministerio Público agilice el proceso de juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.

“Quiero anunciar que nosotros vamos a presentar en las siguientes horas, nos vamos a presentar y apersonar en ese proceso de juicio de responsabilidades como sujeto procesal acompañando el informe que oficialmente ha recibido el Estado. Vamos a pedir al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) que, de acuerdo a los pasos respectivos, se apure la presentación de la proposición acusatoria”, aseveró en conferencia de prensa. 

Los expertos internacionales presentaron el martes el informe final sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En el documento, se confirma la existencia de masacres tanto en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto como en el municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.

“Por nuestra parte, hemos indicado que, tomando conocimiento de este informe, algunos días atrás y el informe final el día de ayer, lo urgente, lo conducente y lo necesario era de una vez hacer nuestro apersonamiento ante la Fiscalía General del Estado en el juicio de responsabilidades que han iniciado las víctimas de Senkata y Sacaba”, indicó.

El 6 de julio, tras la admisión de la proposición acusatoria por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se comunicó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar inicio a las investigaciones y citaciones de los involucrados en los hechos de 2019.

La proposición acusatoria sobre los hechos en la zona de Senkata y Sacaba tiene como base las actuaciones cumplidas por Áñez en su condición de mandataria a denuncia de 20 personas.

El experto e investigador del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Juan Méndez, afirmó que partir de la fecha, teniendo el informe sobre los hechos violentos de 2019, se abre una posibilidad de justicia para las víctimas y heridos producto de masacres perpetradas por efectivos policiales y militares.

“Los hechos que ustedes han sufrido son violaciones graves a los derechos humanos, y como tales exigen del Estado Plurinacional de Bolivia una reparación integral al sufrimiento que ustedes han sufrido. Aspiramos a que esto se haga de una manera ordenada, pública, transparente, pero respetuosa de la dignidad de las personas que van a recibir beneficios en el marco de un plan integral de reparación”, dijo Méndez en su intervención durante la presentación del informe final del GIEI en Senkata, El Alto.

En cuanto a las personas torturadas, dijo que son delitos que no prescriben y que el paso del tiempo no impide su investigación. En ese caso, detalló que hay varias dificultades para individualizar a las personas que cometieron delitos de tortura, sin embargo, instó al Gobierno cumplir su responsabilidad para no permitir que la tortura y las ejecuciones extrajudiciales queden impunes.

“Se tiene que hacer un esfuerzo investigativo importante siguiendo lo que nosotros hemos determinado de cómo sucedieron los hechos, quiénes fueron sus autores, quiénes fueron sus instigadores y sus autores inmediatos, y cómo deben ser llevados a los estrados de justica para que paguen por sus acciones”, aseveró.

Apuntó que las graves violaciones de derechos humanos están estipuladas y detalladas en el informe y que el Estado está en la obligación de cumplir con esas obligaciones de justicia, así como las víctimas de acceder a una reparación de daños, tanto monetaria como simbólica.

“En cuanto a la politización de estos hechos, nosotros somos claros y llamamos a todos los actores del escenario político boliviano a la responsabilidad, la no politización no puede crear o significar olvido, no puede querer significar impunidad, no podemos decir que no hay que investigar porque eso politiza. La violación de los derechos humanos no puede quedar impune”, concluyó Méndez.