El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Antinarcóticos (FELCN) realizaron dos operativos antinarcóticos bajo el plan “Vías seguras”. Lograron incautar paquetes de cocaína valuadas en casi $us 1,8 millones en el departamento de Cochabamba.

“Queremos comunicar al pueblo boliviano sobre dos nuevos operativos realizados por Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural) Chapare con grandes resultados. (…) Podemos decir que con estos dos operativos se afectó en más o menos 1,8 millones de dólares al narcotráfico”, indicó en sus redes sociales.

El primer operativo se realizó en Tiraque, aproximadamente a  las 4.30, cuando una vagoneta de color plomo se acercó a un punto de control de Umopar y luego se dio a la fuga.

Efectivos policiales realizaron la persecución y realizaron una búsqueda por la zona. Más tarde, lograron su captura en un domicilio cercano. En la requisa del vehículo y el domicilio, se encontró 10 bolsas de yute que contenía 300 paquetes cocaína con un peso total de 305 kilogramos con 490 gramos. Se aprehendió al sujeto propietario de la vivienda y se retuvo la vagoneta.

“Se encuentra, en el domicilio del señor Emiliano C.C. de 45 años de edad y en el vehículo, 10 bolsas yute, que en su interior contenían con cocaína, 300 paquetes de cocaína que tenía un peso 305 kilogramos con 490 gramos. En este caso, se ha afectado al narcotráfico en 1.5 millones de dólares”, explicó.

El segundo operativo se realizó en la carretera principal de Cochabamba- Santa Cruz, cerca de la central Valle Sacta, donde efectivos detectaron un vehículo sospechoso sin placa. El conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga escapando en el monte.

Tras la requisa, se encontró 55 paquetes de cocaína, con un peso total de 55 kilogramos con 580 gramos de pasta base de cocaína valuado en $us 277.000.

Ambos operativos se realizaron el 10 de agosto en el plan “Vías seguras” en el departamento de Cochabamba. Según las autoridades, este tipo de controles se realizarán a nivel nacional.

“Nuestra lucha frontal contra el narcotráfico es incansable, día a día vamos a seguir con los controles de manera efectiva dentro del territorio nacional”, indicó el ministro en conferencia de prensa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a 17 posibles responsables del daño económico causado al Estado por la compra de 170 respiradores españoles durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, informó este jueves su secretario general, Edwin Quispe.

“Hemos identificado a 17 posibles responsables, dentro de los que está el exministro Marcelo Navajas, su asesor Fernando Valenzuela y también están funcionarios de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico”, indicó en el programa "Primer Plano de Bolivia Tv.

Dijo que se realizó las pericias dentro del proceso de investigación a partir de las denuncias y la colección de evidencias que se pudo obtener.

Agregó que una pericia realizada en el marco de la investigación del caso estableció un daño económico de Bs 15.492.230 al Tesoro General del Estado (TGE).

Dijo que una segunda pericia evidenció que los ventiladores presentan cuatro irregularidades que impiden su utilización.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló este jueves que el dilema político causado por el debate de la reelección indefinida en el país, ha sido resuelto.

La autoridad hizo la declaración en relación a la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). 

“En cuanto a la reelección indefinida, en Bolivia este tema ya se ha resuelto cuando se convocó a las elecciones de octubre de 2020”, indicó, según un boletín de prensa.

El Ministro citó el Parágrafo II del Artículo 19 de la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, que establece textualmente: “Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”.

El 21 de octubre de 2019 la República de Colombia presentó una solicitud de Opinión Consultiva sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Al respecto, Lima explicó que la Corte-IDH en su función consultiva emite opiniones consultivas sobre la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) o de otras normas de derechos humanos, con carácter abstracto y de aplicación genérica.

La Opinión Consultiva al ser de carácter general, no establece un plazo ni una imposición expresa para el país.

“El artículo 196 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce la facultad interpretativa de la norma suprema; por tanto, la Opinión Consultiva debe ser conocida y analizada por dicha instancia”, explicó.

El Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) aclaró este jueves que el vuelo de la aeronave Beechcraft FAB-050, realizado el 7 de agosto entre la ruta Chimoré-Tarija-Chimoré con personal civil, fue contratado y pagado, de acuerdo con los formularios de prestación de servicios de transporte aéreo que tiene registrados.

“El vuelo realizado en la aeronave FAB-050 en la ruta Chimoré-Tarija-Chimoré, de fecha 07 de agosto de 2021, fue contratado de acuerdo a formularios de prestación de servicios de transporte aéreo, previo pago del servicio”, menciona un comunicado institucional.

De acuerdo con el documento, la cancelación de los recursos económicos por el vuelo fue realizada a la cuenta fiscal Nro. 10000023759878, al amparo de la normativa descrita en el Decreto Supremo N° 5143, la Resolución Administrativa 035/2020 y la Resolución Directiva 09/2020.

El comunicado menciona, además, que la aeronave del caso forma parte de una flota perteneciente a la FAB y aclara que no fue diseñada como ambulancia aérea tal como aseveran algunas versiones falsas.

“Toda la flota de aeronaves de la FAB está desplegada en el territorio nacional cumpliendo diferentes tareas asignadas legalmente. No existe ninguna aeronave de la FAB de uso exclusivo en ningún departamento o institución del país”, agrega.

El documento institucional menciona, por último, que la aeronave está autorizada para realizar vuelos, previos procedimientos legales y técnicos, ante el requerimiento de cualquier ciudadano, cumpliendo las condiciones de aeronavegabilidad.