El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que en nueve operativos de allanamiento a inmuebles de Arturo Murillo y sus cómplices, en todo el país, se logró encontrar documentación vinculada al caso gases lacrimógenos y a otros procesos.

“Ayer (jueves) hemos realizado, en conjunto con la Policía Boliviana, seis allanamientos en todo el territorio nacional. Hoy estamos realizando tres allanamientos más. Hemos encontrado bastante documentación, no solo vinculada al caso de la compra de gases lacrimógenos, hay una serie de otros procesos que se encontrarían en estos domicilios”, indicó a los periodistas.

La autoridad señaló que los operativos se realizaron en el marco de la investigación del “clan mafioso del gobierno de facto de Jeanine Áñez”, donde está involucrado Murillo y varios de sus cómplices.

Dijo que aparte de exfuncionarios públicos del gobierno de facto, están involucrados efectivos policiales que también están siendo investigados por la confabulación con el exministro de Gobierno para asaltar las arcas del Estado.

“Murillo, para asaltar las arcas y robarle la plata al pueblo boliviano no actuaba solo, lo venimos diciendo desde el inicio de nuestra gestión. Evidentemente hay efectivos policiales que están siendo investigados. El núcleo del clan mafioso, está encabezado por la señora Áñez, el señor Murillo y el exministro de Defensa, Fernando López”, aseguró.

Del Castillo recordó que para la extradición de Arturo Murillo se siguen dos conductos regulares, uno a través de Interpol y otro a través de la vía de cooperación entre Estados.

El fiscal Marcos Villa Pareja emitió este jueves una orden de citación contra la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, para que preste su declaración informativa el 1 de junio, a las 11.00, por una denuncia en su contra referida a la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad del trabajo y amenazas.

“Manda y orden a cualquier funcionario público hábil no impedido o miembro de la Policía Boliviana, cite formalmente a Sonia Melissa Ibarra Rosario, con C.I. 4758287, con el objeto de que el día 01 de junio de 2021, a horas 11.00, preste su declaración informativa”, menciona el documento del Ministerio Público.

La denuncia del caso fue presentada por el Ministerio de Defensa en contra de Paola Lorena Barriga Machicado, Sonia Melissa Ibarra Rosario, Guadalupe Cárdenas Cabrera y Mauricio Neftali Mamani Andrade.

La citación expresa que la expresentadora deberá apersonarse a la Fiscalía Especializada de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la ciudad de La Paz, con su cédula de identidad y acompañada por un abogado defensor, y si no cuenta con uno, se le designará alguno de oficio.

“Bajo conminatoria de expedirse mandamiento de aprehensión en caso de inasistencia en conformidad al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal”, agrega la nota.

Según datos oficiales, la Fiscalía General del Estado emitió el 18 de mayo de este año una orden de aprehensión en contra de la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, quien no se presentó a declarar en el marco de las investigaciones de un caso de supuesta extorsión, encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, en el que está involucrada.

El Ministerio Público citó a la expresentadora a denuncia de una víctima de aprehensión ilegal en la zona Sur de la ciudad de La Paz durante la cuarentena rígida de mayo de 2020, por parte de dos personas vestidas con uniformes del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), en un vehículo blanco de propiedad de Ibarra.

Fiscales y policías realizaron allanamientos a los domicilios del exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo; de su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez y de otros involucrados en el clan mafioso que acopió dineros públicos y los exportó a EEUU, donde son procesados por sobornos y lavado de dinero.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Douglas Uzquiano, informó que esos allanamientos se realizaron en distintos domicilios ubicados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

"Se han realizado operativos en los cuales se han realizado allanamientos en las principales ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en la búsqueda de mayores elementos de juicio y convicción para que podamos ayudar a la investigación", informó al canal televisivo Bolivia Tv.

Según el reporte, son al menos 23 las personas involucradas en este caso referido a la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma con sobreprecio, que realizó una red integrada por Murillo, Luis Fernando López y otros, mediante una empresa intermediaria, en 2019. 

El costo real de esos equipos de represión era de $us 3,3 millones, pero el Estado boliviano pagó $us 5,6 millones, es decir que hubo un sobreprecio aproximado de $us 2,3 millones que fueron repartidos entre los involucrados en esa transacción.

Gracias a los allanamientos se logró incautar equipos de computación y documentos que pueden ser útiles a las investigaciones.

En el barrio de Equipetrol, en Santa Cruz, se realizó uno de los allanamientos en el domicilio de Raúl López, exdirector jurídico del Ministerio de Defensa, informó el canal televisivo.

"Se ha decomisado alguna documentación pertinente a la investigación sobre legitimación que ha iniciado la Fiscalía anticorrupción de la ciudad de La Paz y se ha procedido a secuestrar documentación", informó a Bolivia Tv el fiscal Javier Cordero.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que el Ministerio Público inició el proceso de extradición en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, por el caso “Gases Lacrimógenos”; además anunció acciones para la recuperación de activos y dinero a favor del Estado Boliviano.

“El Ministerio Público ha iniciado el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal para que la solicitud de extradición sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo al artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal”, informó en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que se dispuso la realización de todas las acciones procesales destinadas a la recuperación y repatriación de todos los activos, dinero y valores que se generaron como resultado de dichos actos ilícitos, en favor del Estado.

“El accionar del Departamento de Justicia de Estados Unidos denota la legalidad y legitimidad de las actuaciones investigativas desarrolladas por parte del Ministerio Público de Bolivia contra el exministro”, aseguró.

El Fiscal General, señaló que el Ministerio Público tomó conocimiento de la aprehensión y la situación procesal del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero y soborno al haber aplicado un plan de soborno desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 con la finalidad de beneficiar con un contrato millonario a una empresa con sede en Florida para que tuviera negocios relacionados a la compra de equipos no letales y gases lacrimógenos con el Misterio de Defensa de Bolivia.

Dijo que el proceso penal se encuentra en la fase final del trámite de la etapa preparatoria, habiendo emitido imputación formal en contra del exministro de Gobierno.

En el marco de las investigaciones, la Fiscalía solicitará también el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional que tengan como propietarios a Arturo Murillo y otros involucrados en los hechos de corrupción que son investigados en territorio boliviano.

Por otro lado, informó que en horas de la mañana se desplegaron varios operativos de allanamiento a inmuebles de los investigados y también se hicieron visitas a entidades bancarias para establecer el recojo o retiro irregular de dinero.

El Ministerio Público activó nueve procesos en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que tienen que ver con delitos relacionados a Uso de Instrumento Falsificado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Uso indebido de Influencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otros.