Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020
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La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este miércoles que se presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el exministro de facto Arturo Murillo Prijic y contra Aida Luz Lorena Melean Coronado, por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020.
Durante el gobierno de facto, un grupo de personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno, procedieron al allanamiento de las instalaciones de la UIF, ingresando a las oficinas e impidiendo el normal desarrollo de las funciones de los servidores públicos, prohibiendo la posibilidad de estar en sus escritorios y reuniéndolos en un ambiente durante toda la jornada laboral.
Los funcionarios del Ministerio de Gobierno ingresaron a estas dependencias violando la política de seguridad de la institución y los protocolos de entrada y salida que deben cumplir todas las personas que ingresan a esta entidad.
“Nosotros debemos aplicar medidas de seguridad al ingreso de nuestras instalaciones, protegiendo la forma como transmitimos la información, a quienes permitimos entrar a nuestras instalaciones. Lamentablemente, estos protocolos han sido vulnerados y con eso ha sido vulnerado el estándar internacional”, denunció Morales en conferencia de prensa.
Arturo Murillo habría sido denunciado por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre los principales ilícitos.
La denuncia interpuesta también en contra de Aida Luz Lorena Melean Coronado, es por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, uso de instrumento falsificado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La sindicada pretendió tomar posesión como directora general ejecutiva de la UIF, portando para ello una Resolución Suprema que no contaba con las formalidades legales requeridas para este efecto.
La acusación también pide identificar a los autores, cómplices e instigadores que no fueron reconocidos y que fueron enviados desde el Ministerio de Gobierno por órdenes de Murillo.