Orlando Pozo, un habitante de Montero que en 2019 fue senador electo, recordó que en esa región cruceña varias personas fueron asesinadas, entre ellas un joven de 22 años, por paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que actuaron al amparo del golpe de Estado y ahora permanecen en la impunidad.

Pozo, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, relató detalles de las incursiones de grupos armados de la Unión Juvenil Cruceñista “financiados por el Comité Cívico”, por las “logias” y por la “oligarquía” cruceña.

Indicó que esos grupos armados no solo amedrentaron a la población, sino que quemaron casas, asaltaron negocios y persiguieron a los habitantes de Montero. En esas acciones de terror, mataron a un joven de 22 años que participaba en una manifestación de mototaxistas, manifestó.

“Ahora, la familia de ese joven exige justicia” y sanciones para los autores materiales e intelectuales, indicó Pozo, quien lamentó que esa situación de impunidad se mantenga aún, en referencia a las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal.

El representante de Montero lamentó que la jerarquía de la Iglesia Católica y la OEA salgan en defensa de los autores intelectuales de las muertes ocurridas poco antes y durante el golpe de Estado, pero no hayan tenido condenas sólidas respecto a las muertes acontecidas en Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

“¿Dónde estaba la Iglesia Católica cuando estaban matando (en 2019)?”, preguntó Pozo. Dijo que las aprehensiones de la exsenadora Jeanine Áñez y otras personas buscan que la justicia establezca responsabilidades y termine con la impunidad.

“No debe haber impunidad, se necesita saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes para que se siente un precedente y no se puedan repetir este tipo de actos”, sostuvo.

El fiscal de materia Pablo Gutiérrez informó este lunes que el Ministerio Público emitió las citaciones y las órdenes de aprehensión de presuntos implicados en el caso denominado golpe de Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias y con la garantía en todo momento del debido proceso y el respeto a los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales.

“La Fiscalía emitió requerimientos, citaciones y órdenes de aprehensión, en el marco de sus atribuciones y competencias, cumpliendo con las debidas formalidades de ley, garantizando en todo momento el debido proceso, así como los derechos y garantías constitucionales de las partes procesales”, menciona un boletín institucional.

El documento oficial manifiesta que la Fiscalía de La Paz siguió la investigación de este caso con el debido proceso establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, “habiéndose respetado, en todo momento, los derechos y garantías constitucionales de los sujetos investigados, conforme lo determinado en el Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales”.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de haber emitido las citaciones de ley, algunos de los sujetos investigados fugaron del país, a la fecha con paradero desconocido.

“Con el propósito de evitar la fuga de otros procesados y garantizar su presencia durante la investigación, así como evitar que los mismos obstaculicen el proceso investigativo, se han emitido los correspondientes mandamientos de aprehensión, poniendo a consideración de la autoridad jurisdiccional para que, en el marco de sus competencias, resuelva su situación procesal”, agrega el comunicado que leyó Gutiérrez.

Asimismo, se aclaró a la opinión pública que este procedimiento no responde ni se ajusta a una persecución política sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia.

El Ministerio Público es una institución que realiza la investigación del caso con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad, garantizando en todo momento el debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas procesadas y, sobre todo, el cumplimiento del debido proceso, concluye el comunicado.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez ingresó este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde guardará detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

Áñez fue trasladada en una vagoneta guinda que fue escoltada por una camioneta policial y una ambulancia desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche, tras la maratónica audiencia cautelar virtual en la que la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó su encarcelamiento.

A las 10.59, Áñez cruzó la puerta del centro penitenciario vestida con una chamarra verde, unos jeans y unas zapatillas deportivas blancas, en medio de un fuerte resguardo policial y el seguimiento de la prensa.

La detención preventiva de Áñez fue dictada en el maco de lo solicitado por el Ministerio Público por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.

Sus colaboradores, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Gúzman fueron remitidos, paralelamente, a la cárcel de San Pedro, donde cumplirán la detención preventiva por cuatro meses por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, fueron remitidos este domingo a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

En una maratónica audiencia cautelar virtual que duró más de nueve horas, la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó la detención preventiva de Áñez en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; mientras que los dos exministros fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.

“Por tanto, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, por las facultades conferidas por el Artículo 54, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina que la presente causa se desarrolle con aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva para Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo y Álvaro Rodrigo Guzmán Collao en el centro penitenciario de San Pedro, en la sección apartada de los que tienen condena. Para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, de la misma manera, en una sección apartada de las que tienen condena por el lapso de cuatro meses”, determinó la jueza.

La expresidenta de facto y sus exministros escucharon la resolución de la juez en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permanecen aprehendidos, luego de ser trasladados desde Trinidad en el marco de un operativo policial de captura.

De acuerdo con la fundamentación fiscal, “existen suficientes indicios que permiten al Ministerio Público tomar convicción de la existencia del hecho delictivo y la probable participación de los imputados”.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.

Añade lo siguiente: “De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros).

En ese marco, el Ministerio Público logró la detención preventiva por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.