Rodrigo Calisaya sobrevivió a la denominada masacre de Senkata en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez. Después de ser herido en el conflicto a sus 19 años, tuvo que evitar la atención médica oportuna por temor a ser confundido y perder su libertad. Hoy, pide justicia y dar con todos los responsables de los hechos.

El 19 de noviembre de 2019, la zona de Senkata en El Alto se convirtió en un escenario de tensión. Ese día, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa de un operativo conjunto entre policías y militares que ejecutaron una represión contra personas que protestaban y transeúntes que solo pasaban por el lugar.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía Boliviana ante protestas que cuestionaban el régimen de Áñez. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas de guerra.

“Después de que me hirieron, no pude ir al hospital. Fui una semana después, porque tenía miedo. Nos decían que herido que no era tan grave se lo llevaban. Por ese motivo, no fui. Una semana estaba botado en mi cama y fui porque ya no soportaba los dolores”, dijo en entrevista en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Rodrigo Calisaya es vecino de Senkata y en la jornada de los hechos fue hasta el lugar del conflicto por temor a que uno de sus familiares esté entre los muertos por disparos de bala que alarmaban a la zona. Recibió dos impactos de balín en su rodilla y en su muslo que provocaron heridas profundas sin ser parte de los conflictos.

Hoy, lamenta que a consecuencia de las heridas provocadas por los balines haya destinado ahorros familiares para su curación y generado deudas económicas, pero todo el dinero destinado no fue suficiente. Su rodilla quedó dañada de por vida.

“Que se haga justicia. Todos los que hicieron este daño tienen que pagar. No voy a ser un joven normal. Ya no puedo hacer las cosas que me gustaban”, reclama.

Álvaro Chuquimia, ejecutivo de las juventudes de las 20 provincias del departamento de La Paz, informó que declararon estado de emergencia ante la intención de algunos supuestos activistas que solicitan que se libere al jefe del grupo irregular denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina.

“Cómo es posible que quieran liberar a un delincuente, eso nosotros, como juventudes, no lo vamos a permitir, porque este señor ha hecho mucho daño a nuestro país, recuerden cómo ha pateado a nuestras hermanas mujeres de pollera, no les permitían circular en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, eso es discriminación”, recordó.

Chuquimia cuestionó el accionar de algunos operadores de justicia que, en una primera instancia, determinaron liberar a Molina. “Este señor tiene que rendir cuentas a la justicia, parece que a veces la justicia tiene miedo en nuestro país, pero debe de actuar en el marco de la ley”, manifestó.

Asimismo, recordó también los múltiples atentados perpetrados por Molina y su grupo irregular en contra de instituciones del Estado, la portación de armas de fuego y el causar zozobra en la población cochabambina.

“También han instigado a la quema de instituciones, son los primeros responsables del golpe de Estado, por eso nosotros, como juventudes, estamos en estado de emergencia y no vamos a permitir que suelten a Yassir Molina”, ratificó.

Por la publicación de una foto en redes sociales, cuando Santiago Colque retornaba a su casa fue detenido y encarcelado en San Pedro, llevado con engaños a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y violentando en todos sus derechos, relató su hijo David Colque.

“Mi papá estaba en su fuente de trabajo y llegaron dos señoritas diciéndole que necesitaban su servicio de grúa para llevar una moto en Santa Rosa, le dijeron que esperara y llegó un taxi y lo detuvieron, acusándolo de haber movido bloques por todo El Alto, y (haber) ayudado a bloquear y de ser un terrorista”, relató David, entrevistado por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Santiago fue golpeado, no le permitieron hacer una llamada y le quitaron su celular. Gracias a otras personas, sus familiares pudieron conocer su situación e inmediatamente se movilizaron para dar con su paradero y el de su única herramienta de trabajo, una grúa.

“En dependencias de la Felcc, toda esa noche lo han mantenido enmanillado y era constantemente agredido, le decían: ‘¿para qué has venido aquí?, indios de miércoles’, esos calificativos han utilizado contra mi papá”, testimonió David.

Al día siguiente, fue dirigido a una primera audiencia en la que no le pudieron demostrar nada y establecieron que no tuvo ningún grado de participación y le dieron detención domiciliaria, sin embargo, a la media hora de ser liberado llegó otra citación iniciándole otro proceso por daños a bienes del Estado, instaurado por la Alcaldía que preside Soledad Chapetón.

Inmediatamente, lo derivaron a San Pedro con seis meses de detención preventiva, sin opción de asumir su defensa. “Tratábamos de apelar con certificados médicos y tres audiencias fueron suspendidas por falta de los acusadores, mi papá agarró COVID en la cárcel, y en esos momentos fue aislado con otras cuatro personas, ahí nadie les daba comida por miedo a contagiarse, queríamos llevar medicamentos y no nos dejaban”, recordó con pesar.

Con la grúa aún secuestrada y una deuda encima, David reprochó que ahora Jeanine Áñez reclame por sus derechos. “Tanta gente que ha matado, tanta gente que ha sido perseguida injustamente sin tener pruebas, gente torturada, ¿quién pide justicia por esas personas?”, finalizó.

"Así como fueron valientes en 2019, ahora Arturo Murillo y Jeanine Áñez tienen que hacerse cargo de lo que hicieron", dijo Óscar Saavedra Chumacero, un vecino de Senkata, ciudad de El Alto, que fue baleado durante el golpe de Estado y ahora se queja del dolor intenso y de la cojera que le dejó el proyectil que le perforó la pierna derecha en esos aciagos días.

Saavedra fue entrevistado este martes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

El vecino contó que el 19 de noviembre de 2019, al retornar de la casa de su suegra, se dirigió a su domicilio, en el Distrito 8 de Senkata, y en su trayecto pasó por una avenida asfaltada. Justo en ese momento, los policías y militares dispararon contra la multitud. Una de las balas le llegó a su pierna derecha. El proyectil tuvo una trayectoria de ingreso y salida de la pierna.

Tras caer debido a la herida, Saavedra dijo que sufrió un intenso dolor y fue auxiliado por los vecinos, quienes lo llevaron al centro de salud de la avenida Panorámica. Sin embargo, el personal médico no quiso atenderlo y hasta lo acusó de terrorista.

Por ello, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Corea, donde recibió el tratamiento médico de emergencia.

Saavedra no dudó en exigir justicia para los heridos y fallecidos en la masacre de Senkata y responsabilizó de esos hechos a Jeanine Áñez y sus ministros."Así como fueron valientes en 2019, ahora Arturo Murillo y Jeanine Áñez tienen que hacerse cargo de lo que hicieron", indicó el entrevistado, quien tiene claro que su pedido es "justicia; no es venganza, no es persecución".