El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió la alerta hidrológica roja para los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni ante posibles desbordes de ríos de la cuenca Mamoré, debido a nuevos ascensos en los caudales entre el 16 y 20 de febrero.

Según el aviso de alerta hidrológica N° 17/21, en el departamento de Cochabamba se prevé ascensos en el río Ichilo con desbordes en las poblaciones de Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo y comunidades cercanas.

En el caso del río Ivirgarzama, también se pronostican desbordes que afectarán a comunidades aledañas. Similar situación se espera para los casos de los ríos Chimoré, Chapare, Ichóa, Isiboro, Eterazama y río Veinticuatro.

Se pronostica también que en el departamento de Santa Cruz, se presentarán casos de posibles desbordes en los ríos Ichilo, Yapacaní y Surutú que afectarán a las poblaciones cercanas.

En el caso del departamento del Beni, se espera que existan ascensos de los caudales y desbordes en los ríos Isiboro, Sécure, Mamoré, Ibaré y Apere.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Roger Cruz, informó este domingo que el Gobierno nacional construirá 9.108 unidades habitacionales sociales este año a nivel nacional, para proveerlas a familias de escasos recursos económicos.

“Lo que se tiene previsto para todo el país son 9.108 viviendas”, dijo, en una entrevista con Bolivia TV.

Según Cruz, en el marco de ese proyecto se edificará 837 viviendas en el departamento de Chuquisaca, con una inversión de Bs 70 millones.

La construcción de las unidades habitacionales se efectuará como parte de la política gubernamental de reactivación económica, comentó.

“La entrega se prevé para junio de este año”, agregó.

El titular de Vivienda y Urbanismo manifestó, por último, que esa entidad recibe solicitudes en sus agencias departamentales, con el fin de que sean procesadas y consideradas en una nueva planificación para la provisión de viviendas sociales en el próximo quinquenio.

La Caja Nacional de Salud (CNS) informó que su gerente general, Silvia Gallegos, colocó la piedra fundamental para el inicio de la construcción del denominado Centro Integral de Salud con Especialidades (Caise) en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.
“Estamos aquí para dar inicio a las obras de construcción y esperamos que en corto tiempo, en menos del plazo establecido, volvamos para realizar la entrega de la infraestructura para su funcionamiento”, dijo Gallegos en el acto, según un boletín institucional.
El evento contó con la presencia de autoridades municipales, dirigentes del magisterio urbano y rural, el control social, la Policía y el Ejército, así como representantes de varios sectores sociales.
La titular de la CNS explicó que el proyecto de construcción tendrá un financiamiento de Bs 17,8 millones y que un monto casi similar se destinará para el equipamiento del centro de salud que tendrá una cobertura para 17 camas y siete consultorios.
El encargado de Servicios Generales de la Administración Regional de la CNS de Santa Cruz, Juan José Limón, detalló que la nueva infraestructura contará también con una sala de emergencia, quirófano, consulta externa, internación y una unidad de trauma que podrán usarse para terapia intensiva.
“Todo para una población actual de 14.000 asegurados y prevemos que a futuro tengamos más de 30.000 afiliados a la Caja en esta región”, aseveró. 
A su turno, el representante estatal en el Directorio de la CNS, Rolando Guibarra Romero, ponderó el trabajo que realiza Gallegos para dotar de más infraestructura a los asegurados, principalmente en el área rural.
“Lo importante es ejecutar estos proyectos con los que demostramos que la Caja Nacional de Salud y el Directorio están llevando adelante la construcción de obras, porque la nueva administración a la cabeza de nuestra Gerente es proyectista y ambiciosa en brindar un buen servicio a los asegurados, con una nueva modalidad de servicios con calidad y calidez”, sostuvo.
El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces Lozano, agradeció por la construcción del centro de salud de primer nivel en su región, puesto que permitirá descongestionar los establecimientos públicos de salud que son usados por los asegurados porque la CNS compra sus servicios.

Una investigación académica realizada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, estableció que los hechos de violencia en Sacaba y Senkata, ocurridos en 2019, fueron “masacres” que aún deben ser investigadas, dijo este viernes el abogado estadounidense, Thomas Becker.

El jurista, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que existen indicios materiales suficientes, como informes de balística y otros, para impulsar un juicio en Bolivia y en estrados internacionales especializados en temas relativos a violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros, en la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y la red universitaria que trabaja con estudiantes, profesores abogados de Yale y otras universidades, hemos hecho una investigación en 2019. Yo estuve en Sacaba el día de la Masacre. Fue una investigación académica, fría. Y eran masacres”, sostuvo el abogado.

Dijo que en la investigación internacional se realizó estudios balísticos que demostraron que los proyectiles salieron del lado de los uniformados, tanto en Sacaba como en Senkata. Incluso, dijo que aún hoy existen orificios de los proyectiles en las paredes.

El abogado, quien asesora a las víctimas de la masacre de octubre de 2003, indicó que las matanzas de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el régimen de Jeanine Áñez, ocupan el segundo lugar en la historia democrática de Bolivia en cuanto a su nivel de violencia.

Becker indicó que en el actual gobierno existe un “ambiente mejor” para impulsar un proceso judicial nacional e internacional a Áñez, a su gabinete y a los uniformados que participaron en las masacres.

Explicó que en la jurisprudencia internacional ya no se acepta la justificación usada por los nazis, en sentido de que los asesinatos se produjeron no por voluntad propia, sino por órdenes superiores.

El abogado también reveló que la gestión de Áñez contrato una empresa de EEUU, especialista en cabildeo político, para limpiar su imagen y la de su gobierno en cuanto a derechos humanos y democracia.

Esa empresa estadounidense, dijo Becker, fue sancionada debido a la difusión de mensajes falsos para favorecer a Áñez, indicó.