Las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 avanzan. Así lo demuestra un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, el Ministerio Público y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Esta semana, luego de una etapa preparatoria entre el 23 de noviembre y el 20 de diciembre del 2020, el GIEI-Bolivia comenzó con la recolección de testimonios individuales de víctimas de los conflictos de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.

Desde el lunes 8 de febrero, familiares de fallecidos, heridos, detenidos y testigos de los hechos dan a conocer sus versiones para que el equipo de expertos internacionales pueda recolectar información y avanzar en las indagaciones. La labor es acompañada con verificación de material audiovisual sobre los sucesos.

Patricia Tappatá, una de las expertas del equipo internacional, indicó: “El GIEI en su conjunto otorga la mayor importancia a la información valiosa que las víctimas y testigos le ofrecen, y protege esa información con los estándares de cuidado y reserva que la normativa internacional en materia de derechos humanos recomienda”.

A eso se suma que el Ministerio Público haya informado el martes que el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las FFAA, Luis Fernando Valverde Ferrufino, fue imputado por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, tras los hechos de la masacre de la zona de Senkata de El Alto en 2019. Es uno de los primeros identificados entre los presuntos responsables.

Los resultados de las pericias de la Fiscalía realizadas en el caso de Senkata confirmaron que los proyectiles de arma de fuego de esa jornada salieron desde la planta de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del convoy militar.

Dicho convoy habría recibido la orden del general de Ejército y exdirector de la ANH para reforzar el contingente militar que se encontraba al interior de la planta; presuntamente, los efectivos militares, bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores abrieron fuego, reprimiendo de esa manera a la población civil desarmada.

El convoy era parte de un operativo policial y militar para el reabastecimiento de combustible en un contexto de manifestaciones civiles a causa del conflicto postelectoral de 2019. Esa jornada, perdieron la vida 10 personas y 31 quedaron heridas.

Asimismo, el Gobierno nacional y el Ministerio Público entregaron información requerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el avance de las investigaciones sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2019.

“Estamos recibiendo importante información por parte de las autoridades del Estado y la Fiscalía General y seguiremos avanzando con la agenda de escuchar a las víctimas y tomar testimonios de todas las personas que quieran aportar información y acercarse al GIEI”, informó el secretario Ejecutivo del equipo internacional, Jaime Vidal.

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, en su discurso en el acto oficial de conmemoración del XII aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, aseveró que la recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario.

“Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, y para esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos, no pasa por venganza, sino por justicia y de eso estamos muy conscientes”, afirmó.

“Por ello, como Gobierno, suscribimos el protocolo marco con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales de 2019”, agregó el mandatario en esa oportunidad.

La ministra de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, invitó este jueves a la población boliviana a disfrutar los Carnavales desde su casa, en actividades virtuales y cumpliendo las medidas de bioseguridad para cuidar la salud.

La autoridad, entrevistada en el programa 180 de radio Patria Nueva, dijo que varios municipios suspendieron los festejos pero algunos realizarán actividades virtuales que serán apoyadas desde el Ejecutivo.

“Disfrutar de nuestros carnavales desde la casa, precautelando siempre la salud, la familia y disfrutar del Carnaval cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Pasemos el Carnaval en familia y cuidando la vida”, exhortó la Ministra.

Recordó que en las ciudades se acostumbra realizar las ch’allas de inmuebles y vehículos durante los feriados mientras en el área rural se procede a agradecer a la Pachamama (Madre Tierra) por la lluvia y por la producción.

“Para nosotros, el agradecimiento a la Pachamama, el agradecimiento por la lluvia se festeja estos días de Carnaval en nuestro país. Y eso es importante porque si no habría lluvia, no habría producción”, manifestó la autoridad.

Respecto a las actividades virtuales, el miércoles, el Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización y la Organización Boliviana de Defensa del Folklore (OBDEFO), realizaron el lanzamiento del Encuentro Mundial Virtual Caporales 100% boliviano, actividad que contó con la participación bailarines que lucieron los trajes y los pasos del caporal, según un reporte de prensa institucional difundido por Facebook.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, entregó varios lotes de pruebas rápidas e insumos de bioseguridad para el personal de siete hospitales de Cochabamba, que fueron donados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) para la lucha contra el COVID-19.

“El día de hoy se hace la entrega correspondiente para poder hacer el uso en los diferentes hospitales (…) Agradecer a Unicef por la colaboración que nos está realizando a los diferentes hospitales”, dijo, en un acto público.

El responsable de Promoción de la Salud, Germán Santos, detalló que los centros médicos beneficiarios son “Germán Urquidi” y del Sud en la ciudad de Cochabamba; “Solomón Klein” y México del municipio de Sacaba; Benigno Sánchez del municipio de Quillacollo; Andrés Cushieri de Colcapirhua y, finalmente, el Hospital de Tiquipaya.

“No es la primera entrega que se ha hecho con lo que son diferentes organizaciones no gubernamentales (…) Esta es una primera entrega de esta gestión y vamos a continuar gestionando mucho más con otras organizaciones”, recalcó.

Según datos oficiales, los lotes tuvieron un costo de Bs 225.300.

Entre los ítems entregados estuvieron pruebas rápidas, barbijos KN 95, mamelucos de bioseguridad, lentes de protección ocular y máscaras protectoras.

Además, se entregó guantes de nitrilo, de tallas L y M, botas de goma, guantes de limpieza, jabón líquido antibacterial, desinfectantes de piso, detergentes en polvo, alcohol en gel y trapeadores.

La alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural publicó este jueves un pronunciamiento en el que piden que la modificación de la Ley 348 mantenga el espíritu que garantiza una vida libre de violencia.

“La modificaciones a la Ley deben mantener el espíritu de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia”, manifiesta el documento.

El pronunciamiento recuerda que se realizó este año un proceso de consulta a nivel nacional con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero” y las organizaciones sociales para analizar las falencias de la Ley 348 y modificarla.

“Estas consultas y las propuestas que surgieron deben ser presentadas a todo el pueblo boliviano”, añade el texto.

La alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural recuerda en su pronunciamiento que uno de los logros importantes de la Ley 348 fue sacar el tema de la violencia de la esfera privada, para que sea reconocida como delito de orden público que concierne a toda la sociedad.

En ese sentido, menciona que no se puede retroceder a la norma de la época neoliberal que sólo hablaba de violencia intrafamiliar y mantenía los casos entre las cuatro paredes de las casas.

“Tenemos que fortalecer la Ley 348 que logró generar esa ruptura”, recomienda.

Asimismo, manifiesta que es verdad que el Estado no debe ni tiene que ser tutor o dueño de la vida de las mujeres, pero eso no significa que no deba cumplir su rol de garante de los derechos de las personas del sexo femenino.

Por ello, indica que el Estado no debe deslindarse de sus responsabilidades durante la modificación de la Ley 348.

“Si la justicia es lenta, cara, poco efectiva y obliga a las mujeres a pasar un peregrinaje abusivo, la solución debe ser garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, proponer reformas al sistema judicial, pero de ninguna forma retornar a la conciliación o a la vía familiar”, añade.

Finalmente, la alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural indica en el pronunciamiento que se debe apuntar a la autonomía y la soberanía de las mujeres.